1995-06-14.LA VANGUARDIA.ESCUCHAS

MIÉRCOLES,  14JUNIO 1995

P O L Í T I CA

LA VANGUARDIA  15

Las grabaciones de los servicios secretos españoles

•  El fiscal del Estado duda de la posible prescripción de los delitos relativos a
las escuchas ilegales, ya que, aunque algunas se produjeron  hace más de cinco
años, otras son más recientes y podrían configurar un "delito continuado"

£1 fiscal general ordena una
investigación sobre las escuchas

Granados las considera un ataque a los derechos constitucionales

en  su grado  máximo  e  inhabilita-
ción absoluta".

, "Si divulgare o revelare la infor-
mación  obtenida  por cualquier de
los precitados  medios -añade el ci-
tado  precepto-,  se le impondrá  la
pena  inmediatamente  superior en
grado a la prevista en el párrafo an-
terior."

En cuanto al artículo 497 del Có-
digo Penal, es el relativo al descubri-
miento y revelación de secretos y se
refiere al que "para descubrir los se-
cretos  de otro  se apoderase  de  sus
papeles  o cartas  y divulgaré  aque-
llos, será castigado con las penas de
arresto mayor y multa de 100.000 a
2.000.000  de pesetas.  Si no los di-
vulgare, las penas  serán  de arresto
mayor  y  multa  de  100.000  a
500.000 pesetas".

MADRID. (Redacción.)  -  El  fis-
cal general  del Estado, Carlos Gra-
nados, ordenó ayer que se abra una
investigación sobre las supuestas es-
cuchas y grabación  de conversacio-
nes a ciudadanos  por parte del  Ce-
sid, con el fin de que se inicien las
acciones  oportunas.  Granados en-
vió a primeras  horas de la tarde un
oficio  al fiscal jefe de Madrid, Ma-
riano Fernández Bermejo, en el que
le ordena  la apertura  de unas  "dili-
gencias de investigación"  sobre las
noticias  publicadas  el  lunes  y el
martes  por el diario  "El Mundo" y
en las que se afirmaba  que el Centro
Superior de Información  de la  De-
fensa  (Cesid)  había  interceptado y
grabado conversaciones al rey Juan
Carlos y a di versos políticos, empre-
sarios y periodistas.

Artificios técnicos

El oficio  remitido  por Granados
dice que en las citadas  informacio-
nes  aparecen  "determinadas  noti-
cias referentes a supuestas intercep-
taciones  y grabaciones  de comuni-
caciones  m e d i a n te  artificios
técnicos de escucha y sin existencia
de  un previo  permiso judicial, he-
chos  que pueden  ser constitutivos
de  delito". "Por tanto  -continúa el
escrito-,"procede que V. E. empren-
da las actuaciones necesarias para la
investigación y, en su caso, persecu-
ción,  de' tales  hechos  informando a
esta Fiscalía General del Estado".

Granados  explicó que los hechos
denunciados  por el  periódico ma-
drileño son "graves", porque  supo-
nen  un ataque a los derechos  reco-
nocidos en la Constitución  y al  se-
creto  de  las  c o m u n i c a c i o n es
tipificado en el Código Penal en los
artículos  192 bis y 497.

En este sentido, el artículo  192 bis
del  Código  Penal  hace  referencia a
"la autoridad, funcionario público o
agente de éstos que, sin la debida au-
torización judicial, salvo en su caso
lo previsto legalmente en desarrollo
del artículo 55.2 de la Constitución,
interceptare las comunicaciones te-
lefónicas o utilizare artificios  técni-
cos de escucha, transmisión,  graba-
ción o reproducción  del sonido, in-
currirá en la pena de arresto  mayor

Para  Carlos  Granados,  el hecho
de  que las comunicaciones  fueran
grabadas de teléfonos  inalámbricos
o  móviles  no impide  que su inter-
ceptación y grabación pueda ser de-
lictiva y calificó  de errónea  la doc-
trina  contraria,  basada  en  que el
usuario de estos medios de comuni-
cación  sabe el riesgo a'que se expo-

Granados juzga delictiva
la intercepción de
comunicaciones, aunque
correspondan a teléfonos
inalámbricos o móviles

ne.  Asimismo,  el fiscal general del
Estado  señaló  que difícilmente  se
puede mantener que estas conversa-
ciones telefónicas se hayan grabado
por casualidad.

Sobre  la posible  prescripción de
los hechos  denunciados,  Granados
dijo que sería así si hubieran  pasado
cinco  años, como  parecía  despren-
derse  de las informaciones  inicial-
mente  publicadas  por el diario "El
Mundo", que hacían referencia a los
años  1987 y 1988. pero  señaló que
ahora, a la vista de las últimas reve-
laciones, se menciona  el año  1990.
De ser cierto este dato, agregó Gra-
nados, podría tratarse de un "delito
continuado" que arrastraría los an-
teriores hechos.

Cuando ya se conocía  la iniciati-
va  del fiscal general  del Estado, el
Ministerio de Justicia e Interior di-
fundió  un comunicado en el que da
cuenta de la remisión  de un escrito
al titular de la Fiscalía, Carlos Gra-
nados, en el que se le expone que "el
Gobierno de la Nación considera de
interés  público  que por la Fiscalía
General  del Estado  se  promuevan
ante  los Tribunales  de Justicia ac-
ciones penales por si los hechos rela-
tados  fueran  constitutivos  de algu-
no de los siguientes delitos", que se
detallan,  y  que coinciden  sustan-
cialmente con los citados. •

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A su alcance.

El Golf.  Siempre el Golf.
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compra. El coche que
no se puede  quitar de
la cabeza. El maldito
coche.  Su obsesión.
Ahora, por fin,
aquí lo tiene.
A su alcance.

Carlos Granados, fiscal  general  del Estado

EMILIA GUTIÉRREZ

Un asunto parecido en Francia
•  La "célula" antiterrorista del Elíseo, disuelta en 1988, efectuó escu-
chas telefónicas  sin relación  alguna con asuntos de terrorismo  entre
1983 y  1986. El caso,  revelado en  1993 por el diario  "Liberation",
motivó la apertura de una investigación judicial y el posterior proce-
samiento de cinco altos cargos del entorno de la presidencia  francesa,
según informa  nuestro corresponsal. Entre los procesados está Gilíes
Ménage, ex director de gabinete de Francois Mitterrand, que aparece
como el responsable  político  de las autorización  de estas escuchas.
Los otros cuatro procesados eran destacados miembros de la "célula"
antiterrorista  de la presidencia  de la República:  su jefe,  Christian
Prouteau; el general Jean-Louis Esquivié; el comisario Guilleron, y el
capitán  Pierre-Yves  Guezou.  Este  último  se suicidó  después  de su
procesamiento. La lista de personas que vieron intervenido su teléfo-
no incluye desde un periodista  de "Le Monde" a políticos -como el
secretario  general  adjunto  del CDS y un consejero  del ex ministro
Pasqua-, pasando por la actriz Carole Bouquet. -  RAFAEL JORBA

El ex director  de "El País"
Juan Luis  Cebríán  estudia
querellarse  contra el Cesid

MADRID.  (Agencias.)  -  Juan
Luis Cebrián, consejero delegado de
Prisa  -editora  de "El País"- y pri-
mer director de este diario, dijo ayer
que va a estudiar  la posibilidad de
emprender acciones legales, tras co-
nocerse que ha sido  espiado  por el
Centro Superior de la Defensa  (Ce--
sid).  "Que he sido espiado y perse-
guido por los servicios de informa-
ción no es ninguna novedad  -expli-
có Cebrián-, ya que en 1979 y 1980,
durante el periodo de UCD,  falsifi-
caron cartas y simularon cuentas co-
rrientes a mi nombre, al tiempo que
me acusaban de ser del KGB."

"Yo  creo  -añadió  Cebrián- que

nos encontramos ante-un caso más y
muy grave de invasión  ilegítima del
poder en la vida de los ciudadanos y
me  temo  que tampoco  la  derecha
que viene va a ser capaz de evitarlo.
De  acuerdo  con mi empresa -aña-
dió-,  decidiré  si presento  o no ac-
ciones legales."

Por su parte, el vicepresidente del
Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), José Luis Manzanares, ma-
nifestó ayer que la grabación de con-
versaciones de personajes de la vida
pública por el Cesid  sólo puede te-
ner como fin "el chantaje".  Manza-
nares dijo que, de confirmarse la ve-
racidad de los hechos  denunciados,

"la  grabación  y la conservación de
cintas  con cuestiones  particulares
no puede tener más que una explica-
ción, y me gustaría  que me dieran
otra, y es la reserva  para su utiliza-
ción como posible chantaje".

El  presidente  de  la  Asociación
Profesional  de  la  Magistratura
(APM), Ramón  Rodríguez Arribas,
afirmó  a Europa  Press que con  las
escuchas telefónicas del Cesid se ha
vulnerado el Estado de derecho, "y
se ha llegado a lo más lejos que se po-
día llegar: violar la inviolable perso-
na del Rey".

Por su parte, el abogado  Antonio
García  Trevijano  y el  empresario
José  María  Ruiz  Mateos  presenta-
rán  una querella  contra  el director
del  Cesid  por el espionaje  del  que,
presuntamente,  fueron  objeto. En
esta  línea,  el  abogado  penalista
Gonzalo  Martínez  Fresneda  dijo
que  Emilio  Alonso  Manglano po-
dría haber incurrido en un delito de
prevaricación por haber ordenado y
permitido la ejecución de actos ma-

nifiestamente 
inconstitucionales.
Sin  embargo,  juristas  expertos en
derecho  penal  discreparon  ayer so-
bre si constituyen  delito las graba-
ciones  telefónicas  hechas  por los
servicios secretos del Cesid, ya que
mientras  los  catedráticos  Miguel
Bajo  y Enrique  Gimbernat  opinan
que se cometió una ilegalidad tipifi-
cada en el Código Penal, sus colegas
Manuel  Cobo del Rosal y Luis Ro-
dríguez  Ramos  sostuvieron  que no
eran delitos cuando se realizaron.

Confidentes en peligro

En otro orden de cosas, el inspec-
tor Ramón Lillo, que dirigió la uni-
dad de Policía Judicial adscrita a la
Audiencia  Nacional,  consideró
"muy  preocupante"  que se  difun-
dan conversaciones suyas con confi-
dentes e informadores.  En opinión
del inspector Lillo, este hecho puede
poner  en riesgo  a estas  personas y
comprometer  relaciones  de índole
profesional.»

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Concesionarios

Volkswagen

de  Cataluña.

Volkswagen  Patiocmadoi Olvcial

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