1998-07-28.ABC.LA CACERIA JAIME CAMPMANY
Publicado: 1998-07-28 · Medio: ABC
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MARTES 28-7-98 OPINIÓN ABC I \7 EL SUPREMO esto sí que es grave. Esto sí que es seria. Tener un magistrado del Supremo que miente. Algo que atenta contra la misma base del Estado de Derecho. Es por lo que, en Estados Unidos, el juez no se pararía ahí. Llamaría a los perio distas que publicaron la noticia. Al director del diario «El país», que fue el primero que la sacó a la calle, y al redactor encargado de redactarla. Y les preguntaría quién se la había filtrado. Ellos, casi s^guro^irían que el secreto profesional les impide decírselo. El juez les coiitestaría que eso está muy bien, pero^que tal secreto no está incluido en^l Código Penal como eximente. Asf-qyeo se lo di cen o les condena por desacator¥- si ellos siguen callados, les en viará a la cárcel. El periodista tiene el deber de no revelar sus fuentes. Pero no tiene el derecho de guardárselas ante un Tribunal que trata de aclarar un delito. Re cuerdo el caso de un periodista del «New York Times» que acabó en una celda por ello. Y más reciente mente, una ayudante de Clinton lleva dos años en la cárcel por no haber contestado a las preguntas de un juez. De ahí en adelante, hay dos posibilidades: que el magis trado autor de la filtración tenga un gesto de dignidad y diga en voz alta: «Yo fui», con lo que ahorraría al periodista la pena. O que siga cañado, con lo que quien paga es el periodista, si es que sigue prefi riendo mantener el secreto profe sional a escudar a un magistrado indigno. En cualquier caso, la Jus ticia queda servida. Se ha come tido una falta grave y alguien paga por ella. En España, por el contra rio, más que Justicia se hace un paripé. Se hace como si se inves tiga. Se conducen unos interroga torios. Se dan por satisfechos con_ las respuestas de cumplido y tBdós -coirtBntOsT^ues se ha lavado la cara a la Justicia. Lo que no sé es si se hace Justicia. Pues una falta muy grave quedaría sin sancio narse. Mejor dicho, dos: la filtra ción y el perjurio. Tal vez se en gañen a sí mismos. Pero no van a engañar a los demás. José María CARRASCAL ^^mr^'^ ií/í^x^'^ío; í í f ^ l ^ ^ ^ ^ í ' - T Í U^ Breverías Kremlinología aguda La situación en Rusia es tan caótica que sólo quienes co nocieron los usos políticos de la extinta Unión Soviética, los kremlinólogos, recuerdan mo mentos tan confusos. Kiriyenko, el primer ministro que había de ser el títere del presidente, ha en mendado la plana a quien le en cumbró. Mientras Yeltsin, desde su dacha, alude, en tono críptico, a la necesidad de una «limpieza» gubernamental, Kiriyenko da por zanjada la crisis con el nom bramiento de im nuevo director general del Servicio Federal de Seguridad, el antiguo KGB. En medio de esta agitación, prosi guen las huelgas, la asfixia económica, la incertidumbre, el peligro de un retorno al pasado. Abismarse en la Expo La Exposición de Sevilla desa pareció sumida en un insondable agujero financiero. El Tribunal de Cuentas ha decidido abis marse en el pozo para intentar vislumbrar el fondo, y el modo de asomarse a él es fiscalizar, además de la Sociedad Estatal Cartuja 93, conocida como Agesa, heredera de la Sociedad Estatal Expo 92 que tan colorido hizo el desastre, investigado por Garzón. Que el actual presidente de Agesa diga que su empresa es «ineficaz e ineficiente», y que Cartuja 93 «hace aguas por todas partes» es bastante significativo. El Tribunal debe aclarar porqué aquélla fue creada a última hora, en servicio de qué intereses, y cuál pudo ser el papel de Pellón. W ^X^ v^^ Mí«b Adr hA *^ % ¡nV *tií aet ÍIA, itit JUt,«j9E -49 ABC iii«inn@tícaK ivww.abc.es/informatica Escenas políticas LA CACERÍA AL comentar la sentencia del «caso Marey», don Fe- üpe González ha usado dos ex presiones que pronunciadas por él no pueden dejar de producir escalofríos. Se ha referido a «la ca cería» y al «sindi cato del crimen». No se puede en contrar una opor tunidad peor para mentar la cuerda en casa del ahor- c a d o. A f i r ma González que el «caso Marey»ry-se sobrentiende que todos los demás casos del GAL, se derivan de una «operación antigua» lan zada contra él con objeto de desalojarlo de La Moncloa. O sea, que el secuestro de Ma rey, la cal viva de Lasa y Za- baJa y los demás crímenes del GAL fueron organizados por no se sabe quién, puesto que Barrionuevo y Vera son ino centes, con el propósito de chafarle a Felipe González la guitarra. Pide González con singular gallardía y bravura que se centre sobre él la «cacería» abierta contra los sociahstas, y declara con generosa altivez que asume plenamente todas las responsabilidades políti cas. De las responsabiñdades penales nada dice. Ésas las deja para que las paguen Ba rrionuevo, Vera y los demás, aunque haciendo constar que esos dos son inocentes. ¿En qué estarán pensando los jue ces del Supremo para no per catarse de esa inocencia? Lo más probable es que, como le espetó el propio Fehpe Gonzá lez al presidente de la Audien cia Nacional, don Clemente Auger, «aquí no hay nadie que les diga a los jueces lo que tie nen que hacer». Hablar de «cacería» abierta contra los socialistas cuando los jueces investigan una ver dadera cacería con .veintiocho muertos y medio, es un in sulto a los Tribunales de Jus ticia, que no cazan sino que juzgan, y una broma macabra. Para González, ahí están los once magistrados de la Sala Segunda del Sutóremo, aposta dos detrás de la mesa, llena de códigos y sumarios, armados de rifles de repetición, ayuda dos por batidores y alimañe- ros fiscales, ojeando socialis tas, a ver al que cazan. Bueno, once magistrados, no. Hay cuatro (Jiménez Vülarejo, Ca- nivell, Bacigalupo y García j Ancos) que, en vez de cazar | socialistas, los oxean, los ahu- yentan por compasión o solí- ¡ daridad y tiran al aire. Según i Felipe González, ¡ las cacerías las or- ¡ ganizan los cene- I j jos. En eso de asu mir las responsabi- j j lidades políticas, Fehpe González ha j hecho una impor- j tante matización. | No se trata de asu- J dades políticas así como así, tal y como se han enten dido siempre las responsabilidades políticas. González asume, sí, esas res ponsabilidades, pero en la di rección contraria de la que quiere marcar «el sindicato del crimen». Aquí, el sindicato del crimen realmente activo, el sindicato que ha cometido crímenes, es un sindicato del que son responsables el pro pio Felipe González, sus mi nistros y colaboradores. Poco inspirados anduvieron Juan Luis Cebrián y Javier Pradera, autores de la denomi nación de origen. Pero el nom bre alcanzó fortuna entre los chupavelas y rapacirios de la parroquia, y ahora hay algu nos que lo repiten. En ese «sin dicato del crimen» están, que yo me acuerde, Camilo José Cela, Antonio Gala, Luis María Anson, Antonio Burgos, Luis del Olmo, José Luis Gutiérrez, José Luis Martín Prieto, Julián Lago, Pablo Sebastián, Pedro Jota Ramírez, Luis Herrero, José Luis Balbín, Raúl del Pozo, Federico Jiménez Losan- tos y Antonio García Trevi- jano. Y estuvo, claro está, el inolvidable Antonio Herrero. Ninguno de ellos ha matado, ni secuestrado ni se ha llevado fondos reservados de las arcas púbhcas. Hablar en España y en estos momentos de im «sin dicato del crimen» es una alu sión a la banda del GAL en el Ministerio felipista de Interior. Y la «cacería» más obvia es la que ellos organizaron. Más claro, agua. Cuando Felipe González sale por ahí hablando de «ca cería» y de «sindicato del cri men» no parece sino que estu viese recitando una confesión pública de culpabilidad. ¿Es que no hay quien le diga a González lo que tiene que ca llar, y dónde tiene que me terse la escopeta? Jaime CAMPMANY ABC (Madrid) - 28/07/1998, Página 17 Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.