1997-10-01.ABC.AGT ACUSA A GARZON POR SOGECABLE
Publicado: 1997-10-01 · Medio: ABC
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24/ABC NACIONAL MIÉRCOLES 1-10-97 TYevijano acusa a Garzón de conspirar contra Liaño para quitarle el «caso Sogecable» Madrid^ N.C. El abogado Antonio García Trevijano acusó ayer al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y al ex ministro.Jaime García Añoveros de ser los protagonistas de «una conspiración para apartar a Gómez de Liaño del "caso Sogecable"». En su opinión, es la única conspiración que existe y «sirve a los intereses» del presidente de Sogecable, Jesús de Polanco, y del consejero delegado, Juan Luis Cebrián, que «no quieren ser in vestigados» por Gómez de Liaño. García Trevijano, que declaró ayer como imputado en el Tribunal Supremo, volvió a calificar de «juicio político»' las diligencias abiertas en el alto Tribunal para investigar el cruce de acusaciones de Garzón y Gómez de Liaño. La naturaleza «política» del procedi miento «me obliga -dijo- a adoptar una pos tura procesal muy original, sin antecedentes en la Justicia española», aunque no quiso re velar en qué consiste amparándose en el se creto de las diligencias. La declaración del letrado, que se defendió a sí mismo, duró 35 minutos y ha precedido a la que hoy prestarán los fiscales Ignacio Gor- dillo y María Dolores Márquez de Prado. Por otra parte, hoy está previsto también que la Audiencia Nacional celebre la vista de un recurso del «caso Sogecable» que fue sus pendida la pasada semana al recusar una de las acusaciones al magistrado Ricardo de Prada Soalesa. El pleno de la Sala de lo Penal de la Audien cia Nacional rechazó la recusación e impuso una multa de cien mil pesetas a la parte recu sante por su «mala fe procesal». La recusa ción presentada, afirma la Sala, pretendía «dilatar la sustentación de un recurso» y ha «entorpecido el discurrir del proceso sin im portarle haber creado públicas dudas sobre la integridad profesional de un magistrado ni el grave e irreparable daño que a la credibilidad de la Administración de Justicia la recusa ción produciría». ' Los abogados Juan de Rojas y Eduardo Corzo (que firmaron la recusación), así como los también acusadores en el «caso Sogeca ble» Benito Garrido, Manuel Murillo y Fran cisco Franco Otegui presentaron ayer tres re cursos contra la providencia con la que el Tri bunal fija para hoy la celebración de la vista con el fin de que no se celebre. Alegan irregu laridades formales de la providencia e imposi bilidad de celebrar vista oral en los recursos de queja. Liaño niega la trama Javier Gómez de Liaño, por su parte, negó ayer en declaraciones a la Cadena Cope que haya participado en ninguna conspiración para derribar al Grupo Prisa y aseguró que «si hubiese tenido la tentación del prejuicio o toma de partido, puedo asegurar que el meca nismo de la abstención se habría puesto en marcha sin necesidad 'de que nadie me lo su giriese». «No entiendo lo que es una conspira ción. Nunca he tenido un prejuicio», añadió.- Reconoció que se ha deteriorado su antigua amistad con Garzón,'al que criticó por.su paso a la política: «El juez que sale de la ór bita de juez y se sale de ese ansia política, tiene luego dificultades de.retorno porque,, a la larga, la política genera poder y el poder corrompe o intenta corromper». El Consejo del Poder Judicial, dividido ante la suspensión de Liaño y Garzón Varios vocales creen que, tras ser inculpados, deberían dejar de ejercer cautelarmente Madrid. M. Peral La Comisión Permaüente del Consejo del Poder Judicial acordó ayer remitir al Pleno, que se reúne hoy, el debate sobre la procedencia de suspender provisionalmente en sus cargos a los magistrados Garzón y Gómez de Liaño, inculpados ante el Tribunal Su premo por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones judiciales. La cuestión ha dividido por la mitad a los miembros del órgano de gobierno de los jueces. El Pleno del Consejo General del Poder Ju dicial (CGPJ) debatirá hoy si procede suspen der de forma cautelar a los jueces Baltasar Garzón y Javier Gómez de Liaño, contra quie nes se instruye en el Tribunal Supremo un proceso por presuntos delitos relacionados con el «caso Sogeca ble» que habrían sido cometidos en el ejerci cio de sus funciones jurisdiccionales. La cuestión ya fue discutida de manera informal por el Pleno del órgano de go bierno del Poder Judi cial en su reunión del pasado 17 de sep tiembre. El debate se suscitó de nuevo ayer en la sesión ordinaria que celebró la Comi sión Permanente, en la que participaron nu merosos vocales y no sólo sus cinco miem bros permanentes. J. Gómez de Liaño Fuente's del CGPJ señalaron que el Consejo «está dividido por la mitad» sobre la proce^ dencia de aplicar en este momento a.Garzón y Gómez de Liaño los preceptos legales que es tablecen que los jueces serán suspendidos cautelarmente «cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones». Ajuicio de vocales elegidos a propuesta del PP, no bastaría una mera denuncia -aunque, como en este caso, haya sido interpuesta por el fiscal general del Estado- para aplicar esa previsión legal a los jueces denunciados. En su opinión, es necesario que el instructor acuerde dirigir el proceso contra ellos des pués dé haber investigado el fundamento de la acusación inicial, porque, de otra manera, la simple apertura de un procedimiento bas taría para apartar a un juez del ejercicio juris- diccionaL Ello abriría la puerta a denuncias «instrumentales» con el exclusive fin de eli minar al juez «incómodo». Por el contrario, numerosos vocales, varios de ellos elegidos a propuesta del PSÓE, sos tienen que en el caso de Garzón y Gómez de Liaño no se trata de una mera denuncia ni de la simple iniciación de un proceso: el instruc tor del Supremo, después de analizar los he,; chos denunciados y de modificar la situación de algunos implicados que aparecían como testigos y ahor? son inculpados, acordó citar en esa última condición-a ambos jueces. . Subrayan, además, que estos magistrados no son acusados de cualesquiera infracciones penales, sino de delitos cometidos precisa mente en el ejercicio de la jurisdicción. A su juicio, la ley ha querido ser más rigurosa en la aplicación de la suspensión cautelar en ese último caso, puesto que, cuando se trata de delitos no relacionados con la función judi cial, exige que se haya decretado la prisión del juez, su libertad bajo fianza o su procesa-" miento. Cuando .el delito imputado está co nectado con el ejercicio jurisdiccional, no son precisas esas medidas para acordar la sus pensión provisional del juez, sino exclusiva mente que el proceso se dirija contra él. •Vocales que sostienen este último criterio manifestaron a ABC que, más allá del con- creto caso de Garzón y Gómez de Liaño, es necesario que el CGPJ determine en qué mo mento procesal hay que aplicar la suspensión cautelar de jueces incursos en diligencias pe nales y si su citación como inculpados equi vale a «proceder contra ellos», ambigua ex presión que utiliza la ley. Además, según se puso de manifiesto en la reunión de la Comisión Permanente de ayer, en ocasiones los Tribunales no comunican al CGPJ la evolución de la situación procesal de los jueces, como ocurre con el llamamiento como inculpados de Garzón y Gómez de Liaño, que el Consejo no conoce oficialmente. Por ello, el órgano de gobierno del Poder Ju dicial debatirá hoy si pide al instructor del Supremo Joaquín Delgado la resolución en la que acordó citar a declarar a los dos jueces. Proceso disciplinario a Navarro La Comisión Permanente decidió, por otra parte, remitir a la Comisión DiscipMnaria un artículo publicado el 9 de septiembre por el juez Joaquín Navarro en el que tachaba de «prevaricadora» la resolución en la que Garzón desveló la supuesta existencia de una trama para mantener vivo el «caso Sogeca ble» aunque no hubiera base legal para ello. El CGPJ envió ese artículo al fiscal general por si constituía delito, la Fiscalía, sin em bargo, ha contestado que no va a actuar con tra Navarro porque, a sU juicio, el ejercicio de la acción penal correspoiidería al afectado. El Consejo estudiará ahora si Navarro ha incu rrido en infracción disciplinaria. - . Filesa: Las defensas denuncian violación de derechos fundamentales Madrid. M.P.. «Este proceso pasará a la historia, como gustaba decir a su instructor. Pero pasará a la historia por ser un proceso plagado de irre gularidades», afirmó ayer Pablo Jiménez de Parga, defensor del administrador de Filesa, Luis Olivero. El letrado pidió la absolución de su cliente no sólo por la inexistencia de delito alguno, sino porque, además, se habrían vul nerado los derechos fundamentales a un pro ceso con todas las garantías y a la intimidad. El defensor subrayó que «el origen del pro ceso» fueron los documentos de Filesa «sus traídos» por el ex contable Carlos van Schou- 'wen. Esa prueba ilícitamente obtenida, argu mentó, «contamina» ..todas las actuaciones judiciales, que se basaron en ellos. Horario OUva, defensor del ex diputado Na varro, denunció la variación de la acusación del fiscal, hasta el punto de afirmar que «no sabemos de qué defendernos». ABC (Madrid) - 01/10/1997, Página 24 Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. 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