1995-01-02.EL MUNDO.TONTOS CIVILES O CRIMINALES ESTATALES AGT

TONTOS CIVILES O CRIMINALES ESTATALES
EL MUNDO. LUNES 2 DE ENERO DE 1995
ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO
POR fin se oyen palabras esclarecedoras sobre la presunción de inocencia. Han tenido que ser dos jueces, el diputado Pérez Mariño y el ministro Belloch, los que digan cosas tan elementales, que avergonzaría repetirlas si no fuera porque se pronunciaron en una polémica parlamentaria dominada por la confusión. La presunción de inocencia sólo opera con carácter absoluto para el juez de un proceso penal y para las reglas de conducción del juicio. La ley impone al juzgador un prejuicio de inocencia del acusado que sólo puede destruirse con un juicio final de culpabilidad. Pero la presunción de inocencia acaba, para la sociedad, tan pronto como el juez instructor ha terminado de formar un prejuicio de culpabilidad, por estimar la existencia de indicios racionales de criminalidad en el procesado. Desde ese instante hay libertad, fuera del proceso, para seguir manteniendo la presunción de inocencia o para sustituirla con una presunción de culpabilidad. En el derecho civil existen supuestos legales de inversión de la carga de la prueba que obligan a demostrar la ausencia de culpa o negligencia para evitar la responsabilidad. A este tipo de presunciones pertenece la de culpabilidad política de un jefe, cuando judicialmente se aprecien indicios de criminalidad en su inmediato subordinado. 
Dentro del proceso penal, la presunción de inocencia quiere decir que el acusado, aunque sea inocente, no tiene que probarlo. Como dijo Belloch, la carga de la prueba corresponde a quien afirma algo y no a quien lo niega, porque los hechos negativos son imposibles de probar en tanto que negativos. Pero el Sr. Belloch no completó su discurso. Los actos negativos pueden ser probados con hechos positivos que hacen imposible mantener la acusación. Es la prueba de inocencia que se realiza con la coartada. Pero en el campo parlamentario y en el de la opinión pública, que es donde se ventilan los asuntos políticos, la cuestión de la culpabilidad gubernamental del GAL está ya juzgada. El Gobierno no tiene que probar su inocencia porque, sin posibilidad de coartada, está políticamente condenado. Lo que solo era una sospecha cuando ocurrieron los crímenes del GAL se ha convertido hoy en certeza absoluta. Nadie de buena fe, y en su sano juicio, puede dudar a estas alturas de la culpabilidad política del Gobierno. Basta la autoinculpación de los acusadores y la prueba pericial de los documentos inculpatorios de las altas autoridades de la Seguridad del Estado, para que la opinión esté moralmente legitimada para considerar criminal, en éste y otro famoso caso, al Ministerio del Interior. 
¿Acaso tenemos que esperar la condena judicial de Roldán para estimar la culpabilidad política de quienes lo mantuvieron al frente de la Guardia Civil? ¿Acaso existe un país civilizado donde la opinión unánime no hubiera exigido la inmediata dimisión del Gobierno? Se equivocó el diputado Álvarez Cascos cuando dijo que «si» el procesado Sancristóbal fuera condenado judicialmente, se condenaría políticamente al Gobierno de Felipe González. La presunción de culpabilidad criminal de Sancristóbal, establecida por el juez instructor, implica por sí misma la culpabilidad política del Gobierno. Lo que puede derivarse de la condena judicial de Sancristóbal y Cía es la responsabilidad penal, si se prueba, de sus jefes. Pero el hecho de que nadie descarte en su fuero interno la posibilidad de que Barrionuevo y González conocieran la actividad terrorista de Sancristóbal, es suficiente razón política para que no sigan gobernando. Y si, como deseamos, Barrionuevo tuviera una coartada que lo acreditase como tonto, en lugar de criminal, entonces que renuncie a su inmunidad, se presente ante el juez instructor y deje de hacer apología del terrorismo de Estado. Pero tontos o criminales, los jefes de Sancristóbal no tienen legitimidad para gobernar. Que elijan ellos, cuando aún pueden hacerlo, el juicio que desean merecer: tontos civiles o criminales estatales.