1995-09-04.EL MUNDO.EL DESENLACE AGT

EL DESENLACE
EL MUNDO. LUNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 1995
ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO
Todo el mundo lo espera. Unos, con temor. Otros, con esperanza. La mayoría, con escepticismo. Y bastantes, con curiosidad o indiferencia. El desenlace de la situación política es inminente. No por una decisión del Tribunal Supremo o del presidente de  tampoco por nuevas revelaciones de la Prensa, que se presienten. Sencillamente, la situación interna del poder no soporta ya ni un adarme más de tensión y de incertidumbre. La más pequeña anécdota, dentro o fuera del partido gobernante, hará saltar la tensión tanto tiempo acumulada. Comparado con lo ya sabido, lo que sabremos mañana de las conductas del poder y de sus aledaños no nos asombrará. La indignación ha dejado de ser resorte de la acción política. Aunque pase lo que pase en el Gobierno, aquí, en la sociedad española, no pasará nada, todos se van a sorprender de lo que va a pasar. Porque estará fuera de lo calculado, que sólo llega al día siguiente y no se refiere nunca a los problemas nacionales creados por la ambición de un gobernante sin principios, sino a lo único que interesa a la clase política. El cálculo electoral. Como si unas elecciones pudieran dar a los ciudadanos lo que necesitan: confiar en unas instituciones que desconfíen de los que han de gobernarlas. 
El problema fundamental de la Magistratura judicial en España es su tradición, su mentalidad. Ante la decisión de  del Tribunal Supremo, sobre el encausamiento criminal de hombres del Estado, su temida falta de independencia no es la que puedan tener, por razones personales o ideológicas, frente a hombres con poder para premiarlos o marginarlos en su carrera profesional. Eso es lo de menos. Y muy pocos jueces estarán dispuestos a la venta de su alma judicial. Pero también son muy pocos los que no tienen su alma vendida al diablo del Estado, desde el momento mismo en que penetró en ella la conciencia de funcionario. Los jueces pueden ser independientes frente a los hombres, pero no frente a los que encarnan al Estado. Su mentalidad jurídica no se diferencia mucho de la de un abogado del Estado. Ellos no tienen , ni siquiera lo saben. Una espesa tradición hegeliana, muy visible en los países mediterráneos, les ha forjado la creencia de que los altos funcionarios del Estado realizan, con su bien privado, el bien público. Y, sin darse cuenta, les impresiona condenarlos por su abuso del poder institucional, porque les parece estar condenando al Estado. Como si su prestigio fuera inseparable del honor de los gobernantes. El caso Nixon demostró lo contrario. El Estado ganó más prestigio, echándolo, del que perdió con sus abusos presidenciales.  
El respeto a la independencia del Tribunal Supremo, en esta causa del Estado versus González y cía, nos obliga a todos en general, y a los juristas en particular, a ser muy prudentes en la manifestación pública de nuestras opiniones personales. Por ello, me abstengo de emitir la que he podido formarme tras un detenido estudio del informe remitido por el juez Garzón al Tribunal Supremo. No porque mi opinión pueda tener el más mínimo valor de influencia en los magistrados, sino para indicar así mi protesta como jurista por la campaña de intoxicación, dirigida contra la libertad de juicio del Alto Tribunal, que un periódico gubernamental, seguido por otros y toda una serie de emisoras de radio y canales de la televisión pública, ha orquestado para hacer creer, a sabiendas de la falsedad de lo que decía, que el juez Garzón no había encontrado, según sus propias palabras, el menor indicio racional de criminalidad de González en el asunto de los GAL elevado al Supremo. No se trata de un asunto menor. Esta campaña no pretende que los magistrados vean en el informe Garzón lo contrario de lo que contiene. Pero sí condicionar la libertad de los juzgadores, fabricando una opinión pública creyente en la inocencia de González, o en la falta de pruebas, para que la sombra de Rumasa en el Tribunal Constitucional planee sobre los GAL en el Tribunal Supremo.