1976-04-03.CUADERNOS.LA OPOSICION UNIDA Y DETENIDA-páginas-1,15-16

PARA EL DIALOGO

CONSEJO
MANDO

N.• 153 u 2. EPOCA • 3.9 ABRIL • 50 PTAS.

A

POLITICA organismo unitario denominado  Coordinación
Democrática, nombre en cierta medida indica-
tivo y programático de sus fines y objetivos
políticos.

Trece partidos y grupos aparecen como fir-
mantes de una declaración de lenguaje conciso
y moderado (se insiste varias veces en la  via
pacífica hacia la democracia), que propone "la
realización de la ruptura o alternativa demo-
crática mediante la apertura de un periodo
constituyente, que conduzca, a través de una
consulta popular, basada en el sufragio univer-
sal, a una decisión sobre la forma del Estado y
del Gobierno, así como la defensa de las liber-
tades y derechos políticos durante este perío-
do". El documento es más duro, sin embargo,
al enjuiciar la política reformista del Gobierno.
También afirma que "las proyectadas Leyes
de reforma politica, aprobadas por el Gobier-
no y enviadas a las Cortes, no son aceptables
para la oposición, porque si bien desde un
punto de vista formal modifican los criterios
anteriores, no reconocen las libertades demo-
cráticas a todos los ciudadanos del Estado".

Gestación del pacto

El documento elaborado por Coordinación
Democrática, en sus puntos programáticos
concretos no arroja ninguna novedad respecto
a los sucesivos manifiestos publicados
anteriormente por los partidos políticos de
oposición, dentro o fuera de los organismos
unitarios: amnistía, pleno ejercicio de los dere-
chos humanos y libertades políticas consagra-
das en los textos jurídicos internacionales,
libertad sindical, reconocimiento de las nacio-
nalidades y funcionamiento de un poder judi-
cial único e independiente, son los puntos bási-
cos recogidos.

Son firmantes: Comisiones Obreras, Grupo
Independiente, Movimiento Comunista, Parti-
do Carlista, Partido Comunista de España,
Partido Demócrata Popular (bajo reserva de
ratificación), Partido Social Demócrata, Parti-
do Socialista Obrero Español, Partido
Socialista Popular, Partido del Trabajo de
España, Union General de Trabajadores,
Unión Social Demócrata Española e Izquierda
Democrática. Este último "hace constar
expresamente la reserva de tener que someter
el texto a la deliberación y acuerdo, en su
caso, del Congreso Nacional los días 3 y 4 de
abril". En la próxima semana, Justicia Demo-
crática, Confederación Socialista y otros gru-
pos más a la derecha podrían solicitar su
ingreso. Previamente el PSP (Tierno Galván)
había abandonado la Confederación Socialis-
ta, de la que formaba parte, evitando así un
espinoso problema de duplicidad en su repre-

por caitze, eán

A la puerta del despacho de  García-Trevijano.
Los periodistas fueron invitados a disolverse.

LA OPOSICION UNIDA
(Y DETENIDA)

"La Dirección General de Seguridad
tuvo noticia de haberse convocado por
4.. don Antonio Garcia-Trevidano Forte
una rueda de prensa con objeto de presentar
públicamente el organismo ilegal denominado
Coordinación Democrática, rueda de prensa a
la que se citaba a los medios informativos y
otras personas en número indeterminado.

No constando que para dicho acto hubiera
sido solicitada la preceptiva autorización y
sabiendo —por informaciones aparecidas en la
prensa diaria— que dicho organismo ileeal
estaba integrado mayoritariamente por faccio-
nes comunistas y otros compañeros de viaje,
todas ellas ilegales, se procedió a impedir su
celebración, dada su manifiesta ilegalidad.

En el lugar de la convocatoria se hallaban
varios periodistas nacionales y extranjeros, así
como distintas personas, procediendo los fun-

cionarios policiales a la identificación de los
que iban llegando, entre los que se encontra-
ban don Raúl Morodo, don Marcelino Canta-
cho, el propio señor García-Trevijano, el señor
Alvarez Dorronsoro y el señor Solana
Madariaga, los cuales fueron conducidos a la
Dirección General de Seguridad para prestar
declaración, trámite en el que se encuentran a
la hora de redactar esta nota, nueve y treinta
horas de la noche".

Así, en el mejor estilo de tiempos al parecer
no tan pretéritos (acentuados en su lectura por
los medios oficiales de comunicación, al no
conceder tratamiento a los cinco detenidos),
resumía la nota policial lo que para muchos
observadores, propios y foráneos, era el más
importante acontecimiento político de los últi-
mos meses: la fusión de la Junta Democrática
y de la Plataforma de Convergencia en un

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16 Sábado 3 de abril de 1976

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sentación. En este sentido, los observadores
no ocultan cierta sorpresa por el, al parecer,
cordial entendimiento de Enrique Mugica
(PSOE) y Raúl Morodo (PSP).

Tres chas tardó la comisión delegada en ela-
borar el texto que fue aprobado por el pleno
en ciernes, no sin ciertas correcciones que
matizaban la redacción original en algunos
puntos importantes, entre otros el nombre:
unidad fue sustituido por coordinación, proba-
blemente más explícito de un pacto que no
disuelve los partidos, sino que los aglutina y
coordina hasta el momento de las elecciones
generales. Es, pues, un acuerdo-marco de
carácter coyuntural, al que se ha llegado des-
pués de multitud de vicisitudes y de diferencias
de enfoques y puntos de vista, superadas en
función de la situación real del país y del inten-
to de los reformistas de dividir a la oposición.
Ha llamado poderosamente la atencion la lla-
mada a todas las fuerzas políticas reales del
país, sin exclusiones y "con voluntad de
superación de pasados enfrentamientos".

En el curso de las conversaciones de la
comisión elaboradora del proyecto fueron sor-
teándose diversos obstáculos, que no dejaron
de producir tensiones en algunos momentos.
El dificil asunto de la presencia de las organi-
zaciones de base en el nuevo organismo se
superó aceptando la presencia de éstas en el
pleno, con voz pero sin voto, y según, al pare-
cer, un reglamento de funcionamiento no
hecho público hasta el momento. El tema de la
presencia de observadores de otros organis-
mos unitarios de las nacionalidades no se
resolvió, ante la dificultad que presentaba el
hecho de que, salvo en el País Vasco, existen
varios colectivos y en algunos de ellos está
planteado el llamado problema del sucursalis-
mo. Tema aún sin resolver. Sin embargo, pare-
ce que el clima de entendimiento, a partir de la
expresa declaración del reconocimiento de los
derechos de las nacionalidades, podría entrar
en una fase de colaboración y mutuo entendi-
miento. No obstante, no todas las reticencias
parecen superadas en este sustancial punto.
Las próximas podrían ser, en este sentido,
decisivas.

Rechazo

La frustrada conferencia de prensa y la
detención de cinco destacados miembros par-
ticipantes en las conversaciones, a pesar de su
previa suspensión, indican de manera clara
que el Poder no ha visto con buenos ojos la
creación de Coordinación Democrática. El
tono de la nota reafirma, las primeras impre-
siones recogidas, en el sentido de que la oposi-
ción unida o coordinada puede poner en entre-
dicho una política reformista que, por el
momento, no ha pasado de las intenciones
más o menos contradictoriamente expresadas.
Por el contrario, la oposición ha dado con este
paso una prueba evidente de rechazo a todo lo
que no sea el reconocimiento efectivo de los
derechos y libertades democráticas. No todo
está andado, ni todas las diferencias supera-
das, pero la creación de  Coordinación Demo-
crática ha despertado y puesto en marcha un
mecanismo que tarde o temprano el Poder
habrá de reconocer.

A la hora de cerrar esta edición —medio-
día del martes— continuaban aún en las
dependencias policiales Marcelino Cama-
cho (Comisiones Obreras) y Alvarez
Dorronsoro (Movimiento Comunista), ade-
más de Nazario Aguado (Partido del Tra-
bajo), cuyo nombre no figuraba en la nota
de la Dirección General de Seguridad.

MTE LA REFORMA
eitvidoo PENAL

Ca los GARC A VALDES

El Gobierno ha remitido a las  Cor-
tes un proyecto de reforma de
nuestro Código Penal, en relación
a determinados artículos: asociaciones
ilícitas, propagandas ilegales, reunión y/o
manifestación no pacíficas y terrorismo.
Con el mismo se pretende cooperar al
establecimiento en nuestro país de una
"democracia bajo el imperio de la ley".
A primera vista, la reforma es timora-
ta y como "a regañadientes". En elevado
porcentaje se siguen tipificando como
delictivas ideas, cuando lo propio de un
texto punitivo es describir y sancionar
actos; de otra parte, como aspecto positi-
vo, parece advertirse una  despenaliza-
ción de conductas que anteriormente
eran duramente reprimidas por la legis-
lación de posguerra.

Respecto a las asociaciones ilícitas
—además de reputar como tales a las con-
trarias a la moral o buenas costumbres y
las que tengan por objeto cometer algún
delito—, las de carácter político se
excluyen de la legalidad cuando preten-
dan: 1. 0 La subversión violenta. 2.° La
destrucción del orden jurídico.  3. 0 La
implantación de un régimen totalitario.
4.° Atentar contra la unidad, soberanía,
independencia o seguridad de la Patria.
5.° Promover la discriminación entre ciu-
dadanos por razón de raza, religión, sexo
o situación económica.

Esta descripción legal tiene problemas.
Un Código Penal no debe ser un tratado
de ciencia política y, en consecuencia, no
tiene por qué configurar en su articulado
una creación científica, cual la expresión
"régimen totalitario", entidad ideológica
que debe ser desconocida técnicamente
para la ciencia penal. No se trata de
mostrar simpatías con tales grupos u
organizaciones —rojo o negros—, pues, en
lo que a mí respecta, nada más lejos de
mis sentimientos: se trata de restaurar el
imperio de la Ley penal a su estricto
cometido, sin invadir otras parcelas del
saber jurídico que no le son propias y sin
realizar exclusiones "ideológicas", del
cariz que fueren, "a priori".

.L Todo subversivo?

Tampoco se entiende bien qué se trata
de criminalizar al reiterar la expresión
"destrucción del orden jurídico" : ?,aten-
tar contra el dogma de la separación de
poderes?, ¿no poder derogar leyes viejas
para una situación nueva? También
resulta complicado comprender correcta-
mente las tan manidas palabras "subver-
sión violenta", no tanto por el calificativo
como por el sustantivo: ¿se requerirá el
exclusivo fin político para caer en el deli-
to?, ¿qué sucede cuando la mejora econó-
mica sea el propósito primordial de la
organización?, ¿se impondrá la razón y el
buen sentido que exige una interpreta-
ción superrestrictiva en esta matera?, ¿se
distinguirá correctamente entre el  lan-

zarse a la calle de manera rebelde o sedi-
ciosa, a propugnar cambios en un progra-
ma de gobierno o criticar su gestión?, ¿va
a seguir siendo casi todo lo que signifique
reivindicación, fuera de los aún estrechos
cauces legales, tachado con el mote de
subversivo?

Pero no concluyen aquí los problemas.
Si es relativamente sencillo entender que
en otro párrafo de la nueva regulación se
castiguen las actividades separatistas o
las de traición a la Patria, el proyecto, al
crear un nuevo tipo de asociación ilícita,
que ya hemos mencionado, y que se
refiere a promover discriminaciones
entre los ciudadanos, introduce nuevos
focos de confusión, ¿tiene una naturaleza
eminentemente política este precepto y
pretende excluir así de la legalidad a
cuantas ideologías marxistas propugnen,
más o menos radicalmente, la lucha de
clases (discriminación por situación eco-
nómica) o, por el contrario, es la consa-
gración del respeto para aquel sector de
la libertad y dignidad humana que lucha
por la igualdad- de toda persona ante la
ley?
Como se ve, las cuestiones se multipli-
can, y si insisto más en la regulación
penal del derecho de asociación es por-
que las propagandas ilegales se han cons-
truido partiendo del mismo y no merecen
mayor comentario, y los delitos de reu-
nión y manifestación parece que, a su
vez, se van a poner en estrecha relación
con las asociaciones, grupos o partidos
que las promuevan o convoquen.

Piquetes

Me resta ocuparme del nuevo párrafo
añadido al vigente artículo  263 del Códi-
go Penal, en el cual se tipifican los "pi-
quetes" que pretendan impedir el libre
ejercicio del derecho al trabajo.

Sistemáticamente es reprochable que
se incluyan estas conductas en la sección
denominada "terrorismo y tenencia de
explosivos", pero al margen  de ello no
ofrece duda que el piquete en cuestión ha
de actuar violentamente,  por exigencias
del contexto en el que el nuevo párrafo se
inscribe. Hasta ahora, esta actividad se
castigaba, criticablemente, como provo-
caciób a la sedición del articulo 222.

A grandes rasgos, estas son las re-
flexiones que se me ocurren hoy al con-
templar el proyecto de Ley comentado.
Como soy posihilista —optimista irrecu-
perable, dicen mis buenos amigos—, no
puedo regatear el tener por positivo lo
que de reforma y buena voluntad presen-
ta el mismo, respecto a la situación
anterior, aunque los interrogantes apun-
tados subsisten y se vuelve a echar de
menos la ausencia de consultas a orga-
nismos especializados (Universidad,
Judicatura, Abogacía) en materia de
retocar el Códogo Penal, método viejo
que se mantiene por inercia —no puedo
pensar que por desdén— para situaciones
que son ya, inexorable y afortunadamen-
te , nuevas recién estrenadas.  •

Cuadernos para el diálogo 17