1997-11-04.EL MUNDO.ARCHIVO CASO SOGECABLE

ARCHIVO CASO SOGECABLE
EL MUNDO. 4/11/1997. Página, 36
AGUSTIN YANEL
MADRID.- La Audiencia Nacional acordó ayer archivar las principales acusaciones que se investigan en el caso Sogecable porque, en contra de las opiniones del fiscal y de los acusadores particulares, afirma que los acusados no han cometido los delitos de apropiación indebida y estafa.
En cuanto a los otros hipotéticos delitos que ha investigado el juez Javier Gómez de Liaño (ahora en manos de su colega Ismael Moreno, tras aceptar éste la recusación del anterior), la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional indica que deberá ser el juez Moreno, «con libertad de criterio», quien diga si continúa o no con la investigación de los mismos.
Aunque es un archivo «parcial», diversas fuentes jurídicas señalaron ayer que, en la práctica, supone que el caso Sogecable se desinfla notablemente. Porque lo único que el juez podrá investigar, si encuentra motivos para continuar, serían unos supuestos delitos de falsedad, societarios y fiscales, pero nada relacionado con el meollo de la acusación inicial: el uso presuntamente irregular por parte de Canal Plus de los casi 23.000 millones que entregaron sus abonados como «depósito» a cambio de los descodificadores.
Los abogados de Jesús Polanco, Juan Luis Cebrián y otros directivos de Sogecable (empresa propietaria de Canal Plus) pidieron el archivo del caso el 25 de abril. Y fue ayer, seis meses después y tras numerosos incidentes procesales, cuando finalmente los magistrados Fernando García Nicolás, Jorge Campos Martínez y José Ricardo de Prada pudieron dar a conocer su decisión.
Canal Plus se constituyó en abril de 1989 y la Sociedad de Gestión del Cable dos años después, con los mismos accionistas. Esta última empresa compró a la primera los descodificadores, pero Canal Plus siguió cobrando las cuotas y gestionando los «depósitos de garantía» (aunque estos figuraban en el pasivo de Sociedad de Gestión del Cable).
NO EXISTEN «DEPOSITOS».- Los magistrados afirman que lo que pagaban los abonados como garantía por los descodificadores no era un «depósito» en el sentido que fija la ley, sino una entrega de dinero de la que podía deducirse una parte si, al darse de baja un abonado, devolvía el descodificador en mal estado. Por eso, según la Sala, la empresa no tenía obligación de mantener ese dinero (casi 23.000 millones) inmovilizado en una cuenta, como afirman los querellantes.
De ahí se deduce, según los magistrados, que no existió el delito de apropiación indebida que se habría cometido al trasladar los «depósitos» de una sociedad a otra y utilizarlos para comprar descodificadores.
También dicen los querellantes que existe un delito de estafa porque, cuando el Gobierno rebajó a Canal Plus el IVA, esta sociedad no redujo la cuota a los abonados. Pero los magistrados rechazan esa afirmación: lo que ocurrió, según dicen, es que la empresa aprovechó ese momento para aumentar lo que cobraba a cada suscriptor, de tal manera que siguió pagando lo mismo porque «lo que se le rebajó por el tipo de IVA se le subió por el concepto de cuota mensual».
TRATO DE FAVOR.- La Sala no se pronuncia sobre otras acusaciones, referidas a un supuesto delito de estafa o, «ya tornándose la instrucción un tanto errática y con peligrosa proximidad a una causa general contra Sogecable, afirman, a si hubo trato de favor al conceder la televisión de pago a Canal Plus cuando era ministro Semprún, hoy miembro de su consejo de administración. Esto deberá decidirlo el juez Moreno.
Ante esta decisión, Sogecable expresó ayer su satisfacción. También lo hizo el PSOE, por boca de Rubalcaba, quien dijo que ya se va desenredando una madeja cuyo origen atribuye a un informe solicitado por un secretario del Gobierno del PP.
El querellante Javier Sainz Moreno resaltó que no se ha archivado todo el caso. El abogado Antonio García Trevijano, acusado de participar en una supuesta conspiración contra Polanco, afirmó que este archivo parcial es el resultado de la «operación montada por el Grupo Prisa» para apartar del caso a Gómez de Liaño.