1995-02-26.CANARIAS 7.REARME Y REGENERACION DEMOCRATICA TERTULIA MILANO

REARME Y REGENERACION DEMOCRATICA
CANARIAS 7. 26 FEBRERO 1995
TERTULIA MILANO
VIVIMOS unos momentos en los que el país asiste a un debate sobre la esencia misma de la moralidad dominante, pública o privada. Todos nos preguntamos sobre lo que es justificable o injustificable, y formulamos preguntas del siguiente tenor: ¿Es justificable el terrorismo de Estado en una democracia? ¿Hasta dónde llega el principio de legalidad? ¿Todo vale en la sociedad democrática para defender al Estado de sus enemigos? ¿Hay que investigar los hechos ocurridos en los últimos 11 años referidos al caso GAL hasta descubrir toda la verdad y depurar responsabilidades a nivel político y penal -sea cual fuere el precio a pagar» en fase de ex diputado socialista y magistrado, Ventura Pérez Marino?
Como colectivo de ciudadanos preocupados por la situación de crisis política, económica y social que vive el país, somos plenamente conscientes de que se impone una reflexión colectiva de la que se derivará o una aptitud cómplice y encubridora, o, por el contrario, una oportunidad para el rearme moral de nuestra sociedad y la mejora del prestigio de las instituciones de nuestra joven democracia.
Vivimos un período histórico de atonía del sentido cívico, de pérdida del sentido de deuda hacia la colectividad, de disolución de los grandes proyectos colectivos históricos y de una cultura de exaltación del individuo. Por contra, desde el punto de vista público, la sociedad debiera ser cada vez más severa con la transgresión de leyes morales y jurídicas por parte de los representantes de la soberanía popular.
No se debiera abandonar a la instrumentalización por parte de alguna corriente ideológica la defensa del principio de legalidad, uno de los pilares de nuestro texto constitucional, cuyo fin último no es sino la defensa de los débiles frente a la arbitrariedad
Puede resultar obvia la constatación de que una de las atribuciones que la ciudadanía otorga al Estado, en virtud del «con-trato social» es el monopolio de la violencia. Este poder es tan amplio que la imposición del principio de legalidad responde a la necesidad de establecer mecanismos de control democrático que impidan un uso corrupto del mismo.
Con Antonio García-Trevijano creemos que es el momento de «dar paso a una reflexión radical sobre las causas y motivos de que unos hombres de partido y gobierno hayan podido dirigir en secreto, desde el Ministerio del Interior y con fondos reservados del estado, expediciones de terror que se cobraron más de veinte asesinatos y un secuestro de persona inocente», o que, única alternativa plausible, fuerzas policiales escapando al control gubernamental hayan hecho la guerra por su cuenta financiadas con fondos reservados.
Coincidimos con él en que «la causa del terrorismo de Estado está en la impotencia del gobernante para mantener el orden público», es decir, en el incumplimiento de las contraprestaciones que los ciudadanos esperan recibir del Estado en virtud del pacto explícito suscrito por ambas partes.
Destacar asimismo que la respuesta a esta impotencia, el recurso a la acción directa —lease terrorismo de Estado— para el modo eficaz atajar el cáncer que para la convivencia en democracia y libertad supone el terrorismo, ha requerido para su ejecución del recurso ilícito a los fondos reservados.
Hemos asistido a toda una serie de despropósitos tanto a nivel de planificación como de ejecución que han posibilitado casos de flagrante corrupción. El caso Roldán resulta incocebible sin un clima de desprecio del Estado de derecho que ha impregnado las actividades de determinados aparatos del Estado, al aceptarse los métodos policiales del tardofranquismo como modelo de eficacia.
Creemos que la regeneración del sistema democrático pasa por el esclarecimiento hasta sus últimas consecuencias de todos los casos de corrupción que golpean estos días la conciencia ciudadana, y que solo a partir de la verdad refrendada por sentencias firmes, podrán arbitrarse por las fuerzas políticas y desde las instituciones, mecanismos legales que permitan pasar página y dejar atrás el clima de crispación nacional que tan fuertemente está afectando al prestigio y credibilidad exteriores de nuestro país, dificultando y entorpeciendo la ansiada recuperación eco-nómica. Y todo ello debiera producirse con la ayuda inestimable de los medios de comunicación, auténticos formadores de opinión, actuando con total transparencia, objetividad e independencia de grupos de presión, y no alimentando sospechas de manipulación y motivaciones no siempre confesable al destapar escándalos e investigar actuaciones irregulares de determinados servidores del estado.
No es de recibo que siendo el fin del Estado y la justificación del sistema político la resolución de los problemas colectivos, asistamos al deterioro del clima de convivencia por desajustes'y fallas del sistema político. Se ha de solucionar los problemas de déficit democrático que arrastra nuestro sistema político que vértebra el Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución de 1978 y que desde la sociedad civil debe profundizarse y mejorarse.
Creemos imprescindible un debate social en profundidad, un rearme ético y la realización de reformas de nuestro sistema polí-tico que permitan a partidos e instituciones cumplir su función de vertebrar la sociedad desde la libertad y el pluralismo, partiendo de premisas democráticas y con pleno sometimiento al Estado de derecho y al imperio de la ley.
Tertulia Milano está integrada por los siguientes profesionales Isidoro López Puget (sociólogo), Rafael Massieu Curbelo (abogado), Femando Sagaseta (abogado), Juan José Cardona (abogado), Manuel iess Blanco (abogado). Julio Aldaz (arquitecto). Antonio de la Nuez Castro (biólogo y farmacéutico), José María González Ramírez (economista). Eloy Martín (economista), Luis Padilla Macabeo (economista). Jorge Lorenzo (economista), Francisco Ayudarte Tapia (médico) y Luis Alberto Soria López (economista).