1978-02-02.REPORTER.37.AUTONOMÍAS SOLIDARIAS AGT

AUTONOMÍAS SOLIDARIAS
REPORTER 37. 02 FEBRERO 1978
ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO
La cuestión que ha sido más embrollada por la clase política y menos esclarecida ante la opinión es, sin duda, la de las autonomías. En este terreno están permitidas todas las confusiones. Sin ideas claras y distintas a las que referirse, sin un modelo históricamente realizado, sin un vocabulario de significaciones inequívocas, nadie teme quedar al descubierto. Se pronuncian frases, se emiten juicios, se firman decretos en tomo a las autonomías, pero se desconoce a dónde conduce el movimiento, si es que hay algo que todavía se mueva realmente en él. La mutua incomprensión y el recelo entre los distintos pueblos de España son las notas dominantes de un fenómeno, como el de las autonomías políticas en un mercado industrial unificado, que sólo puede abrirse paso en la historia a través de la reciproca solidaridad.
No se trata de un juicio «moralistico» o de un deseo piadoso. La única posibilidad real que las autonomías tienen de realizarse, bajo un Estado interventor, director y centralizador del proceso económico global, es a través de la intercomunicación, solidaridad y mutuo apoyo de los movimientos autonómicos. En el Estado moderno, los procesos de autonomía de sus comunidades territoriales o son solidarios o no son de verdad autonómicos. El centralismo favorece y crea la insolidaridad, fomentando la división entre las regiones, para dominar el movimiento popular de liberación económica y cultural que se ha puesto en marcha tras la aspiración formal a las autonomías políticas.
El presidente de la Generalitat percibe con justeza la necesidad de contenidos diferentes en las instituciones autonómicas de pueblos y territorios diferentes, como lo es Euskadi respecto de Catalunya. Pero no se ha percatado de que la solidaridad entre los territorios autonómicos, si bien era un lujo del que podía prescindirse cuando el Estado liberal estaba separado orgánicamente de la sociedad productiva (1932), se convierte en una imperiosa necesidad cuando, como ahora, el Estado absorbe y dirige el proceso de producción económica. La autonomía catalana quedará en pura retórica, vacía de contenido y de poder, si su acción se limita a la de administrar los servicios públicos descentralizados del Estado y la esfera, cada dia más reducida, de las actividades que aún no están afectadas por las decisiones de los aparatos estatales que centralizan el proceso económico global.
Bajo una economía de mercado libre, y preponderantemente agrícola, como era la de España durante la II República, la autonomía catalana podía discurrir en la ignorancia de lo	que sucediera en los demás territorios,	ya que el Estado no intervenía directamente en la regulación de la vida productiva catalana. Pero hoy no es así. Con autonomías, y sin ellas, los mecanismos estatales de intervención económica continuarán programando y dirigiendo desde el centro el desarrollo de las zonas periféricas.	
Una cosa es el centralismo administrativo de los poderes burocráticos del Estado, contra el que se puede luchar con eficacia a través de los poderes autonómicos, y otra cosa muy distinta el centralismo económico de los monopolios y de los aparatos estatales de dirección de la economía.
Ahora bien, como los monopolios y	 organismos estatales de intervención en el mercado están organizados y	controlados por los representantes del capital financiero es inevitable que el desarrollo de la periferia está concebido en función de estos intereses especulativos, que necesitan mantener una desigualdad permanente en las rentas	regionales para poder realizar, con las	 transferencias de recursos de unas zonas a otras, las reproducción del capital. Contra esta injusticia en la distribución de la renta regional no se puede hacer nada sin una concepción nueva y solidaría de las autonomías.
A juzgar por sus recientes declaraciones parece ser que el presidente de la Generalitat continúa pensando de las demás autonomías como en 1932. Si es así, es decir, si ha renunciado a comprender las profundas motivaciones anticentralistas y democráticas de la solidaridad entre los pueblos y regiones de España, en razón de la naturaleza necesariamente intervencionista del Estado moderno, se convertirá, aun sin quererlo, en instrumento de ejecución descentralizada de las decisiones del centralismo económico del Estado.
La artificialidad y el simulacro son los recursos indefectibles de la política cuando falta en la acción la sinceridad inherente a toda obra innovadora. En el terreno de las autonomías la necesidad de innovación era total. Pero siendo la Restauración un movimiento histórico de recuperación del pasado es natural que no tenga respuesta ante los hechos nuevos. Los antecedentes históricos de las instituciones autonómicas en Catalunya y el País Vasco, siendo válidos como componentes de la memoria nacional de estos pueblos, no son trasplantables a una época en la que ha desaparecido el supuesto orgánico que les dio vida.
Lo nuevo no es hoy la aspiración a la autonomía de las nacionalidades históricas, sino el hecho de que este movimiento renace ahora en el contexto de un Estado intervencionista y con la explosión autonómica que origina el desigual desarrollo económico regional en pueblos que carecen de identidad cultural o política diferenciada. Este hecho nuevo exige una respuesta nueva. Las formas institucionales de encauzar este moderno fenómeno deben ser distintas en uno y otro pueblo, según el grado de desarrollo respectivamente alcanzado. Pero una cosa es segura. Las distintas autonomías para ser reales necesitan ser solidarias. La insolidaridad regional pudo ser en d pasado un defecto moral. Hoy es mucho más grave porque se trata además de un error en el proceso de inteligente egoísmo que los pueblos desencadenan, con las autonomías, para la mejora de su condición particular.