2000-06-12.LA RAZON.PATRIMONIO POLÍTICO AGT

PATRIMONIO POLÍTICO 
LA RAZÓN. LUNES 12 DE JUNIO DE 2000
ANTONIO GARCÍA TREVIJANO 
La transición no es patrimonio de Suárez o González. El portavoz del Gobierno, mirándonos a los ojos, lo ha dicho con solemne gravedad: ¡es-patrimonio-de-todos-los-españoles! Este original descubrimiento me desconcertó. Yo no sabía aún que la transición concebida como cambio en el modo de estar político o como período de la historia, pudiera ser algo patrimonializable. Pero bien pensado, caí en la cuenta de que el portavoz del Gobierno tenía, por conciencia de su cargo, toda la razón. Puesto que patrimonial es todo aquello que nos pertenece por razón de la patria. Incluso el deshonor. La dictadura de Franco, concebida como cambio en el modo de estar republicano, y como fase de la historia de España, también fue patrimonio de todos los españoles. Pues patrimonio, a diferencia de matrimonio, es la carga del padre o de la patria. La transición es una carga oficial que pesa sobre los españoles, como ayer pesaba la de la dictadura. Que esta carga sea un cargo bendito para unos y un fardo maldito para otros, eso no quita un adarme de verdad al hecho de que sea nuestro patrimonio nacional.
    Los regímenes políticos son oficios o ministerios patrimoniales. Y la comunidad de patria hace que el patrimonio político nacional sea, para bien o para mal, carga y propiedad indivisa de todos los españoles. Aquí no cabe hacer distingos con los nacionalistas separatistas. Todo español, por el sólo hecho de serlo, participa en una cuota parte del patrimonio político de la transición. En esa masa patrimonial -de activos y pasivos civiles, derechos y deberes políticos, cargos públicos y cargas privadas-, el tema de la justicia distributiva no depende, como en el mundo civil, de la autonomía de la voluntad privada. A diferencia de lo que puede hacer el partícipe de una masa hereditaria sobrecargada de deudas, los disidentes de un patrimonio político no tienen poder de renunciarlo, como cree Eta, ni de aceptarlo a beneficio de inventario, como quiere el nacionalismo gobernante en Cataluña y País Vasco. El patrimonio patriótico es tan insoslayable como el destino en la tragedia griega. Sin cambiar colectivamente de régimen, nadie escapa de su cuota en la patria que lo esclaviza o humilla. Pero los gobernados son libres de hacer lo que pocos hicieron con su cuota-parte franquista. Combatir la falta de libertad, la mitomanía y la inmoralidad del Estado de Partidos con rebeldía denunciadora de la impostura política.
    Como en la mitómana transición no es posible decir oficialmente una verdad moral, la frase abstracta del portavoz del Gobierno encierra un concreto sentido mentiroso: atribuirnos a todos la obra política de la transición. Y eso sí que no. El real grupo constituyente, la docena de personas instaladas en los cargos decisorios del Estado y en las jefaturas de los partidos de oposición a la dictadura, ejecutaron los designios trazados para España por el departamento de Estado de EE UU y el gobierno alemán de la socialdemocracia. Y su obra, la oligarquía partidista en lugar de la democracia formal, no fue fruto de una acción común de los españoles ni de su aún hoy inexistente libertad colectiva. Engañado por los signos de apertura y forzado por su hábito de servidumbre, el pueblo no deliberó más que sobre la ruina de sus ilusiones sin realidad y de sus miedos sin fundamento. Se limitó a refrendar lo decidido, en sombras palaciegas, por los jefes de esa décima parte «eschigaleuschina» de la sociedad civil, que Dostoievski pintó antes de que subiera al Estado español un siglo después. Una aristocracia del demérito con derecho al deshonor, experta en delitos y calumnias, que destaca sobre la igualación que causa el rebajamiento de las costumbres cuando se oculta la verdad. La transición era cosa de carismas infantiles de partido. No de talentos de estadista, ni de la libertad política de todos.