1978-02-25.REPORTER.40.EL INTERES NACIONAL EN EL ACUERDO PESQUERO AGT

EL INTERES NACIONAL EN EL ACUERDO PESQUERO
REPORTER 40. 25 FEBRERO 1978
ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO
La ratificación del acuerdo pesquero España-Marruecos ha mostrado un estéril y confuso debate en el Parlamento. Estéril, porque todos los parlamentarios sabían de antemano que el acuerdo sería ratificado. Confuso, porque la opinión pública no sabe, tras tantas horas de «trabajo» parlamentario, cuál es la verdadera razón que ha provocado, en un tema aparentemente menor, el primer enfrentamiento serio entre el partido del Gobierno y los partidos de la oposición que han pactado con él sobre todos los grandes problemas políticos y económicos del momento.
Hay que advertir de entrada que ningún partido se oponía a la necesidad de un acuerdo con Marruecos que diese tranquilidad y perspectivas de futuro a las empresas pesqueras españolas, que faenan en esa zona marítima que ha conocido últimamente tan serios incidentes.
Desde este momento, la opinión pública esperaba conocer cuáles eran las razones nacionales que aconsejaban no ratificar el acuerdo preparado por el Gobierno y cuál era la alternativa que ofrecía la oposición.
Los argumentos esgrimidos por el PSOE, bien intencionado, no han contribuido, sin embargo, a esclarecer la situación. Sus acusaciones abstractas de corrupción y de conductas delictivas contra la UCD y contra las grandes empresas pesqueras no han sido probadas con hechos concretos, sino deducidas por presunción. No basta que los señores Calvo Sotelo y Moro procedan de Sogima, ni que hayan tenido estrechas relaciones de dependencia económica con determinadas empresas pesqueras para deducir sin más que han utilizado su poder político para procurarse, o procurar a sus antiguos patronos, un beneficio atípico. Tampoco basta con probar que el acuerdo con Marruecos favorece a las grandes empresas para dejar sentada tan grave acusación.
Todo acuerdo internacional de carácter económico, concertado por un gobierno de un país capitalista, favorece indefectiblemente a las grandes empresas que desarrollan los intereses nacionales en función de sus propios intereses. Bajo un concepto de desarrollo económico que identifica el aumento de la producción nacional con el bien común, los más y mejores ciudadanos, en una economía de mercado libre, son aquellos que con mayor eficacia contribuyen al aumento de dicha producción. No es posible separar, desde esta óptica, el bien nacional del bien de las grandes empresas. Lo que favorece la gran unidad de producción favorece a la nación, y a la inversa. Es la lógica del sistema capitalista, y no la posible connivencia entre los grandes patronos y los hombres políticos, la que asegura este resultado en todo tipo de tratado internacional de carácter industrial, comercial o económico. La injusticia social que ocasiona el sistema de producción capitalista tiene que ser amenguada a través de la redistribución de rentas, que es por definición una materia sujeta exclusivamente a la competencia de los poderes nacionales, y no susceptible, por tanto, de ser sometida a un contrato bilateral de carácter internacional.
Si el PSOE estuviese en el Gobierno y, tuviera que concertar con Marruecos un acuerdo pesquero, este acuerdo podría ser diferente del que ha suscrito el actual Gobierno en muchos aspectos, pero no en el de que no beneficiara en primer lugar a las grandes empresas españolas. En caso contrario, y con todo fundamento, se le reprocharía no haber sabido defender los intereses nacionales.
La incongruencia del PSOE estriba en haber aceptado el sistema capitalista como base de la constitución del Estado y del poder político, y rechazar luego las consecuencias que se derivan de este sistema.
No es en este aspecto económico del acuerdo con Marruecos donde el Gobierno ha faltado a su deber de protección de los intereses nacionales, sino en el perjuicio que ha causado a las posibilidades de pacificación de un conflicto internacional en el que está comprometido el futuro del archipiélago canario. Diga lo que quiera el señor ministro de Asuntos Exteriores la firma de este acuerdo supone el reconocimiento implícito por parte de España de la soberanía marroquí sobre las aguas adyacentes a la costa del Sahara occidental. Y este reconocimiento está en abierta oposición con la postura oficial de España ante las Naciones Unidas sobre el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, y con las propias marginaciones del ministro en el debate parlamentario.
Sin embargo, no podemos engañarnos. Pese a la doctrina oficial de la ONU sobre el Sáhara occidental, los gobiernos de las potencias occidentales reconocen de hecho la soberanía de Marruecos sobre la ex colonia española.
Nuestro Gobierno, fiel en esto, como en todo, a la política internacional de Estados Unidos, da un paso jurídico, de gran valor internacional, para legitimar, por la vía indirecta de un acuerdo pesquero, la soberanía de Marruecos sobre el Sahara. También en este terreno la incongruencia está del lado del PSOE. Por un lado, acepta y sirve al liderazgo de la socialdemocracia alemana en el sur de Europa, que ejecuta la estrategia mundial de los Estados Unidos, y de otro lado, defiende la causa del Polisario y de la autodeterminación del pueblo saharaui, que choca abiertamente contra dicha estrategia.
Quien quiere lo más y rechaza lo menos produce siempre la sensación de estar luchando simplemente para tranquilizar su mala conciencia.