1996-05-14.EL MUNDO.REABREN EL SUMARIO DE LAS ESCUCHAS DEL CESID MANUEL SANCHEZ

REABREN EL SUMARIO DE LAS ESCUCHAS DEL CESID
EL MUNDO. 14/05/1996 Página, 7
MANUEL SANCHEZ
MADRID.- La sección decimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado la reapertura del sumario de las escuchas del CESID y ha ordenado la práctica de nuevas diligencias, «a la vista de los indicios concurrentes con respecto al delito de escuchas ilegales».
De esta forma, el juzgado de Instrucción número 43 deberá retomar la investigación del caso, en el que están imputados, entre otros, el teniente general y ex director general del CESID, Emilio Alonso Manglano; y el ex coronel del Centro, Juan Alberto Perote.
El auto de la Audiencia Provincial, hecho público ayer, desestima los principales argumentos expuestos por la juez Ana María Mercedes del Molino (quien decretó el archivo de la causa) y por la juez Ana María Pérez Marugán (que rechazó los recursos de reforma interpuestos contra el archivo del caso), aunque sí entiende que no existen indicios en lo que concierne a los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, como solicitaba alguna de las partes personadas en la causa.
La juez Mercedes del Molino justificó el archivo del caso recurriendo a uno de los fundamentos de derecho de la sentencia del «caso Klass» del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en el que se defendía la necesidad de esta vigilancia de las comunicaciones como «necesaria para proteger intereses vitales del Estado».
EL «CASO KLASS».- La Sala dice que no comparte esta argumentación y, además, que en el auto de la juez «no sólo se subvierte el verdadero sentido y contenido de la sentencia del "caso Klass", sino que se omite la jurisprudencia posterior de este Tribunal que incrementa las garantías del ciudadano».
En este sentido, el auto de la Audiencia Provincial recuerda que en la sentencia del Tribunal Europeo se exige para la realización de escuchas, «una ley que autorice la limitación de derechos fundamentales por la autoridad administrativa, no se permiten las exploraciones genéricas o indiscriminadas de teléfonos particulares, sino que se requieren indicios concretos para adoptar esta medida. Y, por último, exige un control posterior sobre esa clase de medidas, que ha de atribuirse a un órgano judicial».
Según el auto, del que es ponente Alberto Jorge Barreiro, estos tres puntos son fundamentales en una sociedad democrática, «donde este tipo de intervenciones sólo pueden considerarse necesarias si se rodea el sistema de vigilancia adoptado de las garantías suficientes contra los abusos», afirma en el auto.
Para la Sala, en la resolución recurrida de la juez en la que se archiva la causa, «se consideran legítimas unas interceptaciones y grabaciones telefónicas sin la mediación de ningún control judicial, sin la existencia de una ley previa que permita esas injerencias intrusivas por parte del funcionario y sin que se aporte algún indicio que las justifique»; por lo que termina concluyendo que «de aceptarse estos argumentos, no estaríamos en un Estado de derecho, sino más bien en un Estado policial».
Asimismo, la Sala considera «inaceptable» el argumento de que la interceptación de teléfonos realizada por el CESID no estaba dirigida a personas determinadas, sino que la vigilancia era aleatoria. El auto recuerda que en la causa hay varias declaraciones de funcionarios que integraban el llamado Gabinete de escuchas del CESID, «que aportan claros indicios de que se interceptaban las comunicaciones telefónicas de personas relevantes del mundo de la política, de las finanzas, de la prensa y del espectáculo, y se grababan, archivaban y almacenaban, a pesar de no tener interés para la seguridad nacional».
En cuanto al argumento utilizado para la juez Ana María Pérez Marugán, en el que se defendía que en los años en los que se realizaron estas escuchas por parte del CESID no se contemplaba en el Código Penal (CP) como delito la interceptación de comunicaciones de teléfonos móviles o inalámbricos, sino sólo de teléfonos de cable, la Sala lo desestima en dos sentidos.
TELEFONO MOVIL.- Según el auto, «no parece coherente sostener que no pueda equipararse un teléfono convencional a otro móvil» pero, de todas formas, añade que el artículo 192 bis del CP, sí sanciona «al funcionario que utilizare artificios técnicos de escucha y grabación del sonido, y se intervenían comunicaciones en las que uno de los dos teléfonos era convencional».
Además, la Sala añade que aun aceptando el argumento de la juez en este aspecto, tampoco puede excluirse la aplicación del tipo penal del delito de escuchas ilegales, y en este aspecto cita una reciente sentencia del Tribunal Constitucional en la que se afirma que el artículo (192 bis), «tipifica penalmente los comportamientos que atenten contra el secreto de las comunicaciones telefónicas, sin distinguir el cauce tecnológico por el que se establecen».
Por todo ello, la Sala estima parcialmente los recursos presentados contra el auto de archivo por varios de los escuchados por el CESID (Pablo Castellano, Antonio García Trevijano, Jaime Campmany, Pedro J. Ramírez, Melchor Miralles, etc), y ordena a la juez que realice los trámites precisos para incorporar a la causa las cintas grabadas que figuran en el listado unido a las actuaciones, y que tome declaración, de nuevo, al coronel Perote.
APOYO
SERRA EXIGIÓ DISCULPAS A PP E IU
A las pocas horas de hacerse público el pasado mes de febrero el archivo del «caso CESID» acordado por la juez de instrucción número 43 de Madrid, Ana María Mercedes del Molino, toda la cúpula del PSOE y del anterior Gobierno se apresuraron a exigir insistentemente a los máximos dirigentes del Partido Popular y de Izquierda Unida que pidieran disculpas de forma pública por las acusaciones que vertieron contra Narcís Serra y Julián García Vargas, cuando EL MUNDO destapó este caso.
A pesar de que la resolución de la juez no era firme, el propio Serra convocó el mismo día a los periodistas para afirmar que el auto «pone las cosas en su sitio», y reclamar la inmediata disculpa de José María Aznar y Francisco Alvarez Cascos.
Al día siguiente, el ex vicepresidente del Gobierno seguía insistiendo en ello, y acusó al ahora presidente del Ejecutivo, José María Aznar, de no tener talla política suficiente para reconocer sus errores.
El ex ministro de Presidencia del Gobierno no se quedó atrás. En una comparecencia tras el Consejo de Ministros, Alfredo Pérez Rubalcaba exigió al PP y a José María Aznar que pida disculpas públicamente por haber «mentido», «acusado falsamente» y «calumniado» a Felipe González, a Narcís Serra, a Julián García Vargas y al ex director del CESID, Emilio Alonso Manglano.
PP e IU hicieron caso omiso a estas peticiones e insistieron en las responsabilidades políticas de Serra y Vargas, y en su disconformidad con el auto de la juez. Julio Anguita fue el más claro: «Aquí se han saltado olímpicamente la Constitución».