1994-12-19.EL MUNDO.REBELIÓN DE LAS TOGAS AGT

REBELIÓN DE LAS TOGAS
EL MUNDO. LUNES 19 DE DICIEMBRE DE 1994
ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO
NO hay un modo francés y un modo italiano de acabar con la corrupción de carácter institucional, o sea, con la corrupción generalizada de la clase gobernante. En ninguno de esos países se ha abordado la manera de hacer improbable la corrupción en el futuro, atajando sus causas presentes. Sólo se han preocupado de poner término a los efectos jurídicos de los innumerables casos de corrupción ya producidos. En Francia se ha considerado que lo más insoportable para la sociedad global no es la degeneración de la sociedad política, sino la falta de degeneración suficiente de la sociedad civil. El problema a resolver, la contradicción entre la inmoralidad pública y la moralidad privada, entre lo que dicen y hacen los gobernantes, tenía dos soluciones posibles: o bien moralizar la vida pública con reformas constitucionales, para separar los poderes y garantizar la posibilidad de reacción del elector ante sus equivocaciones electivas, cosa que aún no se ha hecho en país europeo alguno, o bien desmoralizar la vida privada inmunizándola ante la corrupción política. Los franceses han optado por esta autoamnistía moralmente revolucionaria. Es el modelo que fascina ya a la clase política española, salvo a IU. 
La vía italiana, conservadora y tradicional, no se propone armonizar la moral pública y la privada seleccionando mejor a los intérpretes políticos de la primera, como demuestra el híbrido sistema electoral que ha propiciado la elección de Berlusconi, sino aterrorizándolos con la acción de la Justicia si se descubre su corrupción. No importa si el terror judicial sobre la clase política y financiera italiana ha sido impulsado por una reacción corporativa -contra la connivencia del poder político con la mafia que asesinó a insignes magistrados-, o por el interés de la gran industria del Norte -que vio peligrar sus objetivos de integración europea a causa del despilfarro en el déficit público que acarrea la inevitable corrupción de la partitocracia-, o por ambas cosas a la vez. El hecho es que el modelo italiano (fiat justicia y perezca el mundo político), no se puede aplicar en España por falta de independencia del Ministerio Fiscal respecto del Gobierno, y por la dependencia del Consejo General del Poder Judicial respecto de los partidos políticos. Las consecuencias de la impotencia judicial, para combatir en España la corrupción de la clase gobernante y de la oligarquía financiera, están ya claramente a la vista. 
La corrupción de los legisladores está amparada por un tribunal político, como es el TC, que hurta a los jueces el examen de la constitucionalidad de las leyes. Ejemplo bastante, Rumasa. La corrupción de los gobernantes, siempre descubierta por la Prensa crítica, tiene que llegar al esperpento delictivo de Rubio y Roldán para que comience a ser perseguida judicialmente. Y un Gobierno absolutamente desprestigiado se ve abocado in extremis a impulsar la encarcelación de famosos magnates de las finanzas, muy relacionados con la financiación ilegal de los partidos gobernantes en Madrid y Barcelona, para saciar el ansia popular de justicia dando gato privado por liebre pública. El colmo de la inmoralidad gubernamental ha sido la solidaridad del PSOE con su víctima propiciatoria, Galeote, en el caso Filesa. Una carta de solidaridad con el crimen político, donde se condena la acción de la Justicia, que deja imperturbable en su impotencia al Consejo del Poder Judicial y al Tribunal Supremo. Entre la vía de la inmoralización francesa y la del justicialismo italiano, España no puede elegir ninguna de ellas. Y por remota que sea la posibilidad de su apertura, la única vía española a la esperanza está en la rebelión de las togas: jueces, fiscales y abogados exigiendo, unidos en la palabra y en la acción, una inmediata reforma de la Constitución que conceda la independencia a la Justicia y haga improbable la corrupción política en el futuro.