1999-05-06.EL MUNDO.ESCUCHAS CESID

ESCUCHAS CESID
EL MUNDO. 06/05/1999. Página, 20
MADRID.- El tándem que ayer formaron Jesús Santaella, abogado del ex coronel Juan Alberto Perote; y Luis Rodríguez Ramos, abogado del teniente general Emilio Alonso Manglano, funcionó a la perfección. En el último día de la vista oral por el denominado caso de las escuchas del Cesid, Santaella y Rodríguez Ramos se repartieron los papeles y plantearon una contundente línea de defensa en una única dirección: aquí nadie ha cometido delito.
Santaella, dando muestras una vez más de su conocimiento de la causa, se dedicó a desgranar las pruebas y a sembrar dudas razonables en aquéllas más negativas para los acusados.
Aclaró la legitimidad del Cesid para realizar barridos del espacio radioeléctrico, planteó la nulidad como pruebas de las dos cintas incorporadas a la causa -«al no haber sido escuchadas por el tribunal»-, negó la existencia de la cintateca y hasta planteó la hipótesis de que el famoso estadillo no se hubiese fabricado con otro fin que imputar a su defendido.
Pidió al tribunal que no confundiera la verdad informativa con la verdad judicial, «genere la frustración que genere», dijo; e insistió que por lo que se ha visto y oído en el juicio, no hay pruebas para condenar a Juan Alberto Perote por interceptación de escuchas telefónicas.
Rodríguez Ramos, por contra, se dedicó más a los fundamentos jurídicos, si bien, previamente, no pudo evitar abordar dos temas por los que ha tenido debilidad durante toda la causa: elogiar a su cliente y criticar a EL MUNDO.
Aseguró, sobre el primer aspecto, que tiene constancia de que «ha existido un conjunto de pasiones e intereses» para que su «patrocinado hubiese sido testigo de cargo. Como se negó, se ha visto implicado en éste y en otros procedimientos».
Medallas o banquillo
Como reeditando la teoría de la conspiración, Rodríguez Ramos indicó que si Manglano hubiese accedido, «en lugar de estar en este banquillo, estaría repleto de medallas si hubiera hecho lo que algunos querían».
El abogado se amparó en su secreto profesional para no dar más detalles sobre estas afirmaciones, de las que dijo tiene plena constancia.
Aseguró, por ello, que es impensable afirmar que Manglano trabajó para un Gobierno en lugar de para el Estado, «porque es una persona respetable, y no es fácil que se la pueda chantajear, por eso está aquí».
En cuanto a este diario, el catedrático y defensor del ex director del Cesid volvió a insistir en que él opinia que hay indicios de criminalidad en la actuación de EL MUNDO por desvelar este asunto. «Lo único innegable es que EL MUNDO publicó una información que atenta contra la intimidad de las personas», añadió.
A nivel jurídico, Rodríguez Ramos se centró en que, en su opinión: «Aquí no existe delito. Pero ni de mi patrocinado, ni de ninguno de los que están sentados en el banquillo».
Tras salir en defensa de la fiscal frente a las críticas que ayer recibió de algunas acusaciones, Rodríguez Ramos aseguró que en el hipótetico caso de que la sala viese delito en la actuación del Gabinete de Escuchas, en función de las pruebas que se han practicado en la vista oral, tendría que aplicar el denominado «error de prohibición», es decir, que ni Manglano ni ninguno de los seis compañeros de banquillo sabían ni podían saber la ilicitud de lo que estaban haciendo.
Obediencia debida
Asimismo, en el caso concreto de Emilio Alonso Manglano, su letrado planteó que no es autor material de los hechos, ni autor mediato, ni coopeador necesario. En este sentido, recordó las múltiples responsabilidades del director del centro y la insignificancia de la labor que hacía el Gabinete de Escuchas.
Las defensas del resto de mandos y agentes del Cesid también imputados en este causa, sólo hicieron adherirse a las explicaciones de ambos letrados, aunque precisaron que en la hipótesis de una condena, habría que tener en cuenta para sus patrocinados el factor de la «obediencia debida».
Cerró la vista el abogado del Estado Luis Gayo, quien con extrema dureza en sus críticas, rebatió los argumentos de las cuatro acusaciones particulares (las que representan a Ruiz-Mateos, Dianética, Pablo Castellano y García Trevijano) que piden la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, en el caso de que haya condena.
Castellano: Felipe González debía estar en el banquillo
MADRID.- El abogado y diputado de Izquierda Unida Pablo Castellano, una de las personas cuyas conversaciones grabó el Cesid, afirmó ayer, al exponer su informe final, que en el banquillo de los acusados no están todos los responsables de las escuchas. «Eduardo Serra, Narcís Serra, Julián García Vargas y Felipe González tenían que estar sentados ahí, porque son los verdaderos beneficiarios de toda la actividad del Cesid», afirmó.
«Con un mínimo de lógica», añadió, «no se puede pensar que un centro especialista en obtener determinada información fuera el puerto de arrebatacapas, en el que cada uno hacía lo que le daba la gana». Solicita penas de hasta casi tres años de prisión para Manglano, Perote y Nieto, y 20 millones de indemnización.
Cristina Peña, abogada de Pedro J. Ramírez, director de EL MUNDO, y de Melchor Miralles, adjunto al director, manifestó: «Por muchas vueltas que se le dé, las cosas significan lo que significa su nombre. Y si se crea un Gabinete de Escuchas en el Cesid, evidentemente es para escuchar».
Recordó que Emilio Alonso Manglano ha reconocido los documentos aportados por Pedro J. Ramírez: unas memorias de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales, del Cesid, en las que hay referencias a seguimientos e intervenciones telefónicas a Ramírez y Miralles.
Esta letrada indicó que Manglano autorizó la compra de un aparato de escuchas en 1984, y la de otro de más potencia en el 89, cuando el número de teléfonos móviles era muy superior. «Tenía un conocimiento perfecto, y daba las órdenes oportunas de cómo debía funcionar el Gabinete de Escuchas. Tenía un control absoluto, como no podía ser menos», dijo.
Cristina Peña solicitó que sean condenadas las siete personas que se han sentado en el banquillo, porque considera que todas ellas tienen alguna responsabilidad en las escuchas ilegales.
En nombre de la Asociación Libre de Abogados, el letrado Carlos Vila recordó que tan ilegal y delictivo es grabar conversaciones mantenidas desde un teléfono fijo que ha sido pinchado sin autorización del juez, como desde un móvil.
Hace semanas, cuando declaró Manglano, él le preguntó si creía constitucional grabar conversaciones y archivar las cintas. El ex director del Cesid le respondió: «A la Constitución, déjela tranquila». Ayer, Vila respondió a esa frase así: «Manglano, al frente del Cesid, ha pisoteado la Constitución y, con ella, los derechos de los ciudadanos».
El letrado José María Stampa Casas, en nombre del abogado Antonio García Trevijano, también dijo que en el banquillo de los acusados ha faltado otra fila, en la que se tendrían que haber sentado «los que ordenaron que se actuase así». «Ni a Manglano ni a Perote, por inspiración divina o terrenal, se les ocurrió poner en marcha un Gabinete de Escuchas».
Final lacrimógeno para el juicio de la escuchas
MADRID.- El juicio del caso de las escuchas del Cesid tuvo un final lacrimógeno y patriótico. El ex agente Vida Molina utilizó su turno y derecho a la última palabra para hacer un alegato en favor de los servicios secretos, de la figura de Emilio Alonso Manglano y de sus compañeros de departamento y de banquillo.
«En el Cesid me han enseñado a amar y a servir a mi patria, a España y a la Constitución que nos hemos dado, y me siento orgullo de haber trabajado en el Cesid», afirmó.
En tono ya un poco más amenazante, señaló que algunos testigos han «calumniado» al Centro, y recordó que el secreto al que están sujetos sus agentes les impide defenderse y utilizar la información que poseen.
Por último, tuvo un recuerdo para el ex coronel fallecido Juan Manuel Navarro Benavente.
También hizo uso de este derecho el coronel Juan Alberto Perote, pero en otro tono.
Perote criticó duramente la postura del ministerio fiscal, y emplazó a la sala a determinar si la actitud del fiscal responde a «negligencia» o «delito», tras criticar a la fiscal que no haya traído a la causa «pruebas objetivas» de los delitos que le imputa, relacionados con las grabaciones telefónicas que publicó EL MUNDO en 1995.
Manglano y el resto de agentes del Cesid renunciaron al turno y el caso quedó visto para sentencia.