1997-03-17.EL MUNDO.INMORALIDAD POLÍTICA DE LA AEDE AGT

INMORALIDAD POLÍTICA DE LA AEDE
EL MUNDO. LUNES, 17 DE MARZO DE 1997
ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO
La Asociación de escritores y periodistas independientes (AEPI) se creó para defender la libertad de expresión, contra el secreto y la mentira en los gobiernos y oligopolios editoriales enlazados por  de Editores de Diarios Españoles (AEDE) ha declarado que la admisión de una querella por presunto delito de apropiación contra los administradores del grupo Prisa, supone una «agresión» a la libertad de expresión. Esta vileza es tan absurda como significativa. Absurda, ya que Polanco y Cebrián están ante la Justicia no por lo que han dicho, sino por lo que han hecho. Significativa, puesto que la AEDE no ha amparado con ella la libertad de expresión, sino la oligárquica libertad de disposición de unos depósitos ajenos. En lo que tiene de absurda, denuncia el poder de Polanco para hacer que la AEDE le rinda tributo de vasallaje. En lo que tiene de significativa, anuncia la difamación que se avecina, en los medios satelizados por el grupo Prisa, contra la dignidad del juez competente, cuando éste impute el delito a sus administradores. Y, no digamos, si decreta su más que probable prisión preventiva. 
No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta del camino por donde van a transcurrir los próximos acontecimientos en este escándalo, que alcanza de lleno al pulmón ideológico del régimen de  con dejar de lado los supuestos de que suelen partir los análisis políticos, y con juzgar la situación desde la sola perspectiva judicial. Porque los poderes políticos y económicos, el Poder Judicial y el Gobierno de Aznar, aunque parezca increíble, nada pueden hacer para torcer o impedir el curso de  vez han topado con un juez. O sea, con uno que se toma en serio la independencia de la Justicia y la dignidad de su función. Y a partir de ahí no es difícil de presagiar el porvenir. Sobre todo para quienes hemos leído los autos ya dictados por Javier Gómez de Liaño. Salvo que los informes periciales dictaminen que los fondos depositados en garantía de los descodificadores no han sido movilizados por los administradores de Canal Plus, todo parece estar decidido en la conciencia y en la voluntad de este ejemplar magistrado. 
Como primera providencia, prohibió a Polanco y Cebrián salir de España sin su autorización. Y después desestimó una declinatoria de jurisdicción (que pretendía distribuir la causa por todos los juzgados de España, como si se tratara de 1.400.000 faltas de 20.000 pesetas cada una), declarando que los hechos denunciados implican «un plan preconcebido o dolo unitario que comprende la totalidad de las acciones realizadas». Y para evitar toda duda sobre lo que entraña en su conciencia el rechazo de esta declinatoria, tan temeraria y torpemente planteada por los abogados defensores, añade de modo prejudicial que, con ella, «se produciría la práctica impunidad de hechos graves que, por su alcance material y la perversidad intelectual dolosa que demuestran sus autores, merecen un trato más severo, en especial por su trascendencia social y ataque profundo al sistema de orden y buena fe que preside las relaciones humanas en su justo desenvolvimiento». Como en los momentos estelares de la cínica solidaridad del felipismo con los altos cargos procesados por gravísimos delitos, la AEDE ha hecho un público alarde de su profunda inmoralidad política, y de su falta de respeto a la Justicia, al proclamar que es agresión a la libertad de expresión la decisión judicial de no tratar como un montón de faltas leves, sino como delito grave, «la perversidad intelectual dolosa que demuestran» los administradores de Canal Plus.