2001-05-29.EL MUNDO.JUICIO EN EL TSJM

JUICIO EN EL TSJM. EL FISCAL MANTIENE QUE VILLAPALOS USÓ EN SU BENEFICIO 30 MILLONES DE LA UNIVERSIDAD
EL MUNDO, 29 MAYO 2001
PASCUAL GARCÍA. MADRID
El fiscal del juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos contra el consejero Gustavo Villapalos rector de la Complutense en el momento de los hechos juzgados y contra Jesús Calvo Soria gerente entonces de la Universidad mantuvo ayer que Villapalos utilizó 30 millones de dinero público en su propio interés. Concretamente, para que el profesor Manuel Garrido retirara una querella que había presentado contra Villapalos, quien, un mes después, sería consejero del primer Gobierno de Ruiz-Gallardón.
El fiscal ratificó su acusación y la petición de penas de tres años de cárcel y 12 de inhabilitación para los acusados.
El Ministerio Público hizo ayer un resumen de las tesis que ha mantenido en el juicio y ratificó los cargos de prevaricación y malversación.
Además, pidió que las personas que se han beneficiado de esta actuación delictiva: el propio denunciante, el profesor Garrido, y su cuñado, el abogado Antonio García Trevijano, devuelvan los 30 millones que percibieron al beneficiarse del uso fraudulento del dinero público.
En este sentido, el profesor Garrido manifestó que no tiene ningún problema en devolver dicha cantidad siempre que se declare culpables a los acusados, aunque para ello se tenga que ejecutar, como dijo su abogado, la hipoteca de su casa.
El Ministerio Público basó su acusación de prevaricación en varias cuestiones: que Villapalos pagó 30 millones sin tener competencia para ello y sin que existiera resolución administrativa alguna que le obligara a indemnizar al profesor. Que lo hizo por su interés personal, debido a que sólo un mes después su futuro profesional cambió al encaminarse a la vida política y ser nombrado consejero del Gobierno de Ruiz-Gallardón. Que hizo este pago para que el profesor Garrido retirara la querella que había presentado contra él, como finalmente ocurrió. Que el mantenimiento de dicha querella hubiera perjudicado su futuro político. Que Villapalos no era competente para ordenar dicho pago y que no se cumplió ninguno de los trámites administrativos que legalmente se deben seguir en una indemnización por daños y perjuicios, esto es, que el procedimiento seguido fue absolutamente irregular.
Además, la fiscalía relató que, durante el juicio oral, se ha constatado que la decisión individual de Villapalos no contó con el visto bueno ni de la inspección técnica ni de los servicios jurídicos de la Universidad, en contra de lo declarado por los acusados; esto es, que la decisión fue unilateral, ilegal e interesada.
Las acusaciones, por su parte, ratificaron la práctica totalidad de lo expuesto por el Ministerio Público. La acusación particular, que representa los intereses del denunciante, el profesor Garrido, se detuvo en el informe emitido por el Tribunal de Cuentas sobre el funcionamiento, en esos años, de la Universidad Complutense y denunció la absoluta falta de control de los pagos extrapresupuestarios que se realizaban.
La acusación popular, que representa al profesor Jesús Fortea, retiró la acusación contra el gerente, Calvo Soria.