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REACCIÓN ANTICIPADA
BLOG DE AGT, 13 DE MARZO DE 2007
ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO
Como si fuera una verdad científica o una evidencia incontestable, los medios de comunicación, la cátedra, los politólogos y los propios partidos difunden la tranquilizadora opinión de que no hay necesidad de tomar precauciones institucionales contra la corrupción de gobiernos y parlamentos, puesto que los electores tienen la posibilidad de castigar ellos mismos la deslealtad de sus elegidos, no volviéndolos a elegir en las siguientes elecciones. La ciencia política del liberalismo llamó “reacción anticipada” a este mecanismo de autodefensa preventiva del votante.
Todas las Constituciones europeas consagran la plenitud de competencias del representante o diputado a la Asamblea. En nombre de la soberanía del legislativo, se instala en el alma diputada el principio inderogable de la independencia del elegido respecto de sus electores. El diputado puede presumir y pavonearse de que no es un mandatario ni un delegado. No tiene que recibir, por ello, instrucciones de sus votantes. Las promesas electorales, fantasías de la palabra, no tienen validez jurídica ni política. En cualquier manual de ciencia política liberal se puede leer que “la no re-elección es la sola sanción del desacuerdo que pueda existir entre el elegido y sus electores” (“Les Régimes Parlementaires européens”, Thémis, 1966, Presses Universitaires). ¿Acaso no es la mejor definición de la servidumbre voluntaria del elector ante el elegido? La no re-elección, una reacción individual y personal, avala un sistema representativo que concede inmunidad a los elegidos, pero no garantiza a los electores defraudados, ni corrige los errores electivos.
La realidad es aun más dura y cínica que la doctrina. El mecanismo de la reacción anticipada, que ya era un inmoral consuelo en las elecciones de candidaturas unipersonales, propias de los regímenes parlamentarios, ha desaparecido por completo, incluso como coartada, en los sistemas de representación proporcional, propia del Estado de partidos.
Ya era inmoral y desesperante que los electores de distrito uninominal tuvieran que esperar nuevas elecciones para apartar de la función legisladora a los diputados corruptos o desleales. Pero al menos existía la posibilidad de que los votantes los castigaran en la siguiente campaña. En cambio, ahora, en el Estado de Partidos, con una Constitución que impone imperativamente el criterio de la representación proporcional, se incurre en cínica falsedad cuando se afirma que el mecanismo de la reacción anticipada tiene eficacia frente a la lista de candidatos de partido, es decir, frente al jefe y aparato del partido que la hace,y que han decepcionado o frustrado las esperanzas de sus electores.
Los partidos estatales ya no son partidos de programa ideológico ni de personalidades notables. Tampoco lo son de intereses económicos. Todos defienden la propiedad privada y todos ponen el mismo celo en agradar con privilegios a las oligarquías financieras, comerciales, industriales y mediáticas. No hay en este terreno distinción entre partidos de derecha o de izquierda. Y tampoco son, como la doctrina alemana cree, partidos de integración social. Al estar completamente separados de la sociedad civil, solo pueden integrar en el Estado, en la obediencia a la autoridad, sea la que sea, a las masas que se identifican con ellos por razones familiares, religiosas, culturales o de estilo de vida.
En los partidos estatales, financiados por el Estado, resulta imposible sustituir a un partido por otro en las preferencias sentimentales del votante. El PSOE del crimen y la corrupción (Felipe González) pierde las lecciones pero conserva nueve millones de fieles para ganar en la siguiente campaña. El PP de la prevaricación (papeles del CESID), las privatizaciones y las Azores pierde las elecciones por su torpeza en comprender lo que pasó en Atocha, pero conserva en su mochila patriótica diez millones de fieles, pese a la realidad nacional de Andalucía y a pregonar la barbaridad fascista de que el futuro del País Vasco y Navarra será el que decidan todos los españoles, y no los vascos. Como si este asunto fuera susceptible de ser sometido a votación.
Si se trata de elegir entre partidos estatales, y no entre personas singulares, el principio de la reacción anticipada del elector no existe. Según el soplo favorable de la más leve circunstancia, el elector dará nuevamente su voto al partido de la corrupción, el crimen, la prevaricación o la guerra.