1997-09-06.LA VANGUARDIA.SOGECABLE

SÁBADO,.6  SEPTIEMBRE  1997

POLITICA

LA  VANGUARDIA  9

•  El Consejo del Poder Judicial se reunió ayer para analizar la actuación de los ma
gistrados  Garzón y Gómez de Liafio en el caso Sogecable. Sin embargo, a la vista de
los hechos re1atado  por Baltasar Garzón, susceptibles de constituir delito, decidió
que  no es la inspección judicial sino la Fiscalía quien debe intervenir.

El caso Sogecable

El Poder Judicial pide a la Fisalia
que actúe penalmente contra Liaño

JOSÉ  MARÍA BRUNET

la  inspección  del Consejo  interven
ga,  ya  que  quien  debe hacerlo  es la
Fiscalía  y ejercitar “las acciones  pe
nales  córrespondientes”.

Los  hechos  que  relata  Garzón
apoyándose  en  las  manifestaciones
de  terceras  personas,  que  luego los
han  negado  en  comparecencias  ju
diciales,  se  refieren  a  la  supuesta
existencia  de una  trama  contra  Pri
sa  y con  la que  el juez  Liaño  habría
colaborado.
 A  su vez,  en  el  escrito
que  dirigió a la cúpula judicial, Lia
ño  se limita  a negar la veracidad  de
los  hechos y a  pedir  una  investiga
ción  al respecto.  No  hay, pues,  una
imputación  directa  a  Garzón  por
desvelar  ahora  aquellos hechos.

De  todo ello se desprende  que, en
principio,
 lo que  deberá  investigar
el  fiscal —si cree que,  en efecto, hay
indicios  de delito— es la conducta  de
Liaño,  sobre quien  sí existen  impu
taciones  concretas de una actuación
irregular  en  la  instrucción  del caso
Sogecable.  Por  el  momento,  nadie
ha  ejercitado  acción  alguna  contra
Garzón  por no haber  desvelado  an
tes  la supuesta existencia de esta tra
ma,  pero  en medios judiciales  no se
descarta  esta derivación  del asunto.
El  caso  Sogecable,  en  cualquier
caso,  puede  deshincharse  en breve.
La  Sala de lo Penal  de la Audiencia
ha  fijado  para  el próximo  día 23 la
vista  del  recurso  contra  el  auto  en
que  Liaño  denegó el archivo  del su-
mario.  En medios de la Audiencia se
estima  muy posible que la Sala esti
me  que no existen indicios de delito
en  la gestión de Sogecable y, contra
el  criterio  del  instructor,  considere
procedente  el  archivo  del  caso.  En
talesmedios  se señala que  existe un
informe  de la secretaría técnica de la

MADRID.  —  El Poder  Judicial pi-
dió  ayer al fiscal generaldel  Estado
que  actúe penalmente  contra el juez
Gómez  de  Liaño  por  su  actuación
en  el sumario  Sogecable. La cúpula
judicial  considera  que los supuestos
hechos
 desvelados  por  Baltasar
Garzón  son de “extraordinaria  gra
vedad”  y,  por  tanto,  el  fiscal debe
“ejercitar  las  acciones  penales  co-
rrespondientes”.  Dicha cúpula tam
poco  descartó  la procedencia  de  ac
ciones  contra  Garzón  si  se
demostrara  que ha mentido
deliberadamente
 contra
Liaño,  pero por  ahora  con-
sidera  que los hechos que  el
primero  relata “exceden del
ámbito  meramente  discipli
nario”  y “al poder  ser cons
titutivos  de delitos” es nece
sano  que “se decida la cues
.  tión  en el ámbito penal”.

 por

Lá  petición  de  la  comi
Sión permanente  del Conse
jo  General  del  Poder  Judi
cial
 (CGPJ),  reunida  ayer
con  carácter  extraordina
rio,  obtuvo  una  rápida  res-
puesta  de la Fiscalía, que se-
fíaló  que  la documentación
 el  Consejo
enviada
“está  siendo  objeto de estu
dio”  y que, en  consonancia
con  el  artículo  1 24  de  la
Çonstitución,
 “si se estima-
re  procedente  seactuará  en
su  momento  de  orden  al
ejercicio  de las acciones  pe
nales  a que hubiese lugar”.
La  actuación  del  CGPJ
parte  de dos hechos.  Por un
lado,
 Gómez  de  Liaño  ha
bía  pedido  una  interven
ción  de  la  inspección  del
Consejo  a  la vista  del auto
en  el que Garzón  se inhibe de cono
cer  la recusación contra el instructor
del  caso Sogecable. Por otro lado, en
dicho  auto Garzón  recogía informa
ción  “extraporcesal”  llegada a su co
 según la cual Liaño  ha
nocimiento,
bría  sostenido  reuniones  con  los
querellantes  del  asunto  Sogecable
para  hostigar  al grupo  Prisa  y a  su
presidente,  Jesús dePolanco.

A  la vista del auto de Garzón y del
escrito  en  que  Gómez  de Liaño  pe
día  la  actuación  de  la  inspección
para  aclarar  el asunto,  la cúpula ju
dicial  estimó ayer que los hechos re
latados  por  ambos  jueces  son  de
“extradordinaria  gravedad”  y pue
den  ser  “constitutivos  de  delito”.
Por  ello, concluyó  que  “no  resulta
viable”  atender  a la solicitud de que

García Castellón
también se abstendrá
u  El magistrado  Manuel  García  Cas-
tellón  prevé  abstenerse  de  instruir  la
recusación  contra  Gómez  de  Liaño
comojuez  del caso Sogecable si la Au
diencia  acepta la inhibición planteada
por  Garzón  y le asigna el asunto  a él,
como  le corresponde.  La razón  estriba
en  la querella  que  Castellón presentó
hace  años  contra  un  denunciante  del
caso  Sogecable, el periodista  Jesús Ca
cho,  después de que éste afirmara  que
el  juez había consentido  que un  guar
dia  civil apuntara  en su presencia  con
una  pistola al acusado del asesinato de
la  niña  Olga Sangrador.

La  cúpula judicial considera que
la  conspiración en la que Garzón
implica a su compañero para
acabar con Polanco va más allá
del  “ámbito disciplinario”

Fiscalía  en el que  se sostiene  que en
el  asunto  Sogecable no existe mate-
ria  delictiva.  Si  el  fiscal  de  la  Au
diencia  sigue este criterio  es proba
ble  el archivo  del caso.

Perdería  así  su actual  relevancia
la  polémica en tomo a la recusación
de  Liaño.  Sin  embargo,  el  auto  de
Garzón  y  su denuncia  de  una  su
puesta  trama  contra  Prisa  seguirán
su  curso por  impulso  del fiscal o de
los  letrados de las partes.

Las  asociaciones judiciales  consi
deraron  acertada  la  decisión  del
Consejo  y estimaron  muy  grave la
conducta  atribuida  a  Liaflo  en  el
auto  de  Garzón.  Jueces  para  la De
mocracia  fue la  más  rotunda,  refi
riéndose  a  la  posible  existencia  de
“una  conjura  prevaricadora”..

El  Consejo  del Poder Judicial,  en una de sus reuniones plenarias  con Javier Delgado en la presidencia

Navarro: “Un tuto prevaricador”

•  El  juez  madrileño  Joaquín  Navarro  Estevan,  a
quien  su  compañero  Baltasar  Garzón  menciona
como  una de las personas que le revelaron  la presun
ta  conspiración  entre  el también  magistrado  Javier
Gómez  de Liaño, el periodista  Jaime  Campmany,  el
abogado  Antonio García—Trevijano y la fiscal María
Dolores  Márquez  de Prado  —entre ótros—, para  “aca
bar  con Prisa y Jesús de Polanco”,  declaró  ayer a este
diario  que el auto  donde  se contiene  tal mención  es
“camita,  fabulador  y prevaricador;
camita  por estar guiado  por el ren
cor  de  Garzón  hacia  Gómez  de
Liaño;
 fabulador  porque  el  juez
hace  peor que  mentir,  como  es in
ventar  la  realidad,  y prevaricador
en  tanto  que resolución injusta dic
tada  a  sabiendas”.  Joaquín  Nava-
rro, juez de la Sección décima de la
Audiencia  de  Madrid,  añadió  que
“con  toda  probabilidad”  empren-
derá  acciones  legales, tanto  contra
el  propio  Garzón  como  contra  el
consejero  de Prisa  y ex ministro  de
la  UCD  Jaime  García  Añoveros,
quien  como  testigo  de  la  recusa
ción  reveló ante el primero  la hipo
tética  trama  para  dilatar  artificial-

El  juez Joaquín Navarro

mente  el caso Sogecable y encarcelar  a Polanco.  La
querella  contra  eljuez sería por supuestos de prevari
cación,  calumnias  y acusación  falsa;  mientras  que
contra  Añoveros la formularía  por falso testimonio  y
calumnias.  Navarro  tildó  el autode  Garzón  de “dis
parate  antijurídico  y pirueta  deplorable”;  señaló que
Añoveros  “ha mentido miserablemente”,  y concluyó
que  el asunto le produce  “asco y repugnancia”.

Jaime  Campmany afirmó por su  parte: “Quien

haya  declarado  que  yo me  he réu
nido  con  Gómez  de  Liaño  y  con
otras  personas  para  tratar  asuntos
relacionados
 con  Sogecable,  ha
 Así  de  sencillo”.  Tanto
mentido.
Campmany  y Navarro  como otras
de  las persónas que Baltasar Gar
zón  implicó  en la presunta  conspi
ración  llamaron  la  atención  sobre
el  hecho de que estejuez  haya espe
rado  hasta ahora  para  inhibirse  de
la  recusación  de  Gómez de  Liaño.
Los  inculpados  creen “gravísimo”
el  contenido del polémico auto por
cuanto  en  él  se  les  acusa,  según
creen,  de  “un  delito  de asociación
ilícita  en  conspiración  para  delin
 FERNANDO GARCIA.
quir”.  -