1997-07-02.NUEVAPOLITICA.QUÉ REPÚBLICA

¿QUÉ REPÚBLICA?
NUEVA POLÍTICA, 2 JULIO 1997
REDACCIÓN DE NUEVA POLÍTICA
República
C. A. Pérez.- Quiero resaltar, ante todo, la pertinencia del tema. Todos conocemos a algún "monarco-republicano", ese especímen que se proclama ardiente partidario de la República en el fondo de su corazoncito, pero que a continuación opina que esto hoy no merece atención, porque "no preocupa al hombre de la calle". Si las cosas son así, si la cuestión republicana no preocupa al hombre de la calle, razón de más para insistir en ella. Pero, además, cabe preguntarse si cualquiera de las precupaciones actuales del hombre de la calle pueden hallar solución adecuada bajo el vigente régimen.
República democrática
J. M. López.- La República se deriva, ante todo, de la exigencia democrática. El actual régimen de monarquía parlamentaria, territorialmente estructurado como "sistema de las Autonomías", supone un escarnio completo de esa exigencia, en la medida que engloba tres componentes oligárquicos. El primero de ellos es el dinástico borbónico, relanzado por Franco. El segundo, la impronta liberal tardía del Estado de Partidos, del fenómeno que conocemos como partitocracia. El tercero es el que introducen unos sátrapas regionales, los nacionalistas vascos y catalanes, parapetados tras la invocación de privilegios feudales y de postulados "identitarios" de base étnica.
C. A. Pérez.- El sistema de la partitocracia se apunta en Europa desde los años 30 y se despliega después de la II Guerra Mundial. Pocos años han bastado al régimen demoliberal de nuestro país para desembocar en ese sistema.
En el Estado de partidos, la participación popular se reduce a elegir entre alguna de las listas cerradas que se confeccionan desde unos comités incontrolables. Tiene una sola función: legitimar un curso político al servicio del medro del partido o partidos en el gobierno, en contacto con las cimas del mundo financiero y empresarial, empezando por las que regentan los "mass-media".
Los resultados electorales disparan una carrera frenética por el reparto del Estado, de arriba a abajo, entre los directivos, séquitos y clientelas de los partidos triunfantes. Con ello, las instituciones quedan vaciadas de todo significado. Las actuales Cortes Generales se limitan a escenificar disputas o negociaciones en torno a los intereses de las diversas banderías de la oligarquía partidista. Los órganos superiores de la función judicial y las propias instancias de defensa de la Constitución son provistos según las conveniencias de los partidos. En cuanto a las funciones de gobierno, los partidos no se contentan con ocupar sus niveles propiamente políticos; invaden además sus estructuras administrativas, "complementándolas" con legiones de "asesores" y "cargos de confianza". Igualmente se produce el copo sistemático de los órganos rectores de los entes autónomos y empresas públicas en todos los niveles de la Administración.
En los últimos tiempos se registra un creciente rechazo de la corrupción política. Tal rechazo es imprescindible pero, hoy por hoy, muestra unos claros límites. No apunta todavía al cuestionamiento del Estado de Partidos. Ahora bien, La tendencia a la conversión de la partitocracia en cleptocracia, gobierno de ladrones, acompaña inexorablemente a la evolución de dicho Estado.
J. Colomar.- Estamos por una República democrática, lo que significa que no debe ser una república parlamentaria, como lo fue la Segunda República y como, en el fondo, sigue siendo el régimen que se desprende de algunas de las propuestas de Antonio García Trevijano ("Discurso de la República") que en otros aspectos son excelentes.
La república parlamentaria mella el filo del principio democrático mediante dos artilugios. Uno de ellos es el dogma liberal de la "división de poderes" entre un "legislativo" y un "ejecutivo", con primacía del primero, al que se presenta como encarnación de la "soberanía popular". De ese dogma se deriva la distinción entre ley formal -cuya competencia se atribuye exclusivamente al Parlamento- y reglamento, perteneciente a una esfera ejecutiva de rango inferior, el Gobierno. El segundo artilugio configura al parlamento, el "pueblo en miniatura", sobre la base de una representación de partidos.
La combinación de ambos artilugios desde comienzos de siglo, ha puesto la función de la producción normativa y del nombramiento del gobierno de la Nación en manos de pandillas de arribistas e irresponsables. En un principio, estas pandillas concurrían en algo parecido al régimen económico de "libre competencia". Esta fue todavía la situación bajo la Segunda república española. Pero como fruto de la "libre competencia", surge el monopolio. Después de la II Segunda Guerra Mundial, las oligarquías políticas fundamentales en Europa se hacen plebiscitar periódicamente a través de listas cerradas y por otros muchos medios, entre ellos la instrumentlización intensiva de los sistemas de comunicación.
El origen de las teorizaciones liberales, a pesar de proceder de un francés, Montesquieu, es anglosajón. Arranca de la práctica decimonónica de la monarquía constitucional inglesa. El "equilibrio de poderes" refleja una situación en la que los políticos que intentan abrir paso a la sociedad burguesa, van arrancando facultades normativas al monarca y a su burocracia, hasta convertirlos en "ejecutivos" del nuevo ordenamiento. Más en general, la idea del "equilibrio", corresponde perfectamente a la mentalidad burguesa: además del equilibrio de los poderes del Estado, está el ideal del equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado, el equilibrio entre gastos e ingresos en el Presupuesto anual, etc.
Una vez conformado el mundo burgués, la "división de poderes" revela su falacia. Como no podía ser de otro modo, la única instancia "soberana" es el "poder ejecutivo", quien disuelve a cada paso las distinciones entre ley formal y reglamento mediante el expediente del decreto-ley y del decreto-legislativo. Pero ese poder no extrae su legitimidad del "pueblo", sino del sanedrín de bonzos de los partidos. Soberanos son, realmente, las cúpulas del partido o partidos mayoritarios.
J. Mª. Trujillo.- En torno al concepto de soberanía, que proviene de los tiempos del absolutismo, reina una gran confusión. Desde el punto de vista de la ciencia política, y no de la metafísica liberal, soberano es únicamente el Estado, particularmente aquellas instancias del mismo que ostentan las facultades decisivas, ante todo la facultad de decidir el Estado de excepción. Cuestión distinta es si ese poder soberano es o no democrático. Será democrático si se halla legimitado mediante la voluntad nacional-popular, que normalmente se expresa mediante elecciones, pero que también puede manifestarse a través de referéndums o incluso, como decía Schmitt, por "aclamatio".
J. M. López.- NUEVA POLITICA debería desarrollar una elaboración concienzuda en torno a una propuesta de República democrática articulada a través de tres ejes fundamentales:
1º. Un Presidente y Jefe de Gobierno elegido por el conjunto de la Nación, al que se dote de superiores facultades tanto normativas como decisorias en diversos campos fundamentales;
2º. Un Congreso de Diputados entendido como órgano de representación popular para el desempeño de funciones normativas -en todas las materias no reservadas al Presidente de la República- y para una acción de control de la acción gubernamental, formado mediante el sistema de diputados provinciales elegidos por sufragio mayoritario al margen de listas de partidos;
3º. Un Senado, entendido como marco de participación funcional de tipo indirecto, en el que se hallen representadas diversas actividades vitales para la comunidad nacional -investigación y pedagógicas, arte, comunicación, sindicales, de organización de los consumidores, etc.- con cometidos de pronunciamiento previo acerca de las grandes opciones de la planificación.
Todos estos planteamientos implican una profunda redefinición del papel de los partidos políticos. Hay que considerarlos como herramientas no sólo indispensables, sino además extraordinariamente valiosas para la educación, formación y clarificación de la voluntad nacional popular. Pero, para esto, deben ser despojados de sus actuales ínfulas representativas y de cualquier forma de financiación pública.
República española integral
J. Colomar.- La nueva República tendría que introducir una ordenación territorial completamente distinta a la actual, retomando algunos aspectos de los planteamientos de República española "integral" que Azaña incorporó a la Constitución de la Segunda República. Primero, los Municipios y sus diversas formas de agrupamiento (mancomunidades, comarcas, etc.) para la prestación de servicios; segundo, las Provincias; tercero, las Regiones, conformadas a partir de las Diputaciones provinciales por vía voluntaria. España no puede soportar por mucho tiempo la existencia de diecisiete parlamentos regionales, pozos sin fondo de despilfarro y focos de tendencias centrífugas constantes. Todo esto significa un pronunciamiento contrario a los planteamientos federalistas de la Primera República o que se esgrimen en la actualidad.
En general, el federalismo es otro expediente liberal. Como construcción política descansa en la premisa individualista, que presenta al todo como una suma de partes que siempre se reservan alguna cuota de soberanía. Sin embargo, cabe admitir la necesidad de un federalismo técnico de cada afuera, como vía para unir los diversos procesos nacionalistas revolucionarios orientados a la edificación de una Nueva Europa. De cara adentro, en España, el federalismo sólo puede ser argumentado desde las posiciones del nacional-etnicismo y sirve para exacerbarlo hasta su lógica conclusión: el descoyuntamiento final de España en cuatro, por lo menos, "Estados" lingüísticos.
J. M. López.- De la misma línea de razonamiento, se desprende una oposición radical a las tesis de la "autodeterminación" de Cataluña, País Vasco, etc. Existen críticas "técnicas" a dichas tesis. ¿Dónde se realizará tal "autodeterminación"? ¿En el País Vasco francés y español conjuntamente o sólo en éste? ¿En las zonas francesas de habla catalana y en Cataluña, o sólo en ésta? ¿Sólo en el actual País Vasco o también en Navarra y puntos de Castilla? ¿Sólo en la actual Cataluña o también en los llamados Països Catalans (Valencia, Baleares, etc.) ¿Y cuántas veces habrá que repetir los referéndums de autodeterminación hasta que salga el resultado esperado por ETA, el PNV, Setién y los Obispos de Vic y Solsona? Estas críticas no son irrelevantes, pero lo principal, desde la posición del nacionalismo político, es que ni lengua, ni raza, ni religión confieren derecho alguna a la organización estatal. La nueva República debería considerar delito contra la democracia y crimen de lesa Patria todo intento de enfrentar políticamente a los españoles a partir de diferencias religiosas, raciales, de lengua o culturales específicas.
República del Trabajo
J. Mª. Trujillo.- La nueva República, si quiere ser realmente democrática e integradora de todos los españoles, debe ser una República del Trabajo, una república socialista. Este aspecto nos opone tanto a la Primera como a la Segunda repúblicas. A favor de esta afirmación existe un primer argumento, de orden democrático elemental: el "factor trabajo", es decir, los asalariados de todos los matices y niveles, las explotaciones familiares sin asalariados y los autopatronos, representan más del 95% de la población. A ello se suma que la planificación y la socialización de los resortes económicos decisivos son condiciones de la soberanía y la unidad de la Patria. De cara al exterior, son cimiento de la independencia y la pujanza. De cara al interior, son requisito imprescindible de la cohesión nacional.
C. A. Pérez.- Una objeción que se nos hace es la del riesgo de confusión con el republicanismo burgués. Y, desde luego, no puede descartarse a la larga el recurso a soluciones republicanas de corte demoliberal. Pero no será tarea fácil. Los partidos republicanos históricos no dan la talla de cara a esta operación. Izquierda Republicana se reduce hoy a un conventículo de adoradores de Azaña que vegeta con permiso del PCE. ERC se ha dividido entre un sector de acólitos de Pujol y un sector de acólitos de Maragall. Una alternativa republicana burguesa únicamente podría ser vehiculizada por la izquierda, previa una drástica remodelación de sus postulados actuales. Todo parece indicar que los grandes poderes del dinero, conforme se acentúe el deterioro global del actual régimen, no dejarán que la monarquía haga mutis por el foro, como hizo en 1931. La obligarán a seguir hasta el final, aunque sea con la faz cruzada de cardenales.