1978-01-04.REPORTER.33.UN AÑO CRUCIAL AGT

UN AÑO CRUCIAL
REPORTER 33. 4 ENERO 1978
ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO
Todavía no está perdida la batalla de España por la modernidad. Aun existe un fundamento objetivo a la esperanza de alcanzar, no la meta de la libertad, de la justicia y de la racionalidad productiva, que siempre estará históricamente distante, sino la buena dirección, el camino que nos permita un progresivo acercamiento hacia esos eternos ideales de la humanidad.
A principios del 77 la situación española era aún clara de entender. La gran mayoría de la población carecía de una conciencia política autónoma. Deseaba y temía la libertad. Las clases dirigentes del país, incluida la clase política, para mantenerse al frente del negocio del Estado o para colocarse en mi posición de ventaja ante la perspectiva de acceder  a él, no quisieron aceptar el riesgo de la libertad. Apoyándole en el temor, más que en el deseo de liberación, decidieron celebrar unas elecciones políticas antes de que esa gran mayoría de los electores supiera quién defendía de verdad sus intereses y dónde estaba la alternativa al continuismo de la misma y arcaica concepción del Estado y de la vida política. Sobre la ignorancia y sobre el temor no se podía cimentar una nueva Constitución del Estado. Los partidos de la oposición no utilizaron la campaña electoral, salvo en algunos casos individualizados, para informar y formar a la opinión. Todos repitieron hasta la saciedad que lucharían para dar carácter constituyente a la asamblea de diputados y para que una Constitución «garantizase» todos los derechos y todas las libertades democráticas. Es decir, todos ocultaron ante el elector que esas elecciones acababan precisamente con el proceso constituyente del Estado, y que una Constitución jamás garantiza ningún derecho y ninguna libertad por el techo de que así lo diga en su articulado. Los españoles de 1812 no fueron justos ni benéficos pese a que así lo "garantizase" la Constitución. Y sin embargo hoy se repite la misma y leguleya concepción de lo que debe ser la Constitución del Estado.
A principios de 1978, la situación política de España es mucho más difícil de entender. En primer lugar, porque tras el «consenso» de todos los partidos y del Pacto de la Moncloa, ya no puede distinguirse entre el partido del Gobierno y los partidos de oposición. Todos defienden la misma política y la misma situación. En segundo lugar, porque los partidos de izquierda, al aceptar la forma «orleanista», y no democrática, del Estado, han dejado de representar la esperanza de modernidad política que con toda legitimidad fundamentaron durante su larga experiencia de la innovación y de la ilegalidad. Tan anticuada es hoy la posición constitucional del PSOE o del PC como la de UCD o AP.
En estas condiciones sería un absurdo maniqueista seguir separando a los buenos de los malos, a los democráticos de los franquistas. Estamos ante una nueva situación política. Los esquemas que nos han valido para orientarnos en el pasado franquista ya no nos sirven. Todos los partidos parlamentarios, desde AP hasta el PC, defienden hoy la misma concepción liberal del Estado. En consecuencia, ninguno de ellos patrocina una concepción del Poder, en la que los ciudadanos tengan efectivamente garantizados los tres grandes derechos de una vida política democrática: derecho a elegir a sus gobernantes, derecho a controlarlos, y derecho al disentimiento.
No son los ciudadanos quienes elegirán al Gobierno, según el proyecto constitucional «consentido», sino el Rey. Tampoco podrán controlar al Poder porque no se establece en la Constitución «consentida» una verdadera separación de poderes entre el Gobierno y el Parlamento. Y si no hay separación entre quienes eligen o mantienen al Gobierno y quienes lo controlan, no es posible ningún tipo de control efectivo sobre el poder. Finalmente, el disentimiento sigue siendo considerado en la actual situación política, lo mismo que bajo el franquismo, como una traición o, en el mejor de los casos, como una extravagancia.
Pero la dificultad de entender a la situación política actual no nos disculpa del esfuerzo de comprenderla. No para justificarla o apoyarla, sino para basar en esa comprensión el nuevo tipo de acción política que la situación exige para pasar del Estado liberal de hoy al necesario Estado democrático de mañana.
Del Estado franquista se ha pasado, sin ruptura, al Estado liberal, precisamente para evitar la ruptura que representa el paso al Estado democrático. El precio que han de pagar las clases industriales, empresarios y obreros, por haber evitado la ruptura democrática, es la falta de una moral de producción y de una verdadera dirección del proceso económico. No es posible imaginar un precio más alto.
Para 1978 no se proyecta todavía ninguna acción política capaz de reorientar el movimiento hacia la modernización de nuestra superestructura política. Pero ante el desorden de la economía y la desmoralización de la sociedad no hay más que dos salidas concebibles: la autoritaria, con un golpe de palacio, y la democrática, con un giro radical de los partidos de la izquierda parlamentaria y de la burguesía industrial.
Para impedir la primera, y propiciar la segunda, los partidos de izquierda han de sustituir el pacto actual con el capital financiero (Pacto de la Moncloa) por un pacto político con el capital industrial. Este último, apoyado en la clase obrera, debe recobrar su autonomía frente al capital financiero, para incorporar al Estado las normas de racionalidad, planificación, competencia, dirección e innovación que caracterizan a la ética industrial, como alternativa a los criterios conservadores y especulativos que caracterizan a la moral financiera del Estado de la Restauración. Este difícil, pero necesario, camino sólo puede iniciarse y recorrerse con unas instituciones políticas adecuadas al desarrollo económico y a la planificación. Que no son evidentemente las que proporciona la Constitución parlamentaria que se proyecta, sino las que ofrece el sistema presidencialista de Gobierno.