2005-01-10.LA RAZON.ESPAÑA A LA DERIVA GABRIEL ALBENDEA

ESPAÑA A LA DERIVA
LA RAZÓN 10 ENERO 2005
GABRIEL ALBENDEA
España es ahora el único país europeo en el que existe una polémica real sobre su identidad, su Constitución y las consecuencias institucionales y de toda índole que de ella se pueden seguir para los ciudadanos. Y no se trata de la polémica previa a una toma de decisión democrática sobre el porvenir de la nación, como se hizo en la Transición y cuyo resultado fue una Constitución aprobada por una abrumadora mayoría. Entonces nadie la llegó a poner en duda, por eso llegó a un consenso, que el sujeto de la soberanía era el pueblo español que se daba una constitución política. No era esa Constitución la que hacía soberano al pueblo español, sino que sólo porque se presuponía que lo era, que vivía en una nación soberana, España tenía la capacidad constituyente. Sólo él y ninguno de los colectivos que lo componen, por muy diferenciados que se sientan del todo, pueden disfrutar de esa capacidad. (Antonio García Trevijano, en «El discurso de la República», ha argumentado a favor de esa existencia de hecho, incuestionable, de la nación frente a cualquier teoría política o jurídica).
La polémica ahora alumbrada confusa y artificialmente por el nacionalismo, y con el descaro que lo caracteriza, es mucho más grave. La idea última de Ibarretxe, expuesta con la sencillez brutal del analfabeto, pretende que «España sea un proyecto de convivencia sobre la libre asociación de las naciones que la integran». De un plumazo destruye una nación y se inventa no sé cuántas. No sólo es ridículo, sino delictivo para un Tribunal Constitucional que tuviera la cabeza en su sitio y para un Gobierno que hubiera eliminado del Código Penal el castigo de cárcel para quien convocara motu proprio un referéndum de autodeterminación.
En sintonía con el descabellado propósito del PNV, con motivo de un atentado de ETA, un destacado miembro de aquél, Urkullu, amenaza con que «ni ETA ni las Cortes pararán el Plan Ibarretxe. Es claro que este individuo, aparte del mal gusto ético de equiparar a los representantes del pueblo soberano con la banda asesina, se sitúa, como ya es de dominio público hablando del PNV, al margen de la democracia. Porque, incluso antes de que se dialogue con las demás fuerzas políticas y de que se celebre consulta alguna, da por sentado que el plan se impondrá. La insistente propuesta del lendakari y su partido de que el pueblo vasco decida si cambia las reglas de juego democrático es ilegal e ilegítima aun en el supuesto de que tal pueblo fuese sujeto de soberanía. Porque el Plan Ibarretxe sólo podría ser democrático (en la hipótesis absurda de que el pueblo español renunciara a su soberanía sobre Euskadi) si el parlamento vasco lo votara no por mayoría absoluta, sino por mayoría cualificada. Es el cauto procedimiento habitual en las democracias para que un partido ganador de unas elecciones no pretenda perpetuarse en el poder cambiando las reglas de juego que le han llevado a la victoria. La victoria del PNV con el Estatuto de Guernica sólo le autoriza a gobernar de acuerdo a él, pero no tiene más poder que los otros partidos para cambiar las reglas de juego. Si el PNV fuera democrático lo comprendería perfectamente, pero con su negativa a retirar el plan demuestra que no lo es. Lo de Ibarretxe, diciéndolo sin tapujos, es una tentativa golpista. En la democracia la alternancia en el poder debe ser algo anecdótico y es mal asunto cuando pretende convertirse en categoría, o sea, en cambio de las reglas de juego.
Cuando escribí en el 95 «España a la deriva» (Huerga y Fierro), los problemas acuciantes de España, aunque escandalosos, eran problemas del partido gobernante –corrupción, desastre económico, falta de liderazgo–, más que problemas de Estado, de nación, constitucionales. La primera fecha fatídica en la que comienzan éstos y la verdadera deriva de España es la del pacto PNV-ETA, la de la huida sabiniana hacia delante que culmina en el plan soberanista. La segunda fecha de la deriva nacionalista que pretende agudizar el problema constitucional de España es la del gobierno del tripartito catalán, que hace desbarrar al PSC y hace decir a Maragall tonterías como que «hay que diseñar las reglas de juego atendiendo a las diferencias nacionales», o que «serán nacionalidades históricas aquellas que en el pasado hubieran plebiscitado su Estatuto». ¿Ésa es la nueva teoría progresista, la del tradicionalismo más rancio que legitima el ordenamiento político por su antigüedad? Es tan demencial semejante pretensión que podíamos legitimar así las dictaduras por ser mucho más viejas que las democracias.
El PSOE, que gana las elecciones por un trauma popular y que no puede gobernar sin el tripartito catalán y sin los demás partidos en el Senado, se convierte en rehén de los nacionalismos vasco y catalán radicales y se inventa lo de la España plural, la nación de naciones, la comodidad y todas esas zarandajas preconstitucionales, por no decir medievales. Cuando aquí los únicos que incomodan son los terroristas y sus socios que paladinamente amenazan con la destrucción de España. Ya sin ningún pudor hasta los consejeros del lendakari homenajean a los etarras. Y lo que en otras épocas hubiera sido un escándalo hoy es una costumbre, como la desobediencia de la mesa del Parlamento vasco a las sentencias del Supremo.
Así, asistimos a un verdadero deterioro no sólo de la democracia, sino de España como nación. Tan poco se respetan los resultados electorales que un partido como ERC con ocho escaños en el Congreso se cree con derecho a fijar las nuevas reglas de juego que pretenden sustituir a las del 78. El ínclito Carod-Rovira dice que «a Madrid llegará un texto digno y el PSOE no tendrá excusas para rechazarlo», y que «tiene la oportunidad de presentar un modelo de Estado distinto al de la derecha, UCD y PP». ¿Cuándo se enterarán ERC, IU, PNV y demás de que para cambiar las reglas de juego se necesita una mayoría cualificada, imposible sin el PP? Produce vértigo ver a tanto imbécil metido en política. O sea, que, según el sabio Carod, el modelo del 78 no fue consensuado por la derecha y la izquierda, sino que era un modelo de la derecha que la izquierda aceptó porque era tonta, no para resolver de una vez el problema de España.
Creo que la gente aprenderá en esta legislatura que no se puede votar para que gobierne a un partido que tiene tanta confusión mental, que, como dice Iñaki Ezquerra, carece por completo de discurso ideológico. Habrá que reformar la Constitución, sí, pero para poner coto definitivamente a las irresponsables fantasías nacionalistas.