1995-09-11.EL MUNDO.NO ES LA CORONA DE HIERRO AGT

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EL MUNDO. LUNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 1995
ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO
En los delitos políticos, el juicio final no lo emite un tribunal de justicia, sujeto a la presunción de inocencia, a las pruebas y a la conciencia de los magistrados. La sentencia inapelable contra los delincuentes políticos la pronuncia otro tipo de tribunal, que nació como tribunal de la razón ilustrada y que el transcurso de los tiempos ha convertido en tribunal de la pasión colectiva. Para juzgar los delitos de torturas, asesinatos y secuestro cometidos por funcionarios del Estado, en actos de obediencia indebida a las órdenes criminales del propio Gobierno, ese moderno tribunal ha tardado doce años en constituirse en pleno y fallar. Desde 1983, una ínfima minoría analista o investigadora de los GAL, convencida de que no hay la menor posibilidad de delito continuado de antiterrorismo sin que esté ordenado por el Gobierno, venía tratando de convocar al pleno, para que condenara al presidente del Gobierno. Por fin, aquella minoría instructora ha obtenido plena satisfacción. El tribunal de la opinión pública ha condenado ya a Felipe González por delitos de terrorismo. 
Pero nuestro sistema político es muy deficiente. Permite que un delincuente político, mientras esté sostenido por sus secuaces en el Parlamento, pueda seguir en la Presidencia del Gobierno. Esta deficiencia ha dado lugar a que tenga que celebrarse juicio criminal contra un presidente de Gobierno en funciones, bajo el principio de presunción de inocencia. Si este nuevo juicio tuviera que hacerlo un jurado, no podría celebrarse en España ni en Europa. El hipotético jurado estaría contaminado por la sentencia del Tribunal de la opinión pública, del que los miembros del jurado también forman parte. Si los magistrados y fiscales del Supremo, por el origen de su designación y por sus perspectivas profesionales, fueran independientes del Gobierno y del Ministerio de Justicia, hoy se encontrarían en una situación delicada, pero respetada por la misma opinión que ha condenado ya a quien ellos deben juzgar, y que aceptaría con serenidad verse contrariada con el archivo de las diligencias o una sentencia absolutoria. Desgraciadamente para los fiscales y magistrados del Supremo, ésa no es su situación. Toda la Junta de fiscales que ha exculpado de la imputación a González, ha sido nombrada por el Gobierno. Lo extraordinario es que seis de ellos hayan osado proponer que se solicite el suplicatorio. 
Y no muy distinta es la suerte que les espera a los magistrados de  indicios acumulados por Garzón contra González se han convertido, tras la última investigación del juez instructor, en pruebas que serían concluyentes para obtener una condena en el juicio oral. Por mucho menos están en la cárcel miles de penados. La enorme difusión pública de estos indicios y pruebas, hace inevitable que la opinión de buena fe, la inmensa mayoría, esté convencida no ya de la culpabilidad de González, de eso lo estaba desde hace tiempo, sino de la veracidad de las pruebas contra él. Con este convencimiento, basado en el sentido común y en el conocimiento de cómo funciona toda organización jerárquica, de la que es prototipo exagerado el gobierno personalista y autoritario de González, es imposible que el archivo de la causa o la absolución del presidente, no sea estimado por la abrumadora mayoría de la opinión como un acto de prevaricación judicial. En ese infierno ha metido al Supremo quien sacrifica el prestigio público de las instituciones a su ambición personal. Acabó hace mucho tiempo con el honor del Gobierno, del Parlamento, del PSOE y de los Sindicatos. Lo hizo con el del Constitucional de Rumasa y con el de la Generalitat de Pujol. Ahora lo procura con el del Supremo. No es aventurado pensar que lo intente con el de  no es precisamente