1977-11-02.REPORTER.23.LEY DE DEFENSA CONTRA LA DEMOCRACIA AGT

LEY DE DEFENSA CONTRA LA DEMOCRACIA
REPORTER 23. 2 NOVIEMBRE 1977 
ANTONIO GARCIA-TREVIJANO
La aprobación de la amnistía por las Cortes no ha sido el fruto do una convicción moral sino el de un compromiso político. El hecho de que la medida que simboliza el final la guerra civil entre los españoles y el comienzo de una esperanza de convivencia nacional haya tenido que ser negociado, como se chalanea la venta de un burro en la feria, no deshonra a los partidos de la izquierda que han forzado el trato de la amnistía, ni a los diputados de UCD que finalmente lo han rematado, pero si demuestra que la situación política no reúne las condiciones mínimas de libertad política y de dignidad moral exigibles todo Estado que pretenda merecer el calificativo de democrático.
No hay, ni puede haber, democracia allí donde el uso de las libertades políticas esté constreñido por el temor real o supuesto, a perderlas. La necesidad del compromiso, que la no necesidad de realismo impone siempre al arte de la política, puede explicar, o incluso justificar, la participación de los partidos de oposición en la defensa de la situación actual. Pero lo que no tiene justificación racional, ni moral ni política, es que estos partidos consideren al Régimen de la Restauración, en el que participan, como un Régimen político democrático. Mientras dure esta actitud de conformismo de la oposición organizada ante el método de arbitraje que el Estado de la Restauración ha patentado, y cuya ciencia consiste en la institucionalización del temor a la involución o al golpe de Estado— como factor dirimente de la controversia política, no habrá democracia en España ni, lo produce la frustración ciudadana actual, esperanza de conseguirla.
En este contexto ideológico de institucionalización del miedo se sitúa la iniciativa gubernamental de negociar con la oposición una ley de defensa de la democracia. Sin necesidad de conocer el articulado del proyecto podemos estar seguros do quo su objetivos no puede ser otro que la defensa del orden estatal establecido, es decir, la cristalización de un orden político no democrático.
Aún no se han apagado los ecos de la filosofía defensiva que alimentó intelectualmente a la dictadura, aún perduran los efluvios reaccionarios del "ser es defenderse" (Maeztu), cuando ya comienzan a rebrotar, bajo el pretexto de la defensa do una democracia inexistente, los reflejos defensivos de las mismas oligarquías en el poder.
Una democracia no puede defenderse más que con la expansión permanente del ámbito de su aplicación y con el desarrollo constante de la participación ciudadana en las decisiones que lo conciernen. Pero lo que debe importar hoy a la opinión no es el examen, desgraciadamente teórico, de las condiciones bajo las cuales una democracia vive y se desarrolla, sino la demostración de que una ley de defensa de la democracia, en el Estado de la Restauración, se convertiría necesariamente en una ley represiva contra la amenaza de subversión que representa, para el poder oligárquico actual, la democracia. Y cuando digo democracia a secas, sin adjetivos, no me refiero a una democracia material que realice la igualdad económica, ni a una democracia directa o asamblearia que realice la igualdad política sino a la verdadera democracia formal que realiza la participación en el poder político por vía de representación y ascendiendo de abajo hacia arriba. No me sitúo, pues, en la perspectiva do los partidos revolucionarios sino en el esquema ideológico que profesan, sin excepción aunque con mayor o menor convicción, todos los partidos parlamentarlos.
Pues bien, para llevar a cabo la demostración de que una ley de defensa de la democracia funcionaria, bajo el Estado actual corno un pretexto legal de defensa contra la democracia, sería necesario probar: a) que no existe una democracia que defender, b) que el orden político de la democracia supone una subversión necesaria del orden político de la Restauración; y c) que una ley especial de orden público es un simple papel mojado contra las fuerzas potencialmente capaces de producir una involución, en el proceso de liberación, o de ejecutar un golpe reaccionario de Estado.
En primer lugar, ningún demócrata podrá sostener, con decencia intelectual, que las elecciones del 15 de junio, sobre cuyos resultados se legitima actualmente el poder, fueron unas elecciones democráticas. A quien dude del carácter antidemocrático de aquellas elecciones conviene recordarle, aparte de otros defectos menores, que dichas elecciones faltaron a tres reglas esenciales de la democracia: los electores no votaron libremente según su propia opinión, porque en amplísimos sectores lo hicieron dominados por reflejo condicionado del miedo y la deformación de cuarenta años de represión y propaganda, realizados por el mismo poder que convocaba y controlaba las elecciones: la mayor parte del electorado, ante la uniformidad y generalidad de los programas, no tuvo posibilidad real de elegir entre diversas soluciones, todos los grupo o sectores sociales con intereses políticos contrapuestos o divergentes no tuvieron la misma oportunidad de presentar candidatos, a causa de la ilegalidad de algunos partidos y de la ausencia de un período previo de libertades que permitiera la definición de otras alternativa.
En segundo lugar, el orden político de la Restauración descansa en una legitimación autoritaria del poder y en una delegación descendente de la autoridad de Franco al Rey. Del Rey al presidente del Gobierno. De éste a la UCD. El triunfo de la democracia exigiría la subversión total de este orden descendente por un poder ascendente. Por ello, nada hay más peligroso para el Régimen político actual que un régimen democrático.
Y finalmente una ley excepcional que acreciente los poderes de unas instituciones estatales preponderantemente represivas, concebidas y desarrolladas durante cuarenta años para suprimir la libertad, jamás puede contrapesar o disuadir de la reacción a la fuerza militar que tenga en última instancia, el poder de la decisión.
Se está invocando como antecedente ejemplar la ley de defensa de la República. Pero se olvida que esta ley, pese a que estuvo apoyada en unas fuerzas do orden público republicanas, no impidió la consumación de la muerte de la República, cuya agonía empezó el día mismo en que sintió la necesidad de su defensa. Defenderse es comenzar a perecer. Una democracia que confiesa tener que defenderse es ya, en el fondo, una democracia perecida. Afortunadamente para la libertad el Régimen actual, que comienza a crear la ideología de la necesidad de su defensa represiva, no es un régimen democrático.