2004-03-08.LA RAZON.ELECCIONES SEIS PLEBISCITOS AGT

ELECCIONES: SEIS PLEBISCITOS 
LA RAZÓN. LUNES 8 DE MARZO DE 2004 
ANTONIO GARCÍA TREVIJANO 
Los electores votarán al partido que les parece más apto para tomar las riendas del poder Ejecutivo. A ningún votante le interesa quiénes van a legislar. Solamente qué jefe de partido merece ser presidente de Gobierno. Todas las elecciones legislativas son anticonstitucionales y todas las campañas podrían ser anuladas por el TC. La Constitución excluye el «presidencialismo» como forma de gobierno donde el poder ejecutivo está separado del legislativo, pero cada elección impone un régimen de poder «presidencialista» donde legislan los mismos que gobiernan. 
   A ningún medio de comunicación le interesa denunciar el gran fraude constitucional que implica convocar elecciones legislativas para nombrar presidente del Ejecutivo. A ningún intelectual le importa que la práctica política anule por completo el valor normativo de la Constitución. El consenso de la Transición no se redujo al pacto de excluir la convocatoria a Cortes Constituyentes, a fin de que una simple Asamblea Legislativa hiciera la Constitución, sino que también dio licencia a los partidos para infringir la norma sobre su funcionamiento democrático y la prohibición del mandato imperativo a sus diputados de lista. 
   Las consecuencias de estas prácticas anticonstitucionales, que en el pasado se manifestaron con el auge de la corrupción durante los gobiernos socialistas y con el autoritarismo sin control parlamentario de los dos mandatos de Aznar, se hacen hoy patentes con las anomalías que transforman las próximas elecciones legislativas en seis plebiscitos sobre: 1. Jefatura del Partido Popular; 2. Presidencia del Gobierno; 3. Plan Ibarreche; 4. Gobierno tripartito catalán; 5. Retirada de tropas de Iraq; 6. Política antifrancesa del gobierno. Todo lo demás son ruidos de carnaval de distintas letras partidistas cantando al unísono la misma música. Es decir, lo que no es plebiscito es equipolencia de partidos. 
   Después de las elecciones nadie podrá tachar de antidemocrático el nombramiento, a dedo de Aznar, de su sucesor en la Jefatura del Partido Popular y en la cabecera de su lista electoral, pues Rajoy tendrá la superior legitimación de las urnas. Si los partidos nacionalistas vascos obtienen la mayoría absoluta, nadie podrá oponerse a la ejecución del Plan Ibarreche sin ser tachado de antidemocrático. Si los partidos integrados en el Gobierno de la Generalitat logran mayoría absoluta de votantes, la acción clandestina de Rovira y la voluntad «maragalliana» de federar al Estado español estarán legitimadas por la soberanía popular de Cataluña. 
   Si los electores dan a Zapatero la Presidencia del Gobierno, la retirada de Iraq de la soldada española y la reanudación en Europa de la política de España con la de Francia y Alemania, no serán libres opciones del futuro gobierno, sino el obligado cumplimiento de lo aprobado en el plebiscito popular que suponen las próximas elecciones, sin que esas cuestiones hayan sido sometidas, como podrían haberlo sido a causa de su importancia trascendental, a un legítimo referéndum. El Estado de partidos aplica a la política el principio de economía o mínimo esfuerzo con un rigor tan admirable que no lleva aparejados inconvenientes insoportables para el pueblo o la sociedad civil. 
   De una sola tacada electoral resuelve la legitimación democrática de la falta de democracia en la vida interna de los partidos, del nombramiento del jefe de Gobierno, del relleno de los escaños legislativos con listas de partidarios, de la configuración federal de las Autonomías en Euskadi y Cataluña y de las decisiones principales del futuro Gobierno. ¿Y cuales son las nimiedades de sus inconvenientes? Suprimir la representación de la sociedad civil en el Estado, eliminar la posibilidad de control del Poder Ejecutivo por el Legislativo y someter a las urnas cuestiones no susceptibles, por naturaleza, de ser votadas. Total, nada.