1997-09-27.LA VANGUARDIA.SOGECABLE
Publicado: 1997-09-27 · Medio: LA VANGUARDIA
Ver texto extraído
SÁBADO, 27SEPTIEMBRE 1997 POLLTICA LA VANGUARDIA 13 . u El caso que implica al juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño, en una conspiración en el caso Sogecable comenzó a ventilarse ayer en el Supremo, donde declaró Garzón y se ratificó en su versión, y apareció Jesús Santaella, abogado de Mario Conde y Juan Alberto Perote, como defensa del juez Joaquín Navarro. Garzón ratffica en el Supremo el auto que achaca a Lktño una con spfradón Polanco se querella contra el instructor del caso Sogecable por prevaricación 1 del caso Sogecable —la Vía libre a la vista de nulidad del caso Sogecable u Los 1 1 magistrados que in tegran la sala de lo penal de la Audiencia Nacional acorda ron ayer por unanimidad re- chazar la recusación plantea- da por una acusación particu lar representada por el abogado Juan de Rojas— contra el ma- gistrado Ricardo de Prada en su condición de miembro del tribunal que debe resolver so- bre el posible archivo de la La sala impuso a De causa. Rojas una multa de 100.000 pesetas por “mala fe procesal” en sus “vagas” alusiones a la Supuesta amistad entre De Prada y Polanco, que ambos negaron. La desestimación permitirá a la sección segunda de lo penal celebrar la vista so- bre el recurso de queja que la defensa de Sogecable formuló en su día pidiendo la anula- ción de todo el proceso. Juan de Rojas difundió ayer en los pasillos del Supremo una su puesta carta en la que una anónima funcionaria de la Audiencia les habría relatado una conversación en la que el Siro García, magistrado quien presidirá la sala que juz gará a Mario Conde en el caso Banesto y que ha revocado seis autos de Liaño, dice a Garzón que “hay que acabar con Liaño” porque así lo han prometido ambos. La carta fue tachada de “charlotada” por Guillermo Fernández Vi vanco, el secretario de la sala a quien el escrito pone de testi go de.la conservación. El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, tras prestar declaración en el Supremo FERNANDO GARCÍA MADRID. — El juez Baltasar Gar zón se ratificó ayer ante el Tribunal Supremo en el contenido del auto en el que, a través de terceros, implicó a su compañero Javier Gómez de Liaño en una conspiración contra el Grupo Prisa, basada supuestamen te en una dilatoria y torcida instruc ción del caso Sogecable. Paraléla mente, los abogados del presidente y del consejero delegado de Prisa y de Sogecable, Jesús de Polanco y Juan Luis Cebrián respectivamen te, presentaron una querella por prevaricación contra Liaño, moti vada en tres de los episodios más cuestionados de dicha instrucción. Garzón declaró durante casi cua tro horas ante el magistrado Joa quín Delgado, instructor de la causa abierta en el Supremo a raíz del po lémico auto por el que aquél se abs tuvo con respecto a la recusación promovida por Cebrián contra Lia ño. Baltasar Garzón motivó su abs tención en la contradicción que se registraba entre las conversaciones “extraprocesales” en las que el juez Joaquín Navarro y el periodista Je sús Neira le habían señalado la exis tencia de una conjura entre Liaño y los denunciantes del caso Sogeca ble, y la versión negativa que esas dos personas le acababan de expo ner al testificar en la recusación. El juez de la Audiencia Nacional ratificó ayer en el Supremo el conte nido de su auto e insistió en que al final del mismo subrayaba que des conocía “la veracidad intrínseca de los hechos”, por lo que no se puede entender que estuviera acusando a Liaño sino transmitiendo ciertas versiones de la supuesta conspira ción. Garzón salió “satisfecho” de su declaración ante Delgado, quien decretó el secreto de sumario a peti ción del fiscal José María Luzón y del abogado del declarante, Manuel Medina, y pese a la oposición de los representantes del resto de impu tados. Estos son el propio Liaño, los fiscales Maria Dolores Márquez de Prado e Ignacio Gordillo y el aboga do Antonio García-Trevijano, a quienes Delgado atribuye posibles delitos de prevaricación, así como el juez Joaquín Navarro, imputado por posible omisión del deber de perseguir delitos. Garzón acudió también como imputado, pero sin que el juez hubiera concretado los delitos que se le achacan, si bien de los informes del fiscal se desprende que la imputación pudiera referirse al mismo delito que a Navarro. Al conocer la declaración del se- creto, García-Trevijano calificó la medida de “hipócrita” y adelantó que no la respetará al afirmar que nadie evitará que los imputados contrarios a la reserva se cuenten sus declaraciones porque “son to dos amigos”. García-Trevijano se defenderá a sí mismo y a Navarro, que también estará asistido por el abogado de Mario Conde y Juan Al berto Perote, Jesús Santaella. Tras su imputación por posible prevaricación, el juez Liaño recibió ayer otra mala noticia con la quere ha de los responsables de Prisa por el mismo concepto. La defensa de este grupo pidió que el escrito se El abogado de Conde y Perote defenderá al juez Navarro y Trevijano dice que los imputados no respetárán el secreto uniera a la causa Garzón-Liaño. La querehla, de 35 folios, atribuye al juez del caso Sogecable tres prevari caciones: la prolongación del secre to sumarial de caso Sogecable; la prohibición de salir de España a Po lanco, Cebrián y al también conseje ro de Prisa José María Aranaz, y el auto de “libertad con fianza” de 200 millones contra Polanco. Delgado citó para el 6 de octubre a cuatro testigos propuestos por Lia ño para su defensa: el fiscal jéfe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fun gairiño; el subordinado de éste Pe dro Rubira, el catedrático de Dere cho Enrique Gimbernat y el perio dista quien Jaime Campmany, pudo haber participado en los en cuentros para conspirar contra Po lanco. La declaración de Liaño se aplazó al próximo lunes.. El fiscal del caso Filesa rebaja de siete a seis años la petición de cárcel para el senador Sala tos de falsedad documental que se le atribuían. Otros cambios son debi dos a prescripciones de delitos y a reducción de penas que contempla el nuevo Código Penal para algunos de los delitos imputados. Las partes personadas en el juicio por la supuesta financiación irregu lar del PSOE, comunicaron ayer a la Sala sus conclusiones definitivas. Además de los seis años de cárcel, el fiscal pide para Sala siete de inhabi litación especial por los delitos de asociación ilícita y de falsedad en documento mercantil que le atribu ye. Para Navarro, Ohiveró y Flores, la petición de 19 años se debe a sus imputaciones de un delito de aso ciación ilícita, tres de falsedad en documento mercantil —dos de ellos continuados— y otros tres contra la Hacienda Pública. ciación del PSOE, por delito conti nuado de falsedad. El fiscal solicita tres años de prisión por apropiación indebida para Eugenio Marín Gar cía, ex director general de Cepsa, Juan Molina Vivas, ex presidente de Enasa, y Luis Sánchez Marcos y Francisco Javier Iglesias, presiden te y vicepresidente de la empresa El- El ministerio público pide en sus conclusiones 19 años de prisión para Carlos Navarro, Luis Oliveró y Alberto Flores san, respectivamente. En el escrito inicial, el acusador público pedía 12 años de cárcelpara Sánchez Marcos y Francisco Javier Iglesias, 9 para Molina Vivas, y cinco para Eugenio Marín, Aida Alvarez y Miguel Mo lledo. El fiscal mantiene las peticiones indemnizatorias que formuló en su día, aunque añade ha de que Euge nio Marín indemnice a Cepsa en 244 millones de pesetas. Además, establece que los acusados por deli to fiscal indemnicen a la Hacienda pública en más de 200 millones de pesetas. El escrito del ministerio público se vio modificado por el Supremo Cuando, básicamente a causa de la exclusión de la acusación formula da por el Partido Popular, la Sala Se gunda del Supremo decidió dejar en 12 el número de acusados declaran do exentos, entre otros, al ex secre tario de Finanzas del PSOE Guiller mo Galeote, el ex administrador electoral Ramón Moreda y al ex pre sidente del Banco Central Alfonso Escámez. Marcos García Montes, abogado de la acusación ejercida por el em presario jerezano José María Ruiz Mateos, retiró la acusación contra Diego Ramos Ramos, ex presidente de Camunsa, por prescripción del delito de apropiación indebida en su caso.. Además, el ministerio público pide cuatro años para la ex coordi nadora de finanzas del PSOE Aida Alvarez y para su marido, Miguel Molledo, consejero delegado de la empresa Express Distribuidora 2020, vinculada a la supuesta finan- Josep (cid:1)ariaaIa MADRID. (Redacción y agen cias.) — El fiscal Antonio Salinas pi- dió ayer en el juicio del caso Filesa que se celebra en el Tribunal Supre mo seis años de cárcel para el sena- dor del PSC Josep Maria Sala y 19 para el ex diputado socialista Carlos Navarro y los copropietarios de em presas de la supuesta trama Luis Oliveró y Alberto Flores. Estas peticiones corrigen ala baja las que el fiscal incluía en su escrito inicial, donde solicitaba siete años de cárcel para Josep Maria Sala, 28 para Carlos Navarro y 23 para Luis Oliveró y Alberto Flores. La modifi cación en el caso de Sala se basa en la supresión, de entre las imputacio nes iniciales, de uno de los dos deli