1997-10-01.LA VANGUARDIA.SOGECABLE

Publicado: 1997-10-01 · Medio: LA VANGUARDIA

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MIÉRCOLES,  1 OCTUBRE  1997

POLÍTICA

LA  VANGUARDIA  15

r

                   •

 El Consejo del Poder Judicial se muestra dividido a la hora de actuár contra los jueces Garzón y Liaño.

Un  sector cree que su citáción como imputados supone la aplicación automática de las sanciones previstas
en  la ley, mientras  que otro sector prefiere esperar a que el instructor en el Supremo se pronuncie

El Póder fudicialdebate hoy en al, cima, de
división si debe áctuarcoi,trü ,Garzón’y Liaño
El  CGPJdiscrepa del alcai’icé de ici imputación que afecta a los Jueces de la Audiencia

•

•

JOSÉ  MARÍA BRUNET

MADRID.  —  El pleno del Consejo
General  del Poder  Judiciál  (CGPJ)
debatirá  hoy si se dirige al magistra
 do  del  Tribunal  Supremo  Joaquín
Delgado  para  que le-informe  del es
tado  de  sus investigacibnes  sobre el
enfrentamiento
 entre  los  jueces
Garzón  y Liaño,  con  el objetivo  de
estudiar  su posible  suspensión.  La’
cúpula  judicial  está  muy  dividida
sobre  la cuestión,  ya  que  un  sector
quiere  actuar  con suma  cautela y es
perar  a que el instructor  tome la ini
ciativa  silo  cree procedente,  mien
,tras  otro  sector  estima  que  no  hay
razones  para aguafdar  y que  el Con
sejo  debe actuaren  relación con am-
 bos jueces sin la menor dilación.

Lo  cierto es que el enfrentamien
to  entre  Garzón  y Liaño ha  genera
do  un apasionado  debate en la cúpu
la  judicial.  Tan es así qué  ayer tuvo
lugar  en  el Consejo una  reunión  de
la  comisión  permanente  absoluta
mente  inusual.  La permanente  está
compuesta  por cinco.miembros  del
Consejo,  entre  ellos su presidente  y
su  vicepresidente.  Aier,  sin embar-.
go,  asistieron  diecisiete  miembros
del  Consejo, y no sólo cinco  El pre
sidente,  Javier  Delgado,  los convo
có  a todos,  ala vista de la importan-
cia  del asunto.

 •

El

 Judicial.

 debate  no  fue  fácil,  porque
existen  posicioñes  muy dispares.  El
asunto  Sogecable y la  pugna  entre
Garzón  y Liaño  amenaza, pues, con
cuartear  al Consejo General del Po
 Sus  miembrós  son
der
conscientes
 de  la  relevancia  del
asunto  y por eso hoy tratarán  de lle
gar  a  una  solución  de  consenso.
Pero  lo  más  probable  es  que  haya
que  someter la cuestión  a votación  y
‘que  haya votos particulares.

La  posición  que ayer se perfilaba
como  mayoritaria  consideraque  se
ría  prematuro  que la cúpula judicial
suspenda  ahora  a  ambos  jueces  y
que  sería ocioso dirigirse al juez ins
tructor  para  que  informe al Consejo
del  resultado  de sus investigaciones.
Todo  ello  a  la  luz  de  los’ artículos

•

El  juez Javier Gómez de Liaño, ayer, en una entrevista radiofónica

El fiscal se opone, al archivo de Sogecable

 ‘

 ‘

•  El fiscal Ignacio Peláez  se opondrá  hoy al archivo
del  caso Sogecable’ durante  la  vista del  recurso  pre
sentado  por los abogados de esta soçiedad.  Peláez re
presentará  al  ministerio  público  en  sustituciófl  del
que,  venía  siendo  fiscal del procedimiento,’  Ignacio
Gordillo,  que ha presentado  su renuncia  por hallarse
imputado  en el caso Garzón-Liaño:  la investigación
que  se desarrolla  en el Tribunal  Supremo  a  raíz del
auto  por  el que  Baltasar  Garzón  se abstuvo  de  ins
truir  la recusación de Gómez de Liaño  como respon
sable  del sumario  de Sogecable e implicó a este juez
en  una presunta conspiración  contra  el presidente  de
esta  entidad  y del grupo Prisa,  Jesús de Polanco. Pe
láez  rechazará  el  archiyo  por  entender  que  faltan
muchas  diligencias por  practicar  y aún  no es  el mo
 si hay delito o no.
mento  adecuado pardeterminar

Por  otro  lado, el abogado y notario en  excedencia
Antonio  García-Trevijano  afirmó ayer, tras su decla
ración  como  imputado  en la citada causa del Supre
mo,  que “la única cofispiración que hay aquí es la ur
dida  entre Garzón  y Jaime García Añoveros —conse
jero  de Prisa y ex ministro  de Hacienda  con  UCD—
para  apartar  a Gómez  de Liaño del caso Sogecable”.
Ta  finalidad  última  de  ambos  conspiradores  sería,
según  este letrado,  “servir  los intereses  de  Jesús  de
Polanco  y Juan  Luis Cebrián  (consejero delegado de
Prisa  y  Sogecable)”.  García-Trevijano  declaró  du
rante  apenas  35 minutos  ante el juez instructor,  Joa
quín  Delgado,  no sin antes leer una  declaración con
el  adelanto  de su “conducta  procesal en el caso, que
será  —prometió— muy original y sin antecedentes  en
la justicia  española”. —  F. GARCIA

383 y 384 de la Ley Orgánica del Po-
der  Judicial.

El  artículo  383 de dicha ley esta-
blece  que la suspensión de losjueces
“sólo  tendrá  lugar” cuando  “se bu-
biere  declarado haber  lugar a proce
der  contra  ellos por  delitos cometi
dos  en el ejercicio de sus funciones”.
Añade  que también  se les suspende
rá  “cuando por cualquier otro delito
doloso  se  hubiere  dictado  contra
ellos  auto  de  prisión,  de  libertad
bajo  fianza o de procesamiento”.

El  caso de Garzón y Liaño encaja
ría  en el primer  supuesto, ya que  la
investigación  se refiere  a presuntos
delitos  cometidos  “en el ejercicio de
    sus funciones”. Pero  en  el Consejo
no  existe un criterio unánime  sobre
qué  significa “cuando se hubiere de
clarado  haber lugar a proceder  con
tra  ellos”.

Unos  vocales piensán que  tal  de
claración  ya se ha  producido  desde
el  mómento en que hán  sido citados
a  declarar  como  imputados.  Otros
van  más lejos en  su  análisis  y esti
man  que la imputación  és más con-
creta  contra  Liaño, ya que  fue cita-

La  mayoría del CGPJ cree
precipitado preguntar al
instructor del caso en el
Supremo si ha detectado
ya  delitos

 específico,

do  en relación con un supuesto deli
 la  prevaricación,
to
 que  Garzón  fue  citado
mientras
como  imputado  en términos genéri
cos,  por  si de la investigación  se de
rivaran  responsabilidades  penales
en  su contra. Pero el hecho es que el
instructor  no se ha  dirigido al Con
sejo, para  informar  oficialmente  de
todo  ello. Cuanto  la cúpula judicial
conoce,  lo conoce por los medios  de
comunicación.
 De  ahí  la  posición
favorable  a  dirigirse  al  instructor
para  que diga oficialmente en qué se
concreta  su investigación en lo rela
tivo  a ambos jueces.

Otra  posición,  más  cautelosa  en
su  interpretación  de  la ley, se basa
en  que  el artículo ‘384 de  la citada
norma  establece que  en los supues
tos  descritos en el 383, “el juez o tri
bunal  que  conociera de  la  causa  ló
comunicará  al Consejo General  del
Poder’Judicial,  quien  hará  efectiva
la  suspensión,  previa  audiencia  del
Ministerio  Fiscal”. Esta opción esti
ma  que  es pertinente  una  interpre
tación  conservadora  de  la norma  y
esperar  a que el juez,  que ya conoce
sus  obligaciones,  encuentre,  si  los
hay,  motivospara  comunicarse con
el  Consejo..

El CGPJ abre diligençias
contra el juez Navarro por
llamar prevaricadór a Garzón;1]

-

•

•

MADRID.  (Redacción.)  —  La  co-
  misión permanente  del Consejo Ge-’
neral
 del  Poder  Judicial  (CGPJ)
abrió  ayer  diligencias  informativas
contra  el juez  Joaquín  Navarro  por
el  artículo  que publicó en  “El Mun
do”  contra  su colega Baltasar  Gar
zón.
 En  dicho  artículo,  Navarro
acusó  a  Garzón  de  prevaricación.
La  comisión  permanente  decidió
   remitir el asunto a la comisión disci

 • plinaria del Consejo, una vez recibi

da  una  comunicación-de  la Fiscalía
General  del Estado  en la que ésta se
considera
 legalmente  maniatáda
para  actuarcontra  el juez Navarro,
incluso  en el supuesto de qué pudie
ra  haber  motivo  para  ello, cuestión
sobre  la que no se pronuncia.  Lo que’
impide  que la fiscalía tome  iniciati
va  alguna en la persecución’de cual
quier  presunto  delito  de  injurias  o
calumnias  es  que  éstos  son  delitos

exclusivamente  perseguibles  a  ms
‘tanéia  de  parte.  Con  arreglo  al  vi
gente  Código Penal, por tanto,  el fis
cal  no puedeactuar  de oficio en tales’
supuestos,  y sólo intervendría  en  el
caso  de que el afectado,  Garzón,’ to
mara  la iniciativa.

En  medios jurídicos  se estimaba
‘ayer  que este caso ha puesto de relie
ve  una  deficiente  regulación  de  la
protección  de  los jueces  en  supues
tos  de este tipo. En efecto, si un ma
gistrado  se considera  injuriado  o ca
lumniado  por  alguien  y se querella
por  ellos ese alguien  podrá luego re
cusarle  si en alguna ocasión le alcan
za  una  investigación’ que  esté diri
giendo  aquel juez,  porque  éste esta
rá  siendo  su  contrario  en  otro
procedimiento.
 En  tales  medios  se
subrayaba  que era  más  equilibrado
el  código  anterior,  que  ‘permitía al
fiscal  actuar  de oficio..

“La  felicidad compensa en intensidad
 lo  que no tiene de perdurable”;0]

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