1995-10-11.ABC.JUEZ NAVARRO LLAMA INSENSATO A CISCAR

Publicado: 1995-10-11 · Medio: ABC

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2Ó/ABC

NACIONAL

MIÉRCOLES  11-10-95

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El  C6PJ  critica que la Ley del Gobierno  limite
la  capacidad de control de los ciudadanos
Reclama de nuevo al Ejecutivo un proceso de protección de derechos fundamentales por los jueces
Madrid. M. Peral
El pleno del Consejo General del Poder Judicial discutirá hoy su dictamen al anteproyecto
de Ley del Gobierno, texto que, pese a merecer una valoración global positiva, es objeto
de  varias  matizaciones  por parte  del órgano de gobierno  del Poder  Judicial. El CGPJ
vuelve a instar al Ejecutivo a regular el proceso previsto en el artículo 53 de la Constitu-
ción  para  que los jueces  sean  los primeros  garantes de los derechos  fundamentales.
aquella expresión que pueda conducir a la dis-
crecionalidad  en la decisión  de acudir  al  trá-
mite de audiencia».

La  Comisión  de Estudios  e Informes del
Consejo  General  del Poder  Judicial  (CGPJ)
tiene previsto presentar hoy al pleno un informe
elaborado por los vocales  Juan Antonio  Xiol y
Ana Pérez Tórtola sobre el anteproyecto de Ley
Reguladora del Gobierno.

El anteproyecto fue remitido al CGPJ por el
Ministerio de Justicia e Interior el 25 de  sep-,
tiembre con el fin de que el órgano de gobierno
del Poder Judicial se pronuncie sobre dos con-
cretos  preceptos  en ¡os que se establece la
posibilidad  de impugnar  ante  la jurisdicción
contencioso-admlnistrativa  los actos  del  Go-
bierno sometidos al Derecho administrativo.

No obstante, la Comisión de Estudios amplía
el objeto del dictamen a otros preceptos de la
futura Ley del Gobierno que, ajuicio del CGPJ,
«pueden afectar a aspectos jurídicos constitu-
cionales de la tutela ante los Tribunales ordina-
rios del ejercicio de derechos fundamentales».
Así,  el informe  propone  una corrección del
artículo 40.5 del anteproyecto,  en el que  se
prevé el sometimiento de los reglamentos del
Gobierno a audiencia de los ciudadanos u or-
ganizaciones  afectados  por esas  disposicio-
nes,  trámite de audiencia que «puede ser abre-
viado e, incluso, omitido en caso de urgencia o
por razón de la índole de la disposición», dice
la Ley.

El dictamen  que debatirá hoy el CGPJ  su-
braya que el trámite de audiencia pública «su-
pone  hacer  efectivo el principio  democrático
de  participación de los ciudadanos»  garanti-
zado en la Constitución, hasta el punto de que
el  Poder  Judicial ha estimado que la omisión
de ese trámite «supone la existencia de un vi-
cio radical insubsanable que puede conducir a
la nulidad plena de la disposición afectada».

Por ello, el Consejo  propone  «una nueva re-
dacción» del artículo  40.5 para  «eliminar  toda

Asimismo,  el CGPJ  pide  al Gobierno  que
que «sistematice» mejor la enumeración de sus
funciones,  especialmente  las referidas a la di-
rección de la política interior que pueden afec-
tar «a otros órganos o entes constitucionales».
A este  respecto, el Consejo del Poder Judi-
cial pide una mayor concreción de lo dispuesto
en los apartados g) y h) del artículo 3.1, en  los
'cuales  se establecen  las facultades  del  Go-
bierno  para la «alta inspección, requerimiento e
impugnación» del ejercicio de sus competen-
cias por parte de las comunidades autónomas y
Administración local.

«No hay zonas inmunes»

En cuanto a los preceptos  sobre los que el

Ministerio  solicitó  un pronunciamiento del
CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces su-
braya que la Constitución  «reconoce  la clau-
sula general de fiscalización de las actividades
administrativas por los Tribunales y el reconoci-
miento,  como  derecho  fundamental, de la tu-
tela judicial  efectiva, lo cual  conduce  inexora-
blemente a la imposibilidad de mantener actos
o zonas inmunes al control judicial».

El Consejo del Poder Judicial vuelve a insistir
en la «imperiosa  necesidad»  de que el  Go-
bierno  regule el procedimiento  previsto en  el
artículo 53.2 de la Constitución para la protec-
ción de tos derechos  fundamentales  ante los
Tribunales ordinarios.

El CGPJ reclama una «regulación autónoma»
del proceso preferente y sumario previsto en la
Norma Fundamental  para que los órganos del
Poder Judicial  sean «los garantes  primeros de
los derechos fundamentales».

El juez Navarro llama  «insensato» a Ciscar por implicar a
magistrados y fiscales en una conspiración  «sin dar pruebas)

Madrid. M. P.
Jueces, abogados y políticos asistieron ayer
a la presentación del libro del magistrado de la
Audiencia de Madrid Joaquín  Navarro «Manos
sucias. El poder  contra la justicia»,  prologado
por Baltasar Garzón y Pablo Castellano.

Además del juez de la Audiencia Nacional y
del ex diputado de Izquierda  Unida estuvieron
presentes los magistrados  Perfecto Andrés y
Antonio  Pedreira; el abogado  Antonio  García
Trevijano; el coordinador de IU Julio Anguita y
el diputado del Partido  Popular  Gabriel Cisne-
ros;  el profesor  Luis Gómez  Llórente; el direc-
tor de "Diario  16", José Luis Gutiérrez, y el pe-
riodista Iñaki Gabilondo, que presentó el libro.
Navarro  señaló  durante su intervención que
el Estado democrático de Derecho que diseña
la Constitución de 1978 «significa la existencia
de  una separación efectiva de poderes», pese
lo cual «se ha incurrido en graves deficiencias»
derivadas del predominio del Ejecutivo sobre el
resto de los poderes del Estado.

Este  dinámica  responde,  a su juicio, al  in-

teres del Ejecutivo en «buscar el derecho a la
impunidad» y ha provocado una situación en la
que sólo «un sector de los medios de comuni-
cación» y «un sector  muy minoritario  de  jue-
ces» ejercen un control del poder.  «Y el poder
reacciona  inventando  una conspiración, de
forma que no conspiran  quienes  crearon una
trama terrorista con los GAL, sino que  conspi-
ran los que denuncian la conspiración».

Las declaraciones del socialista Cipriano Cis-
car sobre la famosa «conspiración» merecieron
un comentario de Joaquín  Navarro:  «Implicar a
jueces y fiscales en una conspiración contra el
Estado sin nombres, sin pruebas -dijo- es una
temeridad propia de un insensato».

En su prólogo, Garzón se refiere a los proble-
mas que produce «indagar en zonas prohibidas
sin la "autorización  ni consentimiento"  de  los
afectados. En ese preciso  instante, el propio
Poder activa todas sus baterías para (...) impe-
dir por senderos  ocultos  toda  penetración en
aquellas zonas, so pretexto de una mal  enten-
dida Razón de Estado».

ABC (Madrid) - 11/10/1995, Página 26
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