1995-12-18.EL MUNDO.LORD PROTECTOR DEL CRIMEN DE ESTADO AGT

LORD PROTECTOR DEL CRIMEN DE ESTADO
EL MUNDO. LUNES 18 DE DICIEMBRE DE 1995
ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO
Ya tenemos doctrina legal sobre la impunidad del poder político en materia criminal. ¿Qué se habían creído esa ingenua Sala Segunda del Supremo y ese pobre juez? ¿Que la Justicia, la Ley o el Derecho iban a prevalecer contra el crimen de los gobernantes? ¿Pero a qué clase de Estado creían estar sirviendo? Tienen la suerte de estar presididos por una criatura del poder que ha sabido poner las cosas de la Justicia bajo el imperio de la ley de secretos del Poder Ejecutivo. Pero  y el juez instructor no son culpables de haberse equivocado de imperio. Han sido víctimas de un espejismo. Tomaron por real lo que sólo era vibración de aire caliente propagado por la publicidad del Estado de Derecho. Hitler padeció el mismo espejismo con las divisiones acorazadas lanzadas a las ondas etéreas por Goebbels. 
En lugar de escarnecidos por el Tribunal de Conflictos, deberían de sentirse aliviados con la corrección doctrinal recibida. Había de verdad un conflicto de jurisdicciones. No entre la instancia judicial que investigaba el crimen y la gubernamental que se oponía, eso era simple obstrucción a la Justicia, sino entre la Jurisdicción de lo real y la de los sueños, entre el gobierno de los hombres y el de las leyes. El espejismo se ha esfumado. Sólo hay lo que en realidad sólo había. Un imperio de gobernadores. 
No importa que el espejismo legal de  y del juez lo sufran también los gobernados. Todos se equivocan. La realidad española es el gobierno de los hombres. No el de las leyes. La novísima doctrina rompe con la antigualla medieval de Henry de Bracton, heredada de Eurípides y Aristóteles, que el juez Coke instaló en el Estado moderno, contra la opinión de Francis Bacon. Menos mal que Hobbes nos advirtió del peligro que suponía, para el poder soberano, el gobierno de las leyes. El régimen español, consensuado con la anterior dictadura, no podía ser otra cosa que silencio hobbesiano de las leyes. Pero, ¿qué pasa entonces con el imperio de la ley? Otra antigualla liberal del jurista Dicey, útil para asustar a maleantes, pero inconveniente para gobernar con expropiaciones (Rumasa), con fondos reservados, con crímenes (GAL), con escuchas por razón de Estado (CESID). Frente a la intangible seguridad del Estado, cuya mera invocación verbal por los gobernantes es ley suprema de los supremos jueces, todas las leyes civiles y penales de protección a los derechos humanos deben silenciarse. El derecho a la vida, a la propiedad y al honor expresan un tipo de interés privado y egoísta, que los magistrados del interés público y común sacrifican a la seguridad del gobernante que dice realizarlo, aunque sea en secreto. 
Es difícil de comprender que una idea tan platónica y generosa como la compartida por los emperadores de la Ley y la Justicia, no sea alabada por unos partidillos, unos periodistas y unos jueces incorrectos. Causa espanto que alguien sea capaz de tanto egoísmo y mezquindad ante la exhibición de inteligente altruismo que nos brindan los servidores del imperio sobre  magistrados de  deberían asistir, en prueba de acatamiento a la correcta doctrina del Tribunal Administrativo de Conflictos, a la cena homenaje de los ciudadanos correctos al lugarteniente del secreto de Estado. Y en acto de contricción, por su pecado medieval de considerar investigable el crimen de Estado amparado por la ley de secretos oficiales,  debería ofrecer además su dimisión al teniente supremo de la seguridad del Estado. Por fortuna, frente a tanto error y tanta incorrección de los jueces en asuntos de Estado, frente a la incoherencia de esos incorrectos periodistas que niegan a los gobernantes el derecho al secreto profesional de que ellos disfrutan, y frente a los partidos incorrectos, se ha levantado al fin, erguida de puntillas sobre los hombros de sus correctos seguidores, la imponente estatura jurídica del lord Protector del crimen de Estado.