1997-04-14.EL MUNDO.SENTENCIA CIVILIZADORA AGT

SENTENCIA CIVILIZADORA
EL MUNDO. LUNES, 14 DE ABRIL DE 1997
ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO 
Hubo un tiempo donde afirmar que la Tierra se movía no sólo era una insolente provocación a la comunidad científica y religiosa, sino una temeridad política que podía costarle la vida al que se atrevía a desafiar las impresiones comunes de los sentidos. La ciencia derrotó luego al sentido común. Y nadie osa ya negar que la Tierra se mueve. Hubo un tiempo donde decir que los gobiernos se movían por su propia seguridad, y no por misteriosas razones de Estado, no sólo era una absurda herejía cultural, sino un delito que hacía peligrar también la vida de los que ponían al sentido común sobre los dogmas metafísicos de  en la esfera internacional y en la fabricación de armamentos, no se ha conocido un solo caso de secreto oficial en la vida de los estados que no obedezca a una causa criminal al servicio de la ambición criminal y seguridad personal de los gobernantes. La historia ha desvanecido la ilusión de las razones de Estado. Pese a lo cual sigue siendo heroico afirmar que donde hay un secreto por seguridad del Estado allí hay un crimen del Gobierno que lo clasifica como tal. 
 del Tribunal Supremo, valiente pero no heroica, ha tenido que contradecirse para poder ajustarse al Derecho sin vilipendiar a los gobiernos a quienes desautoriza. Por un lado, al no desclasificar todos los documentos del Cesid, y declarar que la clasificación de los que desclasifica estuvo bien hecha en su origen, mantiene la legalidad antidemocrática del secreto oficial por seguridad del Estado, que es un concepto metafísico y, en consecuencia, represivo en política interior. Innecesaria concesión al Gobierno que los clasificó y a los dos que no los desclasificaron. Habría sido más congruente que hubiera guardado silencio sobre lo que no tiene trascendencia en el fallo. Pero, de otro lado, al desclasificar 13 documentos porque no afectan a la seguridad del Estado, sino a la de los gobernantes (lo que desmiente que su clasificación original fuera legal), inicia una civilización de la jurisprudencia que permitirá la revisión de actos de gobierno, encubridores de hechos ilícitos, hasta ahora sustraídos del control judicial. Esto explica los impúdicos votos particulares de mentalidades depravadas por la cultura felipista y el miedo cerval a «las consecuencias imprevisibles», ¡de quien motivos tiene para temer las previsibles! 
La parte más sólida de la sentencia está en el rechazo de que el Gobierno o el propio Supremo sustituyan al juez en la apreciación del valor probatorio de los papeles del Cesid. Y Baltasar Garzón como Javier Gómez de Liaño han expresado ya, con su insistencia en pedir la desclasificación de documentos que conocen al pie de la letra, la valoración que hacen de ellos. El proceso contra los crímenes de los GAL adquiere una nueva dimensión realista. Y, de modo inevitable, la vida política también. La realidad parece al fin dispuesta a disolver la fantasmagoría, enterrando el espíritu del consenso bajo losa judicial. La hegemonía política y cultural del felipismo, esa extensa y degenerada mentalidad que se solapó a la del franquismo para seguir con el dominio esquizofrénico de la verdad oficial sobre la verdad real, ha entrado en una crisis irreversible. Y no porque González haya salido del Gobierno y Polanco del monopolio de la televisión de pago. Pero sí porque los procesos judiciales sobre graves delitos gubernamentales y enriquecimientos ilícitos de sus encubridores mediáticos harán entrar la tremebunda realidad, para escándalo intelectual del situacionista Savater, en la incubadora mental de la política ficción que mantiene al Estado de partidos.