1994-12-05.EL MUNDO.EL TC UN TRIBUNAL POLÍTICO AGT

EL TC UN TRIBUNAL POLÍTICO
EL MUNDO. LUNES 5 DE DICIEMBRE DE 1994
ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO
La criminalización de la reciente costumbre juvenil de insumisión, y la probable legalización de la ley del catalán, vuelven a cuestionar, como en el caso de Rumasa, la legitimidad de un tribunal, colocado fuera y por encima de la organización judicial, para decidir sobre los derechos fundamentales de la persona y la constitucionalidad de las leyes. Así como no se comprende que haya necesidad de un «Defensor del Pueblo», en un régimen democrático que dé al pueblo la soberanía, tampoco se explica la razón de un tribunal especial para el examen de la justicialidad de las sentencias y la legalidad de las leyes, en un sistema que atribuya a la autoridad judicial la salvaguarda de los derechos individuales y el control de las actuaciones del Estado. A diferencia de lo que sucede en los EEUU, donde esa función garantista del derecho se confía a la Corte Suprema de Justicia, los paises impregnados por la «ciencia jurídica» de la dictadura napoleónica otorgan la juridicidad del Estado a un cuarto poder, «el constitucional», cuyos miembros son designados por las mismas personas que eligen a los otros tres poderes: legisladores de lista, gobernantes de partido y jefes políticos de la corporación judicial. Ese soberano, que elige a todos los poderes del Estado, es el reducido colegio de personas que «mandan» de verdad en los partidos políticos. 
No trato de juzgar ahora, desde un punto de vista jurídico, la bondad o la maldad de las sentencias del Tribunal Constitucional (TC). Tampoco entro en el examen de la posibilidad o imposibilidad de independencia de sus magistrados respecto de los partidos que los nombran. Estas dos cuestiones, que son de capital importancia para calibrar la independencia de la función judicial, ya que de ellas depende la efectiva garantía de los derechos individuales y el correcto funcionamiento de la justicia positiva, carecen de todo interés cuando se trata de valorar la misión del TC. Este alto tribunal, que es de instancia única en materia de constitucionalidad de las leyes, tiene asignado un papel de moderación y de arbitraje para mantener el equilibrio de la oligarquía política que administra en su provecho el Estado de partidos. El patriotismo de partido destrozaría el sistema donde reina si no existieran poderes que moderaran y equilibraran sus relaciones de dominación con los demás partidos. La brutalidad cometida por el Gobierno socialista contra el Estado de derechos individuales, en el caso de Rumasa, estuvo muy bien moderada por la falta de escrúpulos jurídicos de la sentencia del Constitucional que confirmó la legalidad del expolio. ¿Se imaginan el daño que habría ocasionado una sentencia justa? 
¿Se dan cuenta de las consecuencias catastróficas que tendría, para las relaciones del ejército con la sociedad familiar o para las relaciones del nacionalismo catalán con el resto de España, la civilización de la insumisión o la ilegalidad de la inmersión lingüística? Poco importa que la insumisión sea o no corolario de la libertad ideológica o de conciencia. Poco importa que la ley del catalán sea o no compatible (yo creo que sí) con el texto constitucional sobre el idioma español. Esos son mezquinos escrúpulos de juristas. Lo que de verdad importa es el deber político del TC de responder a lo que el Estado de partidos espera de él, dictando sentencias políticas. El TC no tiene razón jurídica de existir en una democracia. Sus funciones son asumidas en ella por el Tribunal Supremo. Pero mientras siga existiendo la salvajada constitucional del Estado de partidos, la natural irresponsabilidad de la oligarquía partidista sólo puede ser frenada o limitada, cuando falla el consenso, por un poder simbólico colocado fuera del mundo político, que reine pero no gobierne, y por un poder jurídico, situado dentro de ese mundo, que arbitre pero no juzgue. Las sentencias del TC han de ser jurídicamente arbitrarias para que puedan ser políticamente equilibradas.