1996-02-10.ABC.CESID.ESCUCHAS

SÁBADO 10-2-96 

NACIONAL 

ABC  / 29 

La  oposición insiste en la responsabilidad 
política del Gobierno  en las escachas del  CESD) 
Anguita acusa a la  jnez de «saltarse olímpicamente» la Constitución 
Madrid. S. N. 
Todos los partidos de la oposición insistieron ayer en que la decisión judicial de archivar 
las diligencias del caso de las escuchas telefónicas del CESID no altera en modo alguno 
la responsabilidad  política del Gobierno en el asunto. Mientras, desde el PSOE y el Go 
bierno  se  exigía, sobre todo  al  PP, que  pidiese  perdón a  Narciso  Serra.  El líder  de  Iz 
quierda Unida, Julio Anguita, acusó a la juez de saltarse «olímpicamente» la Constitución. 

Ni en el PP, ni en lU, ni tan siquiera en CiU 
(aliado del Gobierno en la pasada legislatura) se 
hizo caso alguno a la petición de excusas lan 
zada tanto  por el propio Serra como  por diver 
sos dirigentes de su partido. Más aún, 
ía oposi 
ción no rectificó en nada anteriores reproches y 
siguió  insistiendo  en  la  responsalidad  política 
del Gobierno. 

En este sentido, el secretario general del PP, 
Francisco  Álvarez Cascos  (el político  contra el 
que  Serra  se  mostró  más  beligerante)  afirmó 
que el  Ejecutivo  «confunde  las responsabilida 
des penales con las políticas» a la hora de ana 
lizar  las  resoluciones  judiciales  y  reiteró  «la 
oportunidad,y  conveniencia»  de  su  partido  al 
haber  exigido  «en su  tiempo»  la  dimisión  de 
Narciso Serra. Para Álvarez Cascos, el ex vice 
presidente está intentado extrapolar la decisión 
judicial  que  le  exculpa  de  responsabilidades 
penales «para autoexculparse de cualquier res 
ponsabilidad  política». Según el  «número dos» 
del PP las peticiones de rectificación  de Serra 
«confirman que era y sigue siendo una persona 
incapacitada  para desempeñar  los cargos pú 
blicos, de los que tuvo que dimitir». 

Por su parte, Federico Trillo, responsable del 
área de Justicia del PP,  recordó que tanto Serra 
como  el ex ministro  de  Defensa, Julián García 
Vargas,  que también  dimitió  por  el escándalo, 
reconocieron  en  su  día  esa  «responsabilidad 
política».  Trillo  añadió  que  se  alegrará  si  una 
sentencia firme (la resolución será recurrida al 
menos por el abogado Antonio García Trevijano 
y el periodista Jaime Campmany) excluye a am 
bos  políticos  socialistas  de  responsabilidades 
penales, pero no quiso comentar elauto. 

Todo  lo  contrario  hizo  Julio  Anguita,  quien 
acusó  a  la  magistrada  de  «saltarse  olímpica 
mente el artículo  18 de la Constitución» ai orde 
nar el  archivo del caso. Según el dirigente comu 
nista  «no hay  ningún  motivo  para  disculparse 
ante Serra,  porque  la juez  reconoce  en el auto 

que  hubo escuchas», aunque las justificara en 
virtud de la razón de Estado. Lo verdaderamente 
«inquietante»  para el  líder  comunista  es  que la 
instructora  del  caso  reconozca  razones  de Es 
tado en la intervención y grabación sin autoriza 
ción judicial  de  conversaciones  privadas.  Julio 
Anguita  se  adentró  incluso  en terrenos  más 
abruptos  al afirmar  que el hecho  de  que el ar 
chivo de la causa se produzca poco antes de las 
elecciones  del 3-M,  una circunstancia que «me 
ha hecho reflexionar sobre los conceptos de "ca 
sualidad  y  causalidad",  lo  que  me  conduce a 
consideraciones  pesimistas  sobre  la naturaleza 
humana y la independencia de poderes». 

También desde CiU se contestó a la parte alí 
cuota  de  culpa  que  Serra adjudicó  a  la coali 
ción nacionalista («Pujol se apuntó a una men 
tira para retirar el apoyo al PSOE»). Según el di 
rigente  de CiU Joaquín Molins, respondió al ex 
vicepresidente del Gobierno que la dimisión es 
tuvo motivada  «porque su incompetencia puso 
en peligro  la seguridad  del Estado, no  por ha 
cer escuchas ilegales». En tono irónico, Molins 
recordó a Serra que la Incompetencia no figura 
en el Código Penal. 

Además de Serra, que ayer pidió al PP, y en 
especial  a José María Aznar, que haga un de 
claración pidiéndole disculpas por sus declara 
ciones de entonces, el Gobierno, y en su nom 
bre el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez 
Rubalcaba,  insistió  en  la  rectificación  pública 
de los dirigentes populares para «restituir el ho 
nor y la dignidad de los dimisionarios». 

García Vainas 
Por su  parte, el, ex ministro Julián García Var 
gas  calificó  de  «absolutamente  razonable»  la 
decisión de la  juez y criticó a los «energúmenos 
políticos»  que  hicieron  «campañas  en  las  que 
se  ponía en cuestión  asuntos  esenciales  para 
el funcionamiento del Estado». 

Los sindicatos policiales aclaran a Felipe González la 
desmoralización de las Fuerzas de Seguridad del Estado 

Madrid 
Los sindicatos policiales SUR ANPU y SPPU 
respondieron  ayer  al  presidente  del  Gobierno 
que la demotivación  que padecen las Fuerzas 
de  Seguridad  obedece  a la falta de  apoyo la 
boral y operativo y no al caso GAL. 

El Sindicato  Unificado  de  Policía  (SUP) re 
cordó  al jefe  del  Ejecutivo, que  si  los  policías 
están desmoralizados  no es  por  la «discusión 
política» sobre los GAL,  sino por la situación la 
boral que atraviesan los agentes del cuerpo. 

En una carta dirigida a González, el secreta 
rio general del SUP, José Manuel Sánchez For-. 
net, relata al presidente una larga lista de defi 
ciencias  laborales, jurídicas, económicas  y de 
organización que padecen los funcionarios del 
CNP desde  hace  años  y  que,  en  su opinión, 
constituyen  el verdadero  motivo de  la desmo 
ralización de ios policías. Fomet asegura que el 
jefe  del  Ejecutivo  está  mal  informado  «por la 

inexistencia  de  ministro  de  Interior», y  explica 
que Juan Alberto Belloch es ministro de Justi 
lo  es  nominal-
cia  «porque  de  Interior  sólo 
mente». 

El ANPU, en un comunicado, también men 
cionó  las carencias  económicas,  así como  al 
«chanchulleo  político  en esa especie  de  mer 
cado de competencias»  con las policías autó 
nomas.  Este sindicato  criticó también  la deci 
sión del juez Santiago Senén Martínez, que im 
pidió  que  el  Cuerpo  Nacional  de  Policía 
investigara una asamblea de Jarrai que se ce 
lebró el pasado sábado en un instituto depen 
diente del Gobierno vasco. 

Por su parte, el SPPU en una carta enviada a 

Felipe  González  dice  que  lo  que  verdadera 
mente  desmotiva  a  las  Fuerzas  de  Seguridad 
del Estado son, entre otros aspectos, la discri 
minación salarial con  respecto a otras policías 
y la falta de medios operativos y logísticos. 

La Audiencia confinna  el  procesamiento 
de Lnis Roldan, qae segdrá en prisión 
Madrid. Manuel Marín 
La Audiencia  Provincial  de  Madrid  confirmó 
ayer  el  procesamiento  de  Luis  Roldan,  de  su 
esposa y de otras doce personas a las que la 
juez Ana Ferrer relacionó con la trama que mo 
tivó el enriquecimiento presuntamente ilícito del 
ex director de la Guardia Civil. Roldan será juz 
gado  por  malversación  de  caudales  públicos, 
estafa,  prevaricación,  cohecho,  falsedad  en 
documento  público  y  un  delito  contra  la Ha 
cienda Pública. 

En el auto, notificado ayer a las partes, el Tri 
bunal de la Sección Sexta de la Audiencia de 
cide  mantener  en  prisión  al  ex  director  de  la 
Benemérita «tanto por  la gravedad de los deli 
tos  que  se le imputan, como  por  el hecho  de 
su prolongada fuga a la acción de la Justicia». 
La Audiencia Provincial pretende así garantizar 
su futura comparecencia en el juicio oral. 

La Sala estima en  su  resolución  que  no se 
violaron  los  derechos  fundamentales  de 
Roldan cuando fue detenido y puesto a dispo 
sición judicial después de haber estado varios 
meses  huido  de  la  Justicia  y,  por  tanto,  no 
puede  declararse  la nulidad del  proceso, tal y 
como había solicitado en su recurso la defensa 
del ex director general. 

El Tribunal también desestima el recurso pre 
sentado  por el defensor  de Blanca Rodríguez, 
esposa  de  Roldan,  porque  considera  que  «la 
causa  permite  constatar  la existencia  de  ele 
mentos  suficientes  para  inferir  presuntamente 
que conocía y participó en la actividad presun 
tamente  ilícita de  Roldan». Añade  que  estaba 
informada  del  sistema  de  distribución  de  los 
fondos reservados del Ministerio del Interior, de 
los  que  pudo  beneficiarse  el ex director  de  la 
Guardia Civil. Será juzgada por malversación y 
delitos contra la Hacienda Pública. 

El recurso  presentado  por la acción popular 
del «caso Roldan», ejercitada por el empresario 
José  María Ruiz-Mateos, fue asimismo recha 
zado. En él se solicitaba a la Sala el encarcela 
miento  de  otros  dos  procesados,  el  general 
Manuel Llaneras, subdirector general de Apoyo 
de la Guardia Civil, y Jorge Esparza, testaferro 
y  hombre  de  confianza de  Roldan.  El Tribunal 
deniega, asimismo, que los procesamientos se 
amplíen, entre otros, al ex secretario de Estado 
para la Seguridad, Rafael Vera, y al ex director 
general  para  la Seguridad  del  Estado,  Julián 
San Cristóbal. 

Incluso, rechaza la solicitud de que sean ci 
tados  como  imputados  los ex ministros  de In 
terior José  Barrionuevo, José  Luis  Corcuera y 
Antonio Asunción y de que se investigue  si el 
presidente del Gobierno,  Felipe González, co 
noció  y  no  impidió  el  enriquecimiento  de 
Roldan.  La Sala considera  que  la  petición  es 
«extemporánea». 

Respecto  a las causas  para  rechazar  el re 
curso  de  Jorge  Esparza,  que  está  procesado 
por malversación, estafa, cohecho y falsedad, 
el Tribunal cree que hay indicios suficientes en 
el auto dictado por la juez Ferrer para acreditar 
que  autorizó  pagos  de varias  constructoras  a 
Roldan  en  concepto  de  comisiones  por  las 
obras realizadas para la Guardia Civil. 

El Tribunal inadmitió también el resto de los 

recursos  presentados:  el  del  general  Llane 
ras; 
los  hermanos Mesa  Bussareu, directivos 
de  la  constructora  Cubiertas  y  Mzov;  Juan 
Jorge Prieto, director de una sucursal banca-
ria que  sirvió  para  encubrir  a  Roldan; Carlos 
Zuazo,  presidente  de  la empresa  Sierra  Co 
mendador;  y  los  directivos  de  la  sociedad 
Huarte  Mario  Caprile,  Manuel  Carbajosa  e Il 
defonso Aguilar. 

ABC (Madrid) - 10/02/1996, Página 29
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