1978-01-11.REPORTER.34.MOMENTO ACTUAL AGT

MOMENTO ACTUAL
REPORTER 34. 11 ENERO 1978
ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO
El reconocimiento por el Estado del derecho a la autonomía de Euskadi, siendo en sí mismo un hecho político de carácter progresista y democrático, como lo fue también el reconocimiento de la autonomía catalana, no debe llevarnos a la precipitada y optimista conclusión de que al fin, y por decreto del Gobierno, lo que antes fue motivo de guerra civil se ha convertido ahora en causa de concordia.
Hemos de reconocer que falta en la opinión una explicación coherente de la «facilidad» con la que un Estado tradicionalmente centralista y antidemocrático está reconociendo el principio democrático de las autonomías territoriales. Sobre todo si esta facilidad se contrasta con la evidente «dificultad» que ese mismo poder estatal está oponiendo al reconocimiento del principio democrático en su propia esfera.
Cometen un error de análisis quienes, desde la derecha, atribuyen el reconocimiento del principio de las autonomías a la simple debilidad del Gobierno Suárez, o al complejo de culpabilidad franquista de las clases estatalmente dominantes. Esta opinión, aparte de que olvida la debilidad de la oposición y la ausencia de complejos de los neofranquistas para perpetuarse en el Estado liberal, no tiene en cuenta la naturaleza social de la relación de dominio en qué consiste el poder político. Por ello interpreta como una «debilidad» subjetiva del Gobierno lo que en realidad es una «incapacidad» objetiva para gobernar a «todas» las clases y a «todos» los territorios del Estado.
Pero también caen en el mismo error de simpleza quienes, desde la izquierda, atribuyen la «concesión» de las autonomías territoriales a una estratagema del Gobierno dirigida a crear las condiciones de desorden que permitan una ulterior intervención del Ejército para poner las «cosas» en su sitio, o al menos para que, ante este riesgo, sea la propia oposición autonomista la que reprima ideológicamente, y desvíe hacia la retórica sentimental, a los movimientos populares de las nacionalidades, inicialmente proyectados hacia la conquista de poderes autónomos reales.
Estas opiniones son erróneas no porque hayan percibido datos o posibilidades inexistentes en la realidad, sino porque han dejado de percibir en ella el movimiento determinante. Que en este momento no proviene de la mayor o menor voluntad de poder del Gobierno, cuestión siempre relativa, sino de la necesidad objetiva en que se encuentra la clase dominante, para mantenerse como poder estatal, de buscar una nueva relación de equilibrio con las clases dominadas.
Desde esta perspectiva, más profunda, la actuación del Gobierno Suárez, tanto en el Pacto de la Moncloa como en el reconocimiento de las autonomías, obedece a la más rigurosa lógica de conservación del poder. Consciente de que la dase dominante ha perdido la capacidad de gobernar (Gobierno Arias), está tratando de mantenerla en el Estado merced a lo que podría llamarse con toda propiedad un «equilibrio de incapacidades» con las fuerzas políticas organizadas de la oposición.
La gestión política del Gobierno Suárez aparece fundadamente como una operación brillante y positiva de la Monarquía. No porque haya dotado a la clase dominante de una mayor capacidad de dirección respecto a la que tenia con el Gobierno Arias, sino porque ha privado a las clases dominadas de las virtualidades directivas que realmente tenia. Es la impotencia «pactista» de la oposición, y no la potencia del Gobierno, lo que asegura la continuidad en el poder estatal de las mismas clases sociales que lo tuvieron bajo la dictadura.
Ese resultado brillante, este «equilibrio de incapacidades», ha sido fruto de un proceso de «habilidades» de la clase política. Con las elecciones del 15 de junio se ocultó, y no se resolvió, la crisis constituyente del Estado. Con los pactos de la Moncloa se evita, y tampoco se resuelve, la crisis de gobierno. Ahora, finalmente, con el reconocimiento del «derecho» abstracto a la autonomía de todos los territorios españoles, se esquiva, y en modo alguno se resuelve, la articulación equilibrada de la cuestión vasca y de la cuestión catalana, en la constitución del poder, único e indivisible, del Estado.
Mientras queden «habilidades» por jugar, mientras no se celebren las elecciones sindicales, las municipales, el referéndum constitucional y los autonómicos, durará la ilusión de que la dase política gobierna o dirige el proceso, cuando en realidad a la incapacidad objetiva de las clases financieras y burocráticas para dirigir a toda la sociedad la que está imponiendo a la clase política el proceso de su propia incapacidad.
Pero la situación de "equilibrio de incapacidades" que es la característica del momento político actual no tiene forzosamente que desembocar en una situación de perplejidad o de estupor de las masas ante la libertad. A esta peligrosa situación sólo se llegará si a los errores cometidos se añade el de hacer creer a la opinión pública que la suma de dos incapacidades dará a un gobierno de coalición, o incluso a un gobierno de concentración, la capacidad de dirigir. Esto no quiere decir que el PSOE, o cualquiera combinación de partidos parlamentarios, no pueda formar un nuevo Gobierno. Del mismo modo que la UCD está al frente del Gobierno sin tener capacidad objetiva para gobernar, también puede estarlo la izquierda. Pero si la izquierda accede al gobierno sin haber roto el «consenso» que la paraliza en el «equilibrio de la incapacidad», es decir, sin representar una alternativa real de poder, entonces este equilibrio, todavía de carácter voluntarista y coyuntural se convertirá en el "equilibrio catastrófico" que describió Gramsci.
Se produce esta última situación cuando las clases sociales opuestas adquieren la conciencia de que su enfrentamiento, incluso por vía institucional, las destruirá a ambas. En esta perspectiva, desaparece toda voluntad de conformar a la sociedad y al Estado según unos valores productivos. Desaparecen le ética industrial, la moral de trabajo, el sentido colectivo de la responsabilidad social y la ambición de futuro. Entonces se reúnen todas las condiciones que el país se ofrezca inerme a la colonización extranjera.