2001-05-21.ABC.VILLAPALOS
Publicado: 2001-05-21 · Medio: ABC
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Hoy comienza el juicio a Yillapalos por presunta prevaricación MADRID. Efe El juicio al consejero de Educa ción de la Comvmidad de Madrid y ex rector de la Universidad Complutense, Gustavo Villapa- los, para quien el fiscal pide tres años de prisión y doce de inhabili tación por presunta prevarica ción y malversación, comenzará hoy en el Tribvmal Superior de Justicia de Madrid. TAMBIÉN EL EX GERENTE Junto a Villapalos se sentará, en el banquillo de los acusados, el ex gerente general de la Universi dad Complutense de Madrid, Jesús Calvo Soria, para quien el fiscal pide en sus conclusiones provisionídes las mismas penas por idénticos delitos. Según el escrito de acusación del fiscal, los hechos se remontan a 1990 cuando Gustavo Villapa los, entonces rector de la Complu tense, incoó un expediente disci plinario al director del Departa mento de Lógica y Füosofía de la Universidad, Manuel Garrido, a quien suspendió provisionalmen te del cargo y que finalizó con ima sanción de doble apercibi miento que revocó el TSJM. Ante esta decisión, Manuel Ga rrido decidió interponer una que rella contra Villapalos por enten der que se habían producido irre gularidades en la tramitación del expediente disciplinario. El fiscal relata en su escrito que Vülapalos, para evitar que pros perara la querella, se puso en con tacto con Manuel Garrido a tra vés de su cuñado, el abogado An tonio García Trevijano-Forte, y le ofreció una indemnización de 30 mUlones de pesetas a cambio de que no presentara declaración en el procedimiento penal. Para ello, el 9 de mayo de 1995 el entonces rector de la Compluten se, «y sin que tuviera competen cia algima para eÜo», dictó una resolución por la que se acordaba abonar a Garrido 30 miUones en concepto de indemnización. EN LA PUERTA DEL JUZGADO Esta resolución fue entregada al día siguiente a Garrido, fecha en la que el profesor estaba citado a declarar ante el Juzgado de Ins trucción número 17 de Madrid, en la misma puerta del inismo, lo que motivó que su comparecen cia judicial se limitara a renian- ciar al ejercicio de las acciones penales, por lo que el procedi miento fue sobreseído, añade el Ministerio Público. Éste agrega que Villapalos se puso en contacto con el entonces gerente general de la Universi dad, Jesús Calvo Soria, quien «con conocimiento de la ilegali dad del pago acordado expidió las Órdenes de pago». M A D R ID LUNES 21-5-2001 ABC MADRID Los díscapacitados critican la falta de políticas de empleo de la Comunidad Famma: «Intenta cargarse los servicios de inserción, que financiaba el INEIV1» Las medidas que lleva a cabo la Consejería de Economía en f a v or de las personas c on dlscapacidad son insuficientes para la Federación de Asociaciones de Disminuidos Físicos de la Comunidad: «No realiza ninguna política activa de e m p l eo y, además, s u s t i t u ye los Servicios de Integración Laboral por pobres acciones de o r i e n t a c i ón que no c o n t r i b u y en a los objetivos de la inserción laboral». MADRID. ¡VI. J. Aivarez • • a d r id es la única Comimi- ^ ^ l i n d ad española que, desde ^^ I fl que recibió las transferen cias del INEM en 2000, deja de lado los Servicios de Integración Laboral (SIL), tnstrimientos esenciales para lograr la inserción profesional de las personas con discapacidad y, lo que es peor, no realiza políticas activas para promover el empleo de im colec tivo de 400.000 personas en la re gión. Sin esa política es imposible que accedan al mercado laboral». Así lo asegiu-a Fernando Becerra, presidente de la Federación de Aso ciaciones de Minusválidos Físicos de Madrid (Fanuna), que agrupa a 36 entidades. «ACCIONES POBRES E INCOMPLETAS» Así, afirma que la Consejería de Economía y Empleo, que dirige Bláz- quez, «pretende cargarse los SIL de im plumazo al no conceiderles ni lona sola peseta, ignorando las leyes, con venios y normas internacionales que los avalan y, en su lugar, los sus tituye por unas acciones de orienta ción incompletas que excluyen la in termediación laboral y la formación, por lo que no responden a las necesi dades reales de esta población». Los SIL, que fueron subvenciona dos por el Instituto Nacional de Em pleo y gestionados por el movimien to asociativo hasta diciembre pasa do, incluían medidas globales de orientación, formación, seguimiento e intermediación laboral. «Ante la falta de ayudas del Gobierno regio nal, los dos que existían a cargo de la Confederación de la Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España —Cocemfe—', que el año pa sado formaron a 400 personas e hicie ron posible el acceso al mercado labo ral de 172, no funcionan». Por ello, arremete contra Bláz- quez, responsable de las acciones que realizaba el INEM en materia de empleo: «Las únicas medidas que ha adoptado han sido la convocatoria de ayudas para acciones de orienta ción profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo —pu blicada en el Bocam el 15 de enero— y la creación de ün registro y fichero manual para los demandantes de em pleo el pasado i de febrero, ambas insuficientes», subraya. En la fotografía, tres discapacitados realizando trabajos de ebanistería Julián de Domingo Explica que «las subvenciones es tán dirigidas únicamente a orienta ción por horas, se dirigen a la pobla ción general con dificultades de in serción y, además de no especificar su cuantía, el plazo de resolución es de nueve meses desde el inicio de la convocatoria». Estas carencias, explica, las ha in tentado paliar Servicios Sociales, ampliando su convocatoria de ayu das para formación y ha incluido también la intermediación laboral, «el problema es que su importe glo bal es escaso: 385 millones». El presidente de Famma considera que se debería seguir el modelo que se aplica en Galicia, en el que el mo vimiento asociativo a través de los SIL es agente colaborador del Servi cio Regional de Empleo y los deman dantes pueden inscribirse en cual quiera de los dos, pues las bases de datos están comvmicadas: «Lo sucedi do denota la falta de previsión del Ejecutivo regional, que ha tenido to do el año 2000 para ver qué hacer con los SIL». «REGISTRO INEFICAZ» Juntó a eUo, no escatima críticas contra el registro de discapacitados que buscan empleo, puesto en mar cha con el fin de conocer cuántos son, su perfil y formarles, ya que, cuando se inscriben en el Servicio Regional de Empleo o^én el INEM no consta su situación: «En la solicitud tienen que explicítar sólo el grado y tipo de minusvalíá, y no ha lugar pa ra determinar si pueden mover los brazos, piernas, etc. Con esos datos, ¿cómo van a animarse los empresa rios a contratar?», se pregunta. Sólo trabaja un 22 por ciento «Un discapacitado lo es menos cuando trabaja», afu-ma el presi dente de Famma, Fernando Bece rra. Por ello, no entiende a qué obedece la actitud del Gobierno regional en su ausencia de políti cas activas dirigidas a este colec tivo, que evidencian «desconoci miento o que no tiene en cuenta nuestras necesidades. El presi dente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, debería tomar cartas en el asunto». Añade que del Plan de Acción de Discapacitados, aprobado en 1999, sólo se ha hecho la red públi ca de centros que beneficiará a 10.000 personas, pero «no hay que olvidar que la integración viene por el empleo y que hay 400.000 personas con minusvalías, de las que el 67 por ciento son ñsicas» De las personas en situación y edad de trabajar tan sólo lo hace el 22,08 por ciento; el resto está en paro. De los que trabajan, \m 58,5 por ciento están en empresas sin ánimo de lucro, un 28,8 en empresas privadas y el 10,2 res tante en la Administración, sien do la franja de entre 25 y 44 años la de mayor nivel de ocupación, según los datos de la Federación de Discapacitados Físicos. ABC (Madrid) - 21/05/2001, Página 96 Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.