2000-11-30.LA RAZON.LA REVOLUCIÓN DE LA VERGÜENZA JOAQUIN NAVARRO

LA REVOLUCIÓN DE LA VERGÜENZA 
LA RAZÓN. JUEVES 30 DE NOVIEMBRE DE 2000
JOAQUÍN NAVARRO 
No corren vientos favorables para el humanismo penal. Ni tan siquiera para el pensamiento jurídico ilustrado. Las voces que exigen el encarnizamiento punitivo y la ferocidad de los jueces y tribunales no saben hasta qué punto deslegitiman la razón jurídica del Estado de Derecho. Las reglas no pueden ser doblegadas cada vez que conviene. En la jurisdicción, el fin no justifica los medios y las formas son garantía de verdad y de libertad. Como tales, tienen valor para los momentos difíciles más que para los fáciles. Y el fin no puede ser el éxito a toda costa sobre el «enemigo», sino la verdad procesal. Es la culpa -y no la inocencia- la que debe ser demostrada. Y es la prueba de la culpa la que constituye el objeto del proceso. La presunción de inocencia es regla fundamental de civilidad, fruto de una opción garantista que protege la inmunidad de los inocentes aunque sea al precio de la impunidad de algún culpable. «Al cuerpo social le basta que los culpables sean generalmente castigados, pero es su mayor interés que todos los inocentes, sin excepción, estén protegidos». Así pensaba Lauzé di Peret y es ésta la opción en la que Montesquieu fundó el nexo entre la libertad y la seguridad de los ciudadanos: «La libertad política consiste en la seguridad o, al menos, en la convicción que se tiene de la propia seguridad». Dicha seguridad no se ve nunca tan atacada como en estos juicios mediáticos, azuzados por el poder, en los que los «señalados» no pueden razonablemente esperar que su inocencia sea respetada. Saben sus jueces que casi nadie les censurará por su dureza y casi todos repudiarán su indulgencia, aunque venga exigida por la más absoluta inexistencia de indicios objetivos de culpa. Saben que la libertad del acusado causará «escándalo político» y «alarma social». Como decía el maestro Carrara, «verdadero escándalo es ver a los tribunales condenar siempre y ver a jueces a los que les parece cometer un pecado si absuelven y que tiemblan afiebrados y suspiran como infelices al firmar una absolución, aunque no tiemblen ni suspiren al firmar una condena». Esto sí que es un verdadero escándalo, causa de inseguridad y convicción de arbitrariedad. Los derechos de los ciudadanos están amenazados por los delitos pero también por las penas arbitrarias.
La presunción de inocencia no es sólo garantía de libertad y verdad. También, de seguridad. De esa «seguridad específica» que debe ofrecer el Estado democrático y que se expresa en la confianza de los ciudadanos en la justicia. Y de esa «defensa específica» que se ofrece a todo ciudadano frente al arbitrio punitivo. Por eso, el miedo que la justicia inspira a los ciudadanos es signo inconfundible de la pérdida de legitimidad política de la jurisdicción. Al mismo tiempo, prueba de su involución y su irracionalidad. Cada vez que un acusado inocente tiene razón para temer a un juez es que éste se encuentra fuera de la lógica del Estado de Derecho. El miedo, la desconfianza y la inseguridad del inocente subrayan la quiebra de la jurisdicción penal y la ruptura de los valores políticos que deberían legitimarla. Ese miedo y esa inseguridad existen ahora, cada vez con mayor fuerza, por el clima de linchamiento a que se somete a determinados colectivos minoritarios (de carácter político o social) por profesar ideas, defender programas o encarnar intereses ajenos o contrarios al consenso político y mediático del «stablishment». Con ellos no va la presunción de inocencia. Se presume su culpabilidad y se vocea su criminalidad. Cuando existen ideas o intereses -de clase o de grupo- que no se pueden defender democráticamente porque son demonizados y perseguidos, la razón jurídica del Estado de Derecho queda sustituida por la más descarnada razón de Estado. Se olvida así una verdad inesquivable: «El fundamento de las instituciones en la libertad tiene el mismo valor constituyente que el principio de no contradicción para la lógica del lenguaje». Así lo expresa el maestro García Trevijano. Sin libertad no hay justicia. Sin justicia, el Estado se convierte en una asociación de malhechores. ¿Para cuándo la revolución de la vergüenza?