1995-01-23.EL MUNDO.CRISIS POLÍTICA SIN CRISIS DE GOBIERNO AGT

CRISIS POLÍTICA SIN CRISIS DE GOBIERNO
EL MUNDO. LUNES 23 DE ENERO DE 1995
ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO
DESDE el inicio de la transición vengo sosteniendo, contra el viento del miedo de los partidos a la libertad política de los gobernados y contra la marea de la confusión ideológica heredada de la guerra fría, que esta oligarquía constitucional de partidos no es la democracia. Mi intransigencia sobre el carácter previo de las reglas formales de la democracia, para poder afrontar con dignidad y eficacia los problemas de los españoles, pudo parecer extravagante cuando estaba arraigada la ilusa confusión de las libertades con la democracia. Ha hecho falta la evidencia de que las libertades públicas son compatibles con la corrupción y con el crimen de los gobernantes, para que se comience a cuestionar la legitimidad de un régimen de poder que ha de sostenerse con la mentira, la corrupción y el crimen. Toda la clase política y la mayor parte de la clase intelectual continúan afirmando que esto es democracia. Solo que, al ser joven, se ha corrompido a causa de los abusos del partido gobernante y de su jefe. Por eso se insiste tanto en explicar la gravedad de la situación como una crisis de Gobierno y no de las instituciones. Pero lo patente es lo contrario. Lo joven no se corrompe a no ser que nazca de la corrupción, como el hijo bastardo parido por el maridaje de la dictadura con la oposición clandestina. 
Por desasistido que esté en la opinión pública, el Gobierno no entrará en crisis mientras maneje la mayoría parlamentaria. La razón constitucional está con González y Pujol. La naturaleza de la crisis, crisis política sin crisis de Gobierno viene definida por dos hechos de evidencia inmediata: impotencia del Gobierno para gobernar, a causa de su desprestigio moral y de su obsesión de permanecer a cualquier precio en el poder, e impotencia de la oposición para cambiar el Gobierno, por no existir para ello cauce institucional dentro del período de una misma legislatura. La salida de la crisis depende de la buena voluntad de los jefes de la mayoría parlamentaria y no de la sabia precaución de unas buenas instituciones. González y Pujol, dueños absolutos de sus partidos parlamentarios, tienen pleno derecho constitucional y están políticamente legitimados para continuar destrozando -sin que ninguna institución pueda impedirlo legalmente- la conciencia nacional de España, la conciencia moral de los españoles y la moral de producción en un mercado definido por el tráfico de influencias. El robo, la corrupción y el crimen se enseñorean del Estado sin que los gobernados tengan la menor posibilidad de poner fin por medios institucionales a ese siniestro pastoreo. 
Los mejores intelectuales y periodistas, esos que denuncian y condenan la corrupción y el crimen de Estado, esos que se rasgan sus dignas vestiduras porque el Gobierno puede violar con total impunidad el Estado de derecho, la independencia de los jueces y de los medios de comunicación estatal, esos mismos que se interrogan en privado sobre la validez de la Monarquía para defender la unidad nacional y la honestidad de la vida política, esos valientes periodistas e intelectuales no se atreven a decir en público que esta crisis, característica de las oligarquías, tiene que ser forzosamente institucional si el Gobierno, haga la fechoría que haga, no puede ser cambiado mientras controle a la mayoría parlamentaria. Por el solo hecho de que en España esté pasando lo que está pasando, sin que existan instituciones para evitar la corrupción general y el crimen de Estado, para impedir que el poder ejecutivo se adueñe del poder legislativo y del judicial, para procurar que sea la sociedad civil, y no la sociedad política, la que esté representada en el Parlamento, esto no es en modo alguno, ni puede ser llamado una democracia. Reconocer esta verdad irrefutable es la primera condición para encontrar una salida democrática y pacífica a la situación que tiene atenazada en la impotencia y la degeneración a la sociedad política.