1996-04-04.EL MUNDO.EL MISTERIO DE LOS VOTANTES POTENCIALES AGT

EL MISTERIO DE LOS VOTANTES POTENCIALES
EL MUNDO. JUEVES 4 DE ABRIL 1996
ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO
DOS personalidades del mundo político y cultural, Federico Trillo y Pedro José Ramírez, han declarado el mismo día que el resultado electoral del 3-M ha resuelto la cuestión de las responsabilidades políticas contraídas por el Gobierno de Felipe González. El nuevo presidente del Congreso considera que «el pueblo es el Tribunal Supremo de la responsabilidad política» y que las elecciones las han depurado. «Si el PSOE fue responsable político de los GAL es algo que el pueblo español ha saldado» (ABC, 31-III). El director del periódico que me acoge se reitera en tan inaudita doctrina, afirmando que lo ocurrido el 3-M «resolvía la cuestión de las responsabilidades políticas» (EL MUNDO, 31-III). Ambos se basan aparentemente en la civilizada distinción entre responsabilidad judicial y responsabilidad política. Pero en el fondo se unen a la grosera confusión que el PSOE hizo de las dos. Porque este partido no niega la existencia de responsabilidad política, sino solamente que pueda ser exigida «antes» de que la justicia penal se haya pronunciado. Y ¿no es eso lo que nos dice ahora el PP y la opinión editorial de EL MUNDO? ¿Qué pasaría si los diputados Barrionuevo o González son condenados por el Supremo? ¡Ah! Entonces sí. Entonces, dice PJR, «los tribunales de justicia podrían arrebatarle dicha condición». El resultado electoral ha convertido de este modo la responsabilidad política en una pena de inhabilitación, accesoria de la pena judicial principal. O sea, la sinrazón que siempre han venido defendiendo el PSOE y sus periodistas del poder. 
A Trillo le basta saber «que el PSOE ha perdido las elecciones», para dar a la sentencia electoral el valor de casación y liquidación de responsabilidades que tienen las del Supremo. En cambio, lo decisivo para el borrón y cuenta nueva de Pedro J., no es que unas maravillosas urnas de cognición hayan «encontrado culpable y castigado con la pérdida del poder» a FG, sino el hecho positivo de que «ha obtenido el suficiente apoyo de los votantes potenciales del PSOE como para convertirle en portavoz y representante indiscutible de muy amplios sectores sociales». 
Este pensamiento misterioso plantea nuevos problemas, sin resolver los que ya había. Porque de él resulta que no son los votantes actuales del PSOE, sino sus votantes futuros, los que han zanjado la cuestión. «Sin perder la memoria o eliminar el pasado» -al parecer, derechos biológicos irrenunciables, pero sin conexión con el mundo moral-, tenemos que «devolver a González y los suyos el beneficio de la duda a la hora de juzgar en términos políticos su labor en la oposición». ¿Cómo se puede conceder el beneficio moral de la duda sin perder la memoria o eliminar un pasado de catorce años de criminalidad? Eso está fuera del alcance de mi pobre naturaleza. Aunque también parece estarlo de , cuyas religiones exigen confesión de los pecados, arrepentimiento y propósito de enmienda. 
El motivo que ha transformado a EL MUNDO en promotor ideológico del borrón y cuenta nueva, explica que la cultura y perspicacia indudables de Pedro J. no puedan hacer verosímiles las ocho razones que alega, en defensa de la irresponsabilidad política de los jefes de partido que sigan siendo apoyados por amplios sectores sociales, pese a los desafueros y desmanes que hayan cometido como gobernantes. ¿Y si el resultado hubiese sido el que predecían las encuestas? ¿Con qué porcentaje de votos se depura la responsabilidad política? 
Se podría escribir un libro, tan pesado de erudición como los de Montesquieu y Pareto, para ilustrar el hecho histórico de que ese fenómeno de inmoralidad política popular es consustancial a la oligarquía isonómica y demagógica. Mientras que no hay un solo caso de soberanía del electorado en asuntos de responsabilidad política, que es materia esencialmente moral, en la democracia griega, en la república romana, en la democracia de EEUU, en la constitución girondina, en el gobierno jacobino, en la democracia suiza, en el parlamentarismo británico y en los del norte de Europa. 
Por eso no puede haber talento literario que sepa esconder la falsedad de las ocho razones esgrimidas, en defensa del borrón y cuenta nueva, por el director de prensa que, a mi criterio, ha acumulado más méritos en la lucha de la razón política contra el crimen de los gobernantes. Las falsedades son tan obvias que casi sería insultante explicitarlas. Me limito, pues, a insinuarlas.
 1) Si la responsabilidad política fuera un concepto subjetivo, jamás sería definible por un órgano colectivo o un editorial de prensa. 2) Si la opinión pública fuera el único tribunal ante el que es exigible, jamás se habrían constituido comisiones de investigación parlamentarias. 3) Si el tribunal de la opinión pública emitiera el veredicto de las urnas, González apenas habría cosechado el veinte por ciento de los votos emitidos. 4) Si el tribunal de decisión electoral ha castigado a González con la pérdida del poder y lo ha premiado con la representación de amplios sectores sociales, el voto se habría concertado entre todos los votantes. 5) Si pedir la inhabilitación de González fuera estéril, no habría provocado la exhibición de voluntades coincidentes en el borrón y cuenta nueva. Si fuera impropio del fair play postelectoral, tendría que haberlo en el González de Linares, Barcelona, Turín y Trillo, y en el de los nombramientos en el CESID, dimisiones en el CGPJ y ampliación de los secretos oficiales. 6) Si lo insoportable de González en el gobierno era que nos representaba a todos, aparte de que eso no cambia con González en la oposición, jamás se entendería por qué este diario no ha cesado de denunciar sus crímenes y de asustarnos con su peligrosidad. 7) Si FG sólo respondiera políticamente ante la facción parlamentaria de la que es jefe y sus votantes, entonces la Constitución,  y el PSOE serían lo contrario de lo que son. 8) Si fuera intolerancia privar a sus votantes del derecho a renovar su confianza en González, se estaría privando a los votantes del PSOE del derecho a votar con honradez. 
Frente al peligro para la convivencia que supondría privar a electores sin demasiados escrúpulos de su «derecho a acertar o equivocarse», le recuerdo a P.J. Ramírez que la primera vez que el Congreso de los EEUU adoptó (1854) la idea de soberanía popular, a propuesta del reaccionario Stephen Douglas, el rival de Lincoln, lo fue para que cada Estado decidiera en votación popular si quería o no la esclavitud, y trajo como resultado la guerra civil. Lo que hace imposible la convivencia civilizada no son las exigencias de responsabilidad, sino las leyes de punto final o de borrón y cuenta nueva, a las que Bacon consideró mas criminales que el crimen mismo, y la propaganda demagógica de que el pueblo decide, al elegir entre listas de partido, cuestiones de orden moral incompatibles con la civilización cultural. 
La razón de que no se pueda someter, o considerar sometida, una cuestión de índole moral a la decisión del electorado, o dicho de forma más gráfica, el motivo de que el pueblo no pueda ser jamás el tribunal supremo de la responsabilidad política de los gobernantes, se evidenció con dramatismo durante el proceso político, y no judicial, de Luis XVI. Una parte muy activa de la opinión pidió que el pueblo fuera llamado en referéndum como juez supremo. La Convención se opuso porque «nada hay tan difícil de definir como un crimen político» (Danton) y porque el pueblo, sin estar reunido y organizado en un solo cuerpo deliberante, «tiene voluntades simples y aisladas, pero carece de voluntad razonada» (Fabre d'Eglantine). 
La ciencia moral lo ha dicho mejor: nadie que sea irresponsable puede juzgar la responsabilidad de otro. Y el pueblo es, por principio, políticamente irresponsable. Por eso, las instancias de exigencia de responsabilidad política sólo pueden estar en el Parlamento, en los partidos y en los órganos de expresión de la opinión pública. 
Se puede entender que las combinaciones de poder sacrifiquen las exigencias de responsabilidad política, con leyes de punto final o compromisos de borrón y cuenta nueva, para hacer un segundo consenso que borre la memoria del felipismo, como el primero lo hizo con la del franquismo. Pero un gran periódico que renuncie -contra su propósito fundador y la línea editorial que le ha dado su fulgurante éxito- a esas exigencias de inteligencia política y de moralidad pública, dejará de ser portavoz de una opinión civilmente autónoma, para convertirse en mero altavoz de opiniones institucionales y de partido, o de simples operaciones de poder. Para esa función tenemos bastante con El País.