2006-03-28.CLUB REPUBLICANO.EL DÉFICIT DEMOCRÁTICO PEDRO LOPEZ ARRIBA

EL DÉFICIT DEMOCRÁTICO
CLUB REPUBLICANO. 28.03.2006
PEDRO LÓPEZ ARRIBA
http://clubrepublicano.org/tribuna1.htm
Tener que hablar en el lugar inmediatamente anterior al de Antonio García Trevijano, a quien casi todos ustedes estarán deseando oír, me exige ser breve en el tiempo y prudente en los conceptos. Breve, para dejar paso cuanto antes a su intervención, y prudente, pues los conceptos que usamos los republicanos españoles hoy, y que emplearé yo ahora, los debemos en gran medida al pensamiento de Antonio García Trevijano, un hombre que contra viento y marea ha mantenido viva la llama de la República durante estos últimos 30 años.
¿A qué me refiero al usar la expresión “déficit democrático”?
Nuestro país, como la mayor parte de los países europeos, es una sociedad que parece disfrutar de un régimen de libertades relativamente amplio y homologable. El franquismo desapareció hace ya 30 años y sabemos distinguir entre la dictadura de Franco y la actual monarquía constitucional.
¿Qué quiere decir, entonces, que existe un déficit democrático?
Nuestro país ha conocido en los últimos 200 años situaciones de libertades limitadas como la restauración de 1876-1923, situaciones de libertad amenazada como fueron las de las dos experiencias republicanas de 1873 y de 1931, y ha conocido también dictaduras. La actual monarquía parlamentaria, restaurada en 1978, constituye un caso más de un sistema de libertades limitadas y amenazadas, pues falta la principal libertad: la libertad política.
Y es que esto no es una democracia, porque en lo que se refiere a la democracia política, que es de lo que estoy hablando, la situación que presenta la vigente monarquía constitucional, a los treinta años de su puesta en marcha, dista mucho de ser mínimamente satisfactoria. Poseemos una amplia lista de derechos y libertades, pero su garantía es muy deficiente.
En determinadas zonas del territorio nacional, como Cataluña o País Vasco, esas libertades son conculcadas casi a diario desde las mismas instituciones: el uso del idioma español está proscrito en Cataluña y la oposición política al gobierno vasco ha tenido que ser protegida con guardaespaldas en razón de las amenazas que recaían sobre sus vidas. La libertad de movimientos por el territorio nacional se ve limitada, cuando no impedida, por las barreras que levantan por doquier los nacionalismos que afloran por doquier.
La disidencia es perseguida implacablemente, como el caso de la eurodiputada del PSOE Rosa Díez acaba de demostrar una vez más. La libertad de expresión sufre en estos momentos de un acoso increíble desde los fundamentalismos religiosos como el islamismo y desde las instancias de poder gubernamentales regionales, como sucede con el Consejo Audiovisual de Cataluña (el CAC) o como sucede con el proyecto de Consejo Audiovisual Nacional que el Ministro Montilla parece tener en agenda.
Y ahora, en estos días, asistimos a un espectáculo curioso: se habla desde las instancias gubernamentales de la iniciación de un proceso de “pacificación” en el País Vasco, como si allí hubiese una guerra, cuando lo que hay es un problema de falta de libertad y de ausencia de democracia.
En fin, que al aseverar que esto no es una democracia no pretendo más que constatar un realidad ya enunciada por Antonio García Trevijano en alguna de sus obras. Y es que los rasgos definitorios de la democracia, las características imprescindibles que debe reunir un sistema político para poder ser considerado como una democracia, son fundamentalmente tres: 1) el principio representativo en la sociedad política, 2) el principio electivo para la formación del gobierno, y 3) el principio divisorio del poder en el Estado.
Pues bien, en España —y en general en el entorno europeo— el principio representativo se burla mediante el voto a listas partidarias que desnaturalizan las elecciones: los electores votan a partidos que, previamente, han seleccionado a los representantes; el diputado o concejal y, en estas condiciones, el elegido no es el representante de la ciudadanía, sino del partido que lo ha seleccionado.
El principio electivo para la formación del gobierno se burla mediante la llamada “elección indirecta” del gobierno por la cámara, que deja en manos de los parlamentarios la designación del presidente del gobierno. Y el principio divisorio se burla a través de la concertación del legislativo y el ejecutivo para la designación recíproca: el partido designa a su candidato (y jefe del partido) para jefe de gobierno y los diputados, si se mueven, no saldrán en la próxima foto, ya que su presencia en las listas electorales depende exclusivamente de la jefatura del partido. El resultado es un legislativo débil y cautivo de un ejecutivo fuerte. Un ejecutivo que no es elegido por el pueblo, y cuyo presidente está exento de responsabilidad política y judicial.
Además, el oligopolio político absoluto concedido a los partidos parlamentarios ha elevado la corrupción a factor de gobierno en nuestro país. Y un factor importante que, en ocasiones, resulta decisivo, como la OPA de Endesa ha demostrado en los últimos meses.
La constatación de estos hechos nos obliga a replantearnos algunas cuestiones. Como por ejemplo, la realidad de la democracia política en España y en la misma Europa. Y, sobre todo, las limitaciones y deficiencias de la Monarquía Parlamentaria Española. Hoy en día, se hace inevitable que estos asuntos sean revisados, a la vista de las prácticas antidemocráticas que afloran en por doquier en nuestro país y en la mayor parte de los países europeos, y que se ven coronadas por el llamado “déficit” democrático de la Unión Europea, relativo a la nula existencia de autoridades democráticas en el conjunto de los órganos de la Unión: el único órgano elegido por los ciudadanos, el Parlamento Europeo, carece casi totalmente de competencias.
El gobierno parlamentario se ha revelado en España como una fuente inagotable de problemas y corrupción, que dificultan, limitan o impiden la efectividad de la democracia. Los problemas más acuciantes son los que se refieren a la separación de poderes y al régimen electoral.
Y ante esa realidad, lo que los republicanos proponemos es la necesidad de abordar la transformación de esta Monarquía en una auténtica democracia. Una tarea aparentemente compleja pero que, por paradójico que resulte, no ofrece muy serias dificultades normativas. Pensemos, por ejemplo, en el preámbulo de la vigente Constitución expresa con claridad y concisión los fundamentos y los objetivos de la democracia política.
Pero la realidad del texto articulado que le sigue, ejemplifica espléndidamente la corrupción general que anida en la misma base del sistema. Porque, pese a las definiciones generales, el articulado de la vigente Constitución se dedica, en gran medida, al falseamiento y elusión de esos mandatos programáticos, de esos valores superiores, hasta desnaturalizar completamente los principios invocados en el preámbulo.
Los republicanos proponemos la reforma de la legislación electoral, en el sentido de que sean los ciudadanos quienes elijan directamente a los gobernantes —municipales, autonómicos y nacionales—; y también para que los órganos legislativos y deliberantes —consistorios, parlamentos autonómicos y Cortes generales— sean elegidos por la ciudadanía, en circunscripciones uninominales (a simple o doble vuelta).
Nos definimos a favor de un régimen presidencialista, con todas sus consecuencias en lo que se refiere a erigir un contra poder parlamentario efectivo frente al poder del gobierno, y con lo que significa en cuanto a la reforma del sistema electoral.
Con ello se lograría la separación del legislativo y del ejecutivo que permitiría el juego institucional, regulado por la ley, de que a un poder ejecutivo fuerte le controle un poder legislativo liberado de todas clase de sumisiones ante el jefe del ejecutivo, que actualmente padecen los parlamentarismos europeos.
El presidente de la república ha de dirigir su gobierno, confrontado a un parlamento al que se le haya devuelto el ejercicio pleno de sus funciones de legislación, debate y control. Este proyecto constituye el primer paso para organizar un gran cambio institucional que, por el bien nacional, no se debería diferir.
Los republicanos tenemos idénticas exigencias institucionales respecto de Europa. En la línea marcada por los fundadores de la Unión, estamos por el proyecto de una Europa política, animada por una concepción netamente federal, proponiendo transferir a la Unión Europea la diplomacia, la política defensiva, la justicia, la economía, todo lo que conforma ahora la internacionalización.
Desde hace 50 años, Europa avanza, pero a muy pequeños pasos. La puesta en circulación del euro ha acelerado la integración porque los europeos, teniendo una medida común para comparar consumo y rentas, empujarán a sus Estados a las necesarias armonizaciones fiscales y sociales.
En suma, que frente al déficit democrático actual en España y en Europa, los republicanos proponemos la Democracia Política en su plenitud.
Muchas gracias