2004-03-04.LA RAZON.ELECCIONES EN LILIPUT AGT

ELECCIONES EN LILIPUT 
LA RAZÓN. JUEVES 4 DE MARZO DE 2004 
ANTONIO GARCÍA TREVIJANO 
En cualquier terreno diferente al de la política, todas las personas dan sentido a lo que hacen según lo que se proponen. Los actos que realizan responden a una finalidad distinta de la función de lo realizado. Carecería de sentido, por ejemplo, comprar un potente autobús para participar en la Fórmula 1. Pero la causa de esa compra no tiene vicios que la anulen. La transferencia de la propiedad al comprador agota la función de la compraventa. El despropósito está en la ilusión de que un ómnibus pueda ganar en Le Mans. 
   Se comprende que el sentido común no intervenga en los asuntos de fe. La causa de ir a misa es coherente con la salvación eterna que se espera de la participación en el sacrificio de Cristo.
   Pero es incomprensible la incoherencia de ir a las urnas para votar listas de partidos, creyendo que así se elige algo y se participa en la libertad política. Votar listas de candidatos a la diputación parlamentaria no es lo más adecuado para lo que se disputa en las elecciones, ni para la conservación del sistema de poder que las convoca. Además, el voto plebiscitario de listas ómnibus no elige representantes políticos de los votantes ni guarda relación alguna con la libertad política. La carrera electoral tiene otras metas de mayor trascendencia. 
   Se sabe que estas elecciones, como las anteriores, sirven para plebiscitar al jefe de partido que debe ocupar la Presidencia del Gobierno y para distribuir las cuotas de participación de los partidos en el Poder legislativo y en el Judicial, en proporción al resultado electoral. Si estas son las metas, bastaría con que los jefes de partido se presentaran como representantes de sus respectivos grupos en todo el distrito nacional. Después de ser votados, cada uno designaría sus delegados en el poder legislativo y en el judicial, de modo que el partido menos votado tuviera un solo delegado y los otros su cuota proporcional respectiva. 
   Si el 10 por ciento de votos tiene un delegado, el 40 por ciento tendrá cuatro y el 50 por ciento cinco. El Parlamento de diez legisladores consagraría presidente del Gobierno al jefe del partido ganador y consejeros del Poder Judicial a diez delegados de los partidos. La economía, transparencia y equidad de la distribución del poder del Estado entre los partidos serían absolutas. El sistema ganaría total racionalidad en la unidad del poder sin perder la representatividad que hoy tiene. Incluso mejoraría la calidad literaria de las leyes, pues los legisladores delegados, expertos en derecho, solo tendrían que reflejar en ellas el conflicto resuelto por el consenso entre partidos. 
   Esta reforma de la Constitución no podría encontrar una sola objeción de los defensores del sistema actual, pues eso implicaría la negación de su esencia. Las competencias de las Autonomías se cederían en proporción a los votos obtenidos por los partidos nacionalistas o regionales. Así desaparecía la igualdad del café para todos y la desigualdad del hecho diferencial. Seríamos la envidia de Europa, donde ningún Estado podría competir con la eficiencia y economía del nuestro para ganar la primera plaza en la UE. Sin que pudiéramos ser acusados de haber disminuido la democracia o los derechos ciudadanos, pues seguiríamos con el mismo grado de libertades públicas que en el resto de los países europeos. 
   Pero la racionalización del Estado de Partidos y de Autonomías, admirado Jonathan Swift, no resolvería la cuestión del terrorismo. A no ser que, teniendo en cuenta la reacción de la clase política y periodística ante la tregua del terror en Cataluña, que rechaza la gracia de no sufrir atentados como el resto de España, se negociara con ETA la distribución de sus actos terroristas en proporción inversa a la de votos obtenidos por los partidos independentistas. El terrorismo quedaría aquietado si todas las regiones se protegieran con tal escudo y el Estado financiara con sublime generosidad tan equitativo quietismo.