1995-06-25.EL MUNDO.NINGÚN CASO SIN RESPUESTA

NINGÚN CASO SIN RESPUESTA
EL MUNDO. 25/06/1995. Página, 44
ROMUALDO IZQUIERDO/ LOURDES GARZON
CUESTION de estímulo-respuesta y directamente proporcional. Crecen los escándalos y crecen, a la vez, los conjurados imaginarios.
FILESA
En mayo del 91, El MUNDO publica que una serie de sociedades y bancos habían pagado a empresas vinculadas al PSOE cientos de millones de pesetas por informes que nunca llegaron a realizarse. Un mes después, el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, aseguraba: «Las informaciones sobre Filesa responden a la campaña antisocialista que siempre se organiza después de un éxito electoral». Felipe González se defendió achacando la investigación a que estaba sometido su partido a oscuros intereses políticos: «Algunas fuerzas políticas se ponen al nivel de ciertos cazarrecompensas con intereses antidemocráticos».
IBERCORP
Las primeras informaciones aparecían en febrero del 92. Manuel de la Concha, ex síndico de la Bolsa de Madrid había falsificado un listado para ocultar el nombre de titulares reales. Entre ellos, Mariano Rubio y Miguel Boyer. Se desvían miles de millones de pesetas, en perjuicio del resto de los accionistas de Ibercorp. De la Concha y Rubio terminarían en la cárcel.El ex síndico de la Bolsa de Madrid declaraba en la SER en junio de 1992: «Javier de la Rosa está relacionado con una sórdida conspiración previa que se firma en los primeros meses de 1990 relacionada con el caso Ibercorp y que tendría como objetivo al grupo que preside el gobernador del Banco de España». Rubio apostillaba: «Creo que hay indicios de que no se trata de una campaña caída del cielo, sino apoyada por una serie de dossiers filtrados a la Prensa y de la que yo ya había sido avisado por una persona muy importante de la vida económica».
FONDOS RESERVADOS
«Esta iniciativa es disparatada, ambigua e injustificada, y va a remolque de determinadas informaciones tergiversadas, transmitidas por una determinada empresa periodística y diseñadas estratégicamente por su director». Este fue el argumento socialista, transmitido por su diputado Alvaro Cuesta, para evitar una comisión de investigación en el Congreso sobre el supuesto uso delictivo de fondos reservados. Ocurría en diciembre del año pasado, a los pocos días de que Garzón reiniciara las investigaciones sobre la trama de los GAL, íntimamente relacionada con el uso ilícito de estos fondos. Sólo el Ministerio del Interior manejó entre 1987 y 1993 cerca de 20.000 millones de pesetas de esta partida.
CONJURA REPUBLICANA
Terminaba el mes de agosto del año pasado y el diario barcelonés La Vanguardia destapaba la «conjura republicana». El artículo, firmado por el biógrafo del Rey, José Luis de Vilallonga, aparecía pocos días después de la constitución de la AEPI (Asociación de Escritores y Periodistas Independientes) y en él se sostenía que estaba en marcha una operación para acabar, primero con el Gobierno y luego con la Monarquía, que se sustituiría por una República presidida por Antonio García Trevijano.
Felipe González, en una entrevista concedida a El País la primera semana de septiembre, insistió en que había «un proceso más o menos organizado de deslegitimación institucional que toca, no sólo al Gobierno, sino a todas las instituciones».
PALOMINO
El cuñado del presidente, sospechoso de apoyarse en sus privilegiadas relaciones familiares para enriquecerse. En 1989 se venden Talleres Palomino a la empresa CAE participada por Dragados y Construcciones. Una sociedad descapitalizada y en quiebra técnica por la que se pagan 310 millones y 50 de dividendo activo. También a finales de 1989, la Presidencia del Gobierno adjudica a Dragados y Construcciones sin concurso previo las obras del búnker secreto de la Moncloa. El contrato se suscribe inicialmente por 113 millones de pesetas, aunque la cifra sube hasta los seiscientos millones. En diciembre del año pasado, Rodríguez Ibarra decía: «¿Quién puede tener planos de un tema de seguridad del Estado? Roldán. A lo mejor es él quien filtra esa documentación haciéndole un favor a la derecha». González, un mes antes, había advertido: «Se trata de una campaña absolutamente intencionada orquestada por un grupo de gente perfectamente conocido que se une a otra gente que trata de aprovechar algunas cosas»
GAL
En diciembre del año pasado, el juez Baltasar Garzón reabría el «caso GAL», la trama de guerra sucia contra ETA que desde 1983 provocó 26 muertos. Los únicos condenados por estos crímenes, Amedo y Domínguez, se avinieron a colaborar con la justicia y, en consecuencia, Garzón ordenó el encarcelamiento de varios de los responsables de Interior en aquellos años. Entre ellos, la del ex director general de Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal.
En una polémica entrevista concedida a TVE y a los diarios ABC y El País, Sancristóbal denunciaba la existencia de una conspiración para derribar a González. «Espero que en esta trama haya algún juez que pueda investigar y poner de manifiesto quién es el "señor Z" que ha movido esta conspiración, en la que sin ninguna duda ha participado el juez Garzón», añadía.
El vicepresidente Serra se unió rápidamente a la teoría de la conspiración, idea que también repitió el presidente de la Comunidad de Madrid, el socialista Joaquín Leguina: «El Gobierno y Felipe González tienen la obligación de resistir ante la conspiración en marcha que pretende la destrucción del Partido Socialista».
CESID
El pasado 12 de junio, EL MUNDO adelantaba que el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) llevaba más de diez años espiando y grabando a políticos, empresarios y periodistas. Al día siguiente, informaba que entre los espiados se encontraba el Jefe del Estado. La tesis gubernamental la dejó muy clara el propio presidente del Gobierno ante el pleno del Grupo Parlamentario Socialista. González denunció que hay una «trama» que intenta «chantajear» y echar un «pulso» antidemocrático al Estado y a las instituciones.
Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona, insinuó que los inspiradores de esta trama son los financieros Mario Conde y Javier de la Rosa, que perseguirían una amnistía para los delitos de los que se les acusa.