1977-05-24.REPORTER.01.REFORMA Y REPRESIÓN AGT

REFORMA Y REPRESIÓN
REPORTER 1. 24 MAYO 1977
ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO
La represión del Estado es el precio oficial que la sociedad paga para que unos manden y otros obedezcan.
En la sociedad contemporánea no son los individuos, sino las clases sociales, los sujetos del poder y de la obediencia. De ahí que la represión exprese la violencia institucional que una clase, o combinación de clases, ejerce sobre las otras.
Pero nadie acepta la pura fuerza como razón de obediencia. Las clases dominantes, para obtener la aquiescencia de los sectores sociales dominados, tienen que inventar una razón válida de su mando. Es decir, una ideología. La función social de las ideologías es la de ocultar el hecho de que el poder lo ejerce, o lo busca, una clase en su beneficio específico, haciendo creer que lo usa en bien general de toda la sociedad. La represión se abate, de este modo, solamente contra aquellos elementos sociales que rechacen con sus actos la ideología del poder. En última instancia, todas las ideologías son represivas, porque todas ellas representan un cierto orden estatal. La represión no desaparecerá hasta que la sociedad productiva se haya identificado con la sociedad política.
La relación dialéctica entre el Estado y la sociedad, respecto a la función represiva del orden estatal establecido, explica el hecho de que el Estado pudiera ser liberal cuando la sociedad era represiva, y que la sociedad pudiera ser permisiva cuando el Estado asumió la represión social. Pero como la sociedad civil y la sociedad política aún no están identificadas, el Estado democrático está obligado a mantener las instituciones represivas a través del derecho punitivo, y de la función represiva que inevitablemente ejercen los medios informativos y los partidos políticos para obtener la intervención sancionadora de la opinión pública.
La exacta comprensión de la cuestión del orden público va a ser de una importancia capital para la conquista y para la consolidación de las libertades democráticas en España. Merece mucha atención por parte de la clase dirigente este delicado y poco estudiado tema.
Hay que comenzar por situar el problema allí donde verdaderamente se va a encontrar cuando desaparezca del Estado actual el aparato represivo instalado por la dictadura para sus propios fines. Determinados organismos y servicios represivos se disolverán. Pero sin una concreción política del concepto del orden público democrático, que sea comprendido por los pueblos y las clases que han sufrido una durísima represión, y sin unos dirigentes políticos capaces de interpretarlo y de aplicarlo, desaparecerán los símbolos de la represión totalitaria, no para que desaparezca la represión política, sino para poder ejercitarla mejor en nombre de la democracia.
El error grave, en el que se incurre generalmente, es el de confundir la función represiva del orden público con la intervención del aparato policial o de seguridad del Estado. El derecho punitivo, con su aparato policial y judicial, es el aspecto negativo del orden público positivo del Estado y, en este sentido, no expresa toda la dimensión represiva del Estado. La organización de la Policía de Seguridad y de los Tribunales de Justicia no es sino la parte visible y forzosa de la coerción que ejercen las demás instituciones de represión estatal. El derecho por sí solo no puede asegurar hoy la homogeneidad del grupo social dominante ni el conformismo de todo el cuerpo social. Necesita la complementariedad, en la misma función, de todo un arsenal de mecanismos que uniformen el comportamiento de las masas y que despierten la conciencia sancionadora de la opinión pública contra los elementos sociales no asimilables en dicha uniformidad.
La organización y el funcionamiento de la Policía son en realidad la imagen adecuada del grado de permisibilidad o de represión que ejercen en la sociedad las instituciones constituyentes de la opinión pública: medios informativos y partidos políticos.
En la práctica es casi imposible impedir que un partido político cumpla funciones de policía, porque esta función es inseparable de la defensa del orden político estatal que el partido representa. Mientras la identificación entre la sociedad política y la sociedad productiva no se haya logrado, es imposible prescindir de la represión de partido ni de su consecuencia ineludible: la represión del Estado. La cuestión no está, pues, en elegir entre represión o permisibilidad, sino entre un tipo reaccionario o un tipo progresista de represión.
La política de reforma emprendida por el régimen franquista conduce a una práctica cruenta del orden público, porque descansa en una concepción reaccionaria de la función represiva del Estado. La reforma niega la simultaneidad en el ejercicio de las libertades a todos los sectores sociales. Su filosofía es la del disfrute gradual y sucesivo de las mismas. Descansa, pues, en la afirmación de la desigualdad entre los sectores sociales y las organizaciones políticas. La reforma implica necesariamente una serie de actos estatales de discriminación social. A la antigua represión totalitaria sucede la represión discriminada.
En esta situación, resulta paradójico que las organizaciones políticas asimiladas por la legalidad de la reforma condenen moralmente la represión policial en el País Vasco, y también la que se ejerce contra las organizaciones políticas no legalizadas, cuando son los propios partidos legales quienes fundamentan el orden sucesivo y gradual de la libertad y, por tanto, la represión estatal que hoy se ejerce en nombre de la ideología de la reforma. La función de represión Inherente a los partidos políticos legalizados será reaccionaria sí comprimen, ante la opinión pública, a los elementos sociales que continúan en la nueva legalidad interpretando. de modo pacífico, el deseo de liberación de los sectores más oprimidos o más conscientes de las fuerzas productivas.
El orden público, y el derecho que lo fundamenta, tiene que deshacerse, en el Estado democrático, de toda especie de fanatismo moral, porque en las condiciones materiales de la producción actual falta el elemento de clase social autónoma que pueda asimilar a toda la sociedad. Ni la subversión política ni el terrorismo son autónomos. La represión estatal, tampoco. Sin la condena ideológica de los que no aceptan la política de reforma, que cumplen los medios informativos y los partidos políticos legalizados, contra quienes defienden la libertad y la democracia como un acto simultáneo y pacífico de liberación colectiva, no habría represión reaccionaria del Estado.
Hay nobleza individual en todo aquel que está dispuesto a morir por sus ideales políticos, pero también hay fanatismo. Lo peor no es que el fanatismo sea peligroso. Suele suceder, desgraciadamente, que quien está dispuesto a morir por sus ideas también está dispuesto a matar por ellas. En esta época de producción económica bajo el modo del capitalismo de Estado, sin una clase social que pueda conformar a toda la sociedad a su imagen y semejanza, lo peor del fanatismo es su inutilidad.