1997-09-27.EL MUNDO.NINGUN ABOGADO ASISTIO AL INTERROGATORIO

NINGUN ABOGADO ASISTIO AL INTERROGATORIO
EL MUNDO. 27/09/1997. Página, 9
AGUSTIN YANEL
MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ratificó ayer en el Tribunal Supremo, donde declaró como imputado, que se enteró hace meses por varios testigos de que el también juez Javier Gómez de Liaño, que tramita el caso Sogecable, participó en varias reuniones en las que hablaron de poder llevar a Jesús Polanco a la cárcel.
Garzón ratificó ayer el escrito que dictó el 3 de septiembre, en el que afirmaba que, por haberse enterado al margen del proceso de la existencia de esa supuesta trama contra el presidente de Sogecable, Jesús Polanco, no podía resolver la abstención de éste contra Gómez de Liaño.
Según las fuentes consultadas por EL MUNDO, Garzón explicó al magistrado del Supremo Joaquín Delgado (instructor de la denuncia que ha presentado el fiscal general del Estado) que él se enteró de esas supuestas reuniones por comentarios que le hicieron el magistrado Joaquín Navarro Estevan y el profesor Jesús Neira, aunque no sabe si esos hechos son ciertos o no.
El juez Garzón llegó al Supremo a las 9.40 horas. Diez minutos más tarde entró su compañero de la Audiencia Nacional Gómez de Liaño, con quien hasta hace unos meses mantenía excelentes relaciones de amistad. Mientras esperaban a ser llamados para declarar, y ante una treintena de periodistas, los dos se saludaron brevemente.
INTERROGATORIO BAJO SECRETO.- El fiscal José María Luzón pidió que las declaraciones se efectuasen bajo secreto, alegando que en los próximos día declararán otras personas como imputados y que no es conveniente para la investigación que unos conozcan lo que han manifestado otros. El abogado de Garzón, Manuel Medina, también solicitó la declaración de secreto.
El magistrado instructor, que hace unos días había rechazado declarar el secreto, lo acordó ayer, con lo que de paso se evitó que Gómez de Liaño, que se defiende a sí mismo, interrogara como abogado a Garzón.
El abogado Antonio García Trevijano se mostró muy indignado por esta decisión, que para él es «una prueba más de que este es un juicio político».
La declaración de secreto impidió que asistieran al interrogatorio los abogados, entre ellos Juan Francisco de Rojas y Benito Garrido, que dicen representar a unos abonados a Canal Plus.
DENUNCIA ANONIMA.- Estos letrados hicieron reiterados comentarios sobre la «mierda» que hay en este asunto y no ocultaron su satisfacción por haber salido hace unos días «en todos los periódicos», cuando recusaron a uno de los magistrados de la Audiencia Nacional que iban a estudiar un recurso de los abogados de Sogecable.
Precisamente ayer fue rechazada esa recusación, por unanimidad de la Sala de Gobierno de la Audiencia, que además multó al abogado De Rojas con 100.000 pesetas por actuar con «mala fe» al presentar una recusación en la que no concreta nada los hechos que denuncia.
Estos dos abogados aportaron al Supremo una carta anónima que dicen haber recibido en sus despachos, en la que una funcionaria de la Audiencia que no se identifica afirma que en julio escuchó este conversación entre los magistrados Siro García y Garzón:
S. G.- Tenemos que cargarnos a Gómez de Liaño; recuerda que nos hemos comprometido.
B. G.- No veo manera.
S. G.- No te preocupes, tenemos a Otero y a Moscoso y yo me ocupo de la Sala Segunda».
Esa conversación, según el anónimo, la escuchó también el secretario de Gobierno de la Audiencia, Guillermo Fernández Vivancos. Pero éste lo negó ayer y aseguró que no tiene ningún valor al ser un anónimo.
APOYO
Nuevos testigos a favor de Liaño
El Tribunal Supremo ha citado a declarar como testigos al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, al fiscal Pedro Rubira, al catedrático Enrique Gimbernat y al periodista Jaime Campmany, a propuesta del juez Gómez de Liaño. También ha aceptado la prueba documental que ha pedido este juez.
Los abogados de Sogecable presentaron ayer una querella contra Gómez de Liaño en la que le acusan de tres delitos de prevaricación por haber acordado hace meses mantener el secreto parcial del caso e imponer 200 millones de fianza a Polanco.
Fuentes jurídicas indicaron que esta querella, varios meses después, parece estar creada «artificialmente» para alegar después, cuando el caso vuelva al juez, que él no puede tramitarlo porque una de las partes se ha querellado.