1997-09-19.ABC.ESCUCHAS CESID

24/ABC 

NACIONAL 

VIERNES  19-9-97 

Las escuchas  del  CESID 

Altas  personalidades,  políticos, financieros y 
periodistas  fueron  espiados  entre  1984 y 1991 
El escándalo provocó la dimisión de Serra, García Vargas y Manglano 
Madrid. M. M. 
El escándalo provocado en junio de 1995 por la difusión de conversaciones telefónicas in 
terceptadas y grabadas por el  CESID a políticos, financieros  o periodistas entre  1984 y 
1991 marcó el  principio  del  fin  del  que sería  el  último  Gobierno  presidido  por  Felipe 
González. No en vano, provocó dimisiones en el Ejecutivo y en el propio Centro y generó 
una gran alarma social y múltiples querellas de peijudicados contra Manglano y Perote. 

E( sistema de bti^^rcef^oíón 
^  comurtfcaffiiones 

El escándalo  empezó el 12 
de junio  de  1995, cuando  un 
periódico  publicó  que el CE 
SID llevaba  más de diez años 
espiando y grabando  a políti 
cos,  empresarios,  periodistas 
e, incluso,  a  Su Majestad  el 
Rey. Según  esas  Informacio 
nes,  los servicios secretos es 
pañoles disponían de un gabi 
nete  de escuchas  controlado 
por  el  coronel  Juan  Alberto 
Perote, en aquellos momentos 
«número dos» del CESID, del 
que también formaba parte el 
comandante  Navarro  Bena-
vente,  imputado  posterior 
mente junto al director gene 
ral,  Emilio Alonso Manglano, 
el propio  Perote  y otros  seis 
funcionarios  del Centro. 

Un caso archivado por dos jueces 
y reabierto por la Audiencia 

Madrid. M. M. 
El pasado mes de julio, la actual juez susti 
tuta del Juzgado de Instrucción 43, Ana Pérez 
Marugán,  dictó  una  resolución  por  la  que 
daba por finalizada la investigación y conside 
raba que existen indicios de que tanto Man 
glano, como Perote y los otros seis  funciona 
rios imputados podrían haber incurrido en un 
delito  de interceptación  de  comunicaciones 
telefónicas  y descubrimiento  y revelación de 
secretos. 

No obstante, esta  misma 
juez  ratificó  el 8 de marzo 
de 1996 el archivo de las di 
ligencias  decretado  el 6 de 
febrero  de ese mismo  año 
por la anterior  instructora, 
Ana  Mercedes  del Molino, 
al considerar  que no había 
indicios  de conducta  delic 
tiva  en  los responsables  y 
funcionarios  del  Centro. 
Dos meses después, el 10 de 
mayo, la Audiencia Provin 
cial de Madrid ordenó la re 
apertura  del caso y,  entre 
otras  diligencias, solicitó a 
la juez que tomase declara 
ción de nuevo al coronel Pe-
rote. 

Inmediatamente,  el Minis 
terio de Defensa,  cuyo titular 
era Julián García Vargas, admitió la existen 
cia de esas escuchas  telefónicas  sin  manda 
miento judicial, pero negó tajantemente  su 
ilegalidad  argumentando  que al tratarse  de 
interceptaciones  realizadas  en el espacio ra-
dioeléctrico de teléfonos móviles o inalámbri 
cos, no fue práctica ilegal hasta que entró en 
vigor una nueva legislación de protección de 
las telecomunicaciones en diciembre de 1994. 
Además de Don Juan  Carlos, el CESID re 
gistró y almacenó grabaciones  del príncipe 
' Zaourab de Tchokotoua,  de Manuel Prado y 
Colón de  Carvajal,  de los políticos  Enrique 
Múgica, José Barrionuevo, Ana Tutor, Fran 
cisco Fernández Ordóñez, José Antonio Segu 
rado, Isabel Tocino, Ángel  Sanchis,  Pablo 
Castellano y Jorge Verstrynge; de los perio 
distas Luis Mana Anson, Jaime  Campmany, 
Pedro J. Ramírez y Melchor MiraUes, el abo 
gado Antonio  García Trevijano; y de los em 
presarios y financieros  Ramón Mendoza, Ali 
cia Koplowitz, Juan Abelló y José María Ruiz-
Mateos, entre otras personas. 

El fiscal general ordena investigar 
El 14 de junio, el fiscal general del Estado, 
Carlos Granados, ordenó una  exhaustiva in 
vestigación de los hechos y posteriormente se 
fueron  sucediendo  querellas  contra  Man 
glano y Perote por parte  de varias  personas 
perjudicadas por las escuchas. Por normas de 
reparto, la causa recayó sobre el Juzgado de 
Instrucción  número 43 de Madrid, cuya juez 
sustituta, María Jesús Coronado, inició la in 
vestigación -las  diligencias  previas 4297/95-
tras las denuncias de interceptación ilegal y 
revelación de comunicaciones, prevaricación 
y malversación de caudales públicos. 

Una semana después, la juez decretó el se 
creto de las actu'áciones y empezó a tomar de 
claración a los denunciados. El teniente gene 
ral Manglano aseguró que autorizó la puesta 

en marcha del gabinete-de escuchas, pero Pe-
rote vulneró sus instrucciones, y añadió que 
siempre  consideró  que el método de  trabajo 
empleado  era  perfectamente  lícito.  Perote 
negó las imputaciones  vertidas  contra  él so 
bre el uso de las grabaciones en su beneficio y 
mantuvo  que los rastreos que se hacían con 
el  escáner  del  CESID  eran  aleatorios,  de 
forma  que no se podían  preseleccionar  con 
cretas comunicaciones. 

Por contra, el comandante José Manuel Na 
varro,  expulsado  del Centro  en  1993, afirmó 
que Perote le pidió en 1991, antes de su salida 
del CESID, copia de siete cintas con conversa 
ciones captadas por  el gabinete. Otro impu 
tado, Francisco Vallejo, dijo a la juez que en 
alguna ocasión oyó decir a Navarro que se en 
tregase a Perote la cinta con conversaciones 
de Barrionuevo. Visitación Patino, también 
imputada,  coincidió  con Vallejo  al  asegurar 
que las cintas se entregaban  a Perote con la 
intención de que lo pusiera  en  conocimiento 
de Manglano y dijo ignorar el uso que Perote 
pudo hacer de ellas. 

El 11 de octubre de 1995, los peritos remitie 
ron un técnico informe  al Juzgado en el que 
se  venía  a confirmar  la  tesis  expuesta  por 
Manglano a la instructora  respecto a la alea-
toriedad de la interceptación de comunicacio 
nes.  Según los peritos, no era  posible prese 
leccionar un teléfono  móvil concreto con los 
receptores  empleados por  el CESID «ya que 
se requeriría un equipo adicional que decodi-
ficase  la señal de los canales de servicio». 

Este caso, que ha estado dos años y medio 
en fase de instrucción y que ha pasado por las 
manos de tres jueces  sustituías  del Juzgado 
de Instrucción 43,  motivó también las compa 
recencias parlamentarias  del vicepresidente 
del Gobierno  Narciso  Serra  y del titular  de 
Defensa, Julián García Vargas, y su posterior 
dimisión. Del mismo modo, Manglano se vio 
obligado a abandonar la dirección del CESID. 

En su resolución, la juez 
Del Molino  estimaba  que 
las escuchas  telefónicas  Se 
produjeron  de forma aleatoria y no intencio 
nada, como pusieron de manifiesto  los peri 
tos.  Añadía que «resulta  evidente  que en un 
Estado moderno, si se desea proteger intere 
ses vitales, debe dotarse de unos servicios de 
información  (...)  estructurados  de tal modo 
que sean capaces de alertar (...) de los peligros 
que se ciernen sóbrela Nación». 

Seguridad nacional 
Según esta instructora, si la interceptación 
de escuchas se realizó de forma intencionada, 
no estaba destinada  a «una comunicación  en 
particular, ni a vigilar el desarrollo de una co 
municación  mantenida  por  un  sujeto  o un 
grupo de personas determinadas o determina-
bles, sino a controlar el uso del espectro [ra-
dioeléctrico] en prevención de sujetos que pu 
dieran  desarrollar  actividades  potencial-
mente  peligrosas  para  la  seguridad  del 
Estado». 

Según  las tesis  de Ana  Mercedes  del Mo 
lino, compartidas por Pérez Marugán al ratifi 
car el archivo, «las disposiciones  adoptadas 
por los responsables del CESID» se dirigían al 
«control del espacio radioeléctrico  cuyo con 
trol preventivo era  precisaínente  competen 
cia de los servicios de seguridad del Centro». 
En definitiva,  no era  delito la vigilancia  del 
espacio radioeléctrico. 

Esta opinión fue respaldada posteriormente 
por el propio fiscal, quien decidió no recurrir 
el auto de archivo, pero no por la Sección De 
cimoquinta de la Audiencia Provincial de Ma 
drid, que instó a la juez a seguir investigando. 
La Sala mantuvo que «una cosa es que el dere 
cho a la intimidad no tenga el carácter de ab 
soluto y otra muy distinta  es que se le vacíe 
totalmente  de contenido»  y estimó  que  de 
aceptarse los argumentos de la instructora se 
podría interpretar que «estamos en un Estado 
policial más que en uno de Derecho». 

ABC (Madrid) - 19/09/1997, Página 24
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